El escándalo de las indemnizaciones a altos empleados de las empresas estatales estalló justo cuando, después de diez años de transición, una serie de acontecimientos permitía un pleno restablecimiento de la confianza pública en las instituciones democráticas.
Había alternancia en el poder en la coalición gobernante, un socialista era elegido Presidente de la República por primera vez después del golpe de 1973, la Corte Suprema demostraba que todos éramos iguales ante la ley, después de un interregno de 27 años, al desaforar a Pinochet, y las instituciones absorbían todos esos eventos con una solidez impensable hace sólo un lustro.
Este escándalo amenaza debilitar lo logrado con tanto esfuerzo: los políticos democráticos parecen ser corruptos como los autoritarios. Y los medios como siempre personifican la noticia, en este caso, en los dos señores Alvaro García; aunque en el caso del hijo sea sólo por extensión.
En su defensa personal, el padre declaró que no hubo falta ética y que la ENAP pagó los precios del mercado. En pocas palabras transformó a varios cristianos en mercancías y, a la vez, invocó a Mamón como justificación moral. Más todavía, la actuación del mercado en este caso es irreconocible: no participó la oferta ni la demanda.
Tanto él como sus colegas vendieron sus servicios a ENAP sin que el precio incluyera las indemnizaciones. Después, en una subsidiaria de la empresa, sus ejecutivos temieron ser despedidos al recibir ésta aportes privados.
García pensó que la solución era modificar los contratos de todos los ejecutivos de ENAP, incluso el suyo, dándose el derecho a una excepcional indemnización para cualquier evento, es decir, hubiera o no despido. La relación de causa a efecto en esta decisión es tan misteriosa como la mano invisible del mercado.
En seguida, García preguntó a una consultora, que asesora a la ENAP (entonces, a él mismo) si tal indemnización existía en el sector privado. La respuesta fue afirmativa. Los discutidos «paraguas de oro» norteamericanos ya eran parte de nuestra modernización.
Después de conversarlo con el presidente de la empresa, se concedió este nuevo beneficio, sin consultarlo con el directorio, porque éste, con anterioridad, había resuelto asimilar a ENAP a las prácticas del sector privado, aunque sin especificar cuáles eran.
Lo que tan moderno ejecutivo, y después indemnizado olvidó es que el conflicto de intereses está sancionado penalmente en el mundo civilizado y que incluso en las sociedades anónimas abiertas, a lo menos en los países desarrollados, las decisiones son públicas y hay contrapesos formales a las facultades de los ejecutivos, tanto del directorio, la asamblea de accionistas, el mercado bursátil, la superintendencia del ramo y los tribunales. Hasta el culto de Mamón está regulado.
Alvaro García hijo es foco de la atención mediática por el cargo que ocupa, su relación familiar y haber sido ministro de Economía cuando se firmaron los mentados contratos. Su situación personal es muy difícil aunque sea totalmente inocente.
La razón es obvia, la actuación de su padre es políticamente indefendible, nadie puede darse una indemnización a sí mismo a costa de los accionistas y menos de los contribuyentes. A lo que se suma un comprensible amor filial, más aún, cuando ha tenido una cercana relación con su progenitor desde el día que nació, situación que de por sí es excepcional en la familia tradicional chilena.
Sin embargo, no es la reacción más indicada contar sus cuitas sobre la materia a un periodista en una mesa del Hotel Carrera. Hay que enfrentar el problema con firmeza o renunciar de modo indeclinable. El gobierno de Lagos, desde su elección, está en una encrucijada histórica. Es el primero que, en la transición democrática, puede enterrar definitivamente a la dictadura en el basurero de la historia y transformar a Chile en una democracia madura y moderna.
Por tal razón, las fuerzas del oscurantismo resisten y aprovechan cualquiera oportunidad para conservar sus poderes fácticos y a lo menos cogobernar. En este caso, por supuesto, olvidan que no sólo indemnizaron privadamente a sus ejecutivos en las empresas estatales sino que también se las dieron para que se las llevaran a casa mediante su proceso de privatizaciones.
Por consiguiente, no se trata de problemas personales. El gobierno de Lagos, como lo ha hecho con brillo hasta ahora, debería apegarse estrictamente al concepto universal de la soberanía nacional, es decir, la que reside en el pueblo y se ejerce dentro de su respectiva esfera de competencia, por las autoridades electas o designadas por éstas.
Frente a este problema, ese principio es la total transparencia frente a los ciudadanos, o sea, publicar la lista de este tipo de indemnizaciones pagadas en los últimos 25 años. Si se hace, este traspié, que no es imputable al presidente Lagos, se transformaría en un nuevo salto hacia un mañana verdaderamente democrático.
Parafraseando un viejo dicho, quienes dirigen nuestra transición hacia la democracia no sólo deben ser honestos sino también parecerlo, aunque conlleve costos personales.
