A raíz del cobro de algunas indemnizaciones abusivas en empresas del Estado se ha desatado un verdadero vendaval de reproches y proposiciones de medidas aparentemente moralizadoras, que dan cuenta de la importancia y sensibilidad del tema en la opinión pública.
Desgraciadamente no ha existido, en la mayoría de los casos, la serenidad necesaria para poder distinguir la paja del trigo. De esta manera desde un asunto perfectamente localizado en ciertas empresas y personas se ha caído en la descalificación del conjunto de las empresas estatales, afectando gravemente el prestigio de quienes laboran en ellas.
Las víctimas de este tratamiento al bulto son distinguidos trabajadores y profesionales que sin tener militancia política alguna, la mayoría de ellos, entregan su mejor esfuerzo -ayer, hoy y esperamos que mañana- al éxito de las empresas donde trabajan, lo que al final es el éxito del país.
En esta campaña participan aquellos que buscan cualquier oportunidad para desprestigiar a las empresas del Estado, con críticas fundadas o no. Son los mismos, que cuando terminó su relación laboral, sus indemnizaciones fueron las empresas mismas. Para decirlo claramente, terminaron siendo sus dueños. Son los mismos que, siendo autoridades de gobierno, recibían honorarios de las empresas estatales sin prestar servicio o prestación alguna por este concepto.
Desgraciadamente, otras personas con la mejor buena fe -entre ellas altas autoridades del país- se han visto confundidas ante la situación creada y han reaccionado con medidas más bien populistas que efectivas.
Al parecer, se ha olvidado que la mal llamada indemnización fue siempre parte de la remuneración, con la única diferencia que su percepción se postergaba para el momento del término de la relación laboral, existiendo también otras modalidades como la percepción de un sueldo al término del año o la utilización de parte o el total de su monto para la compra de la casa, a la que legítimamente todo trabajador puede aspirar.
En el caso de los empleados públicos existía el llamado «fondo de retiro» que era la acumulación del 8,33 % mensual del sueldo para los efectos de disponer de él cuando el empleado se alejaba de la administración pública.
De modo que no hay nada escandaloso ni reprochable en que se cobre esta suma al concluir una relación laboral y, por el contrario, se provoca un perjuicio injustificado cuando se impide que ella se reciba si se produce un cambio de empleo, porque en el nuevo no le serán reconocidos los años trabajados en el anterior.
Estos derechos laborales fueron modificados con la aprobación del llamado «plan laboral» y el nuevo sistema previsional impuestos por la dictadura, para favorecer a los empresarios y perjudicar a los trabajadores. De manera que hay que tener mucho cuidado cuando execramos a quienes hacen uso de un derecho reconocido universalmente.
A lo mejor es el momento de revisar esta situación y legislar para que los años servidos al Estado, ya sea en la administración pública o en alguna de sus empresas, puedan acumularse hasta el momento del retiro definitivo.
También se ha visto a parlamentarios de la Concertación compitiendo por «rasgar vestiduras» en aras de la transparencia proponiendo medidas, pidiendo renuncias y formando una comisión investigadora que sea cual sea su veredicto final será utilizada por la oposición para denostar a las fuerzas oficialistas. O, ¿alguien cree que si la comisión llega a la conclusión de que la gran mayoría de las indemnizaciones percibidas son legítimas y legales -como creo que lo son, por las razones dadas anteriormente- ello será reconocido por la derecha? Lo dudo.
Por lo expuesto anteriormente creo que las autoridades de gobierno, partiendo por la más alta, los parlamentarios y los dirigentes de la Concertación debieran haber acotado el problema a sus justas dimensiones, sancionado a los responsables, pero al mismo tiempo, debieran haber puesto las cosas en su lugar.
El Presidente de la República, al asumir el mando, dijo que cuando se presentaran problemas se los explicaría al país. En este caso, creo que ha faltado esa aclaración, en el sentido de que el país necesita de ciertas empresas y que para su buen desempeño requiere de profesionales idóneos, altamente calificados y comprometidos con la gestión pública. Ellos deben recibir remuneraciones y beneficios acordes con esas condiciones y dentro de las establecidas para funciones similares por el mercado.
Esto puede que resulte difícil de explicar y de comprender por muchos. Especialmente en momentos que existe una alta cesantía y la mitad de los chilenos gana menos de 200 mil pesos, pero, resulta imperioso decir la verdad. Al final, eso será lo mejor para el país y, estoy seguro, que encontraría la comprensión de nuestros compatriotas.
