Según el informe de Freedom House recientemente divulgado, mucho más de la mitad de la población mundial vive aún bajo regímenes parcial o totalmente antidemocráticos. En total, tres mil quinientos millones de personas de ciento seis Estados. Otros dos mil quinientos millones de personas, de ochenta y seis países, Chile entre ellos, cuentan por el contrario con amplias libertades cívicas y goce de los derechos humanos que a todos corresponde.
Si bien el balance registra un crecimiento de los niveles de libertad en el mundo en los últimos veinte años, habría que hacer a lo menos dos consideraciones: una, la más evidente, es la lentitud del avance de la democracia a pesar de estar de lleno en la era de las comunicaciones y de la multinacionalización de las ideas, lo que haría suponer que el efecto contagio -en este caso positivo- debería operar más rápidamente para ir penetrando aquellos países en los que todavía subsisten la opresión y la tiranía y mover a sus ciudadanos a exigir mayores cuotas de libertad.
La segunda, menos visualizada, pero de fuerte impacto y que tiene que ver con la anterior, y en cierto modo la explica, es que incluso en el mundo democrático, en esos ochenta y seis países libres, existen fuerzas internas que trabajan abierta o soterradamente por la involución, porque descreen de la democracia y en forma activa, cotidiana, utilizando la institucionalidad que la propia democracia crea y los derechos que garantiza, trabajan en su contra sembrando dudas acerca de su capacidad para resolver los problemas de la gente, planteando una falsa dicotomía entre democracia y eficacia, y presentando a la sociedad civil organizada como un obstáculo para el progreso.
Es decir, si dentro de nuestras propias sociedades democráticas existen sectores que no creen en ella, difícilmente se puede pedir que en aquellas otras se implante con fuerza. Pero además, existe el peligro, como se ha visto en años recientes en el mundo, de reversión de lo ganado en este campo.
En Latinoamérica algunos sectores comienzan a cuestionar la capacidad del sistema democrático y de los partidos políticos para solucionar problemas concretos, ya sea en los servicios públicos, la seguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico, los excesos en la administración o la corrupción. Nadie puede negar que efectivamente en la mayoría de los países se advierte todavía una cierta incapacidad del Estado en este sentido, necesitado de reformas profundas que le den eficiencia y credibilidad ciudadana. Sin embargo, también es cierto que en muchos casos existe un trasfondo ideológico que se expresa a través de algunas tesis políticas elaboradas por quienes tienen una raíz autoritaria y que en realidad desde la democracia abogan y ofrecen un «neoautoritarismo» presuntamente eficiente, como reacción y contrapropuesta a la consolidación generalizada de la democracia, que pese a todo, sigue siendo, como dijera Churchill, «el peor de los sistemas… con excepción de todos los demás».
Esas tesis se podrían enunciar como sigue: Primera. La democracia representativa no soluciona los problemas de la gente y es un campo propicio para el aprovechamiento ilícito de los políticos.
Segunda. Los problemas requieren soluciones técnicas que hacen innecesario y ocioso el debate político de las mismas.
Tercero. Las profundas transformaciones estructurales no se pueden realizar en un régimen de plena libertad política.
La primera de estas tesis busca provocar una devaluación social del sistema democrático, con el fin de restar fuerza a la legitimidad de los partidos políticos y minar el respaldo ciudadano a la democracia. Presenta ante la opinión pública las contiendas electorales y la labor de los partidos políticos como un freno a las realizaciones. Aprovecha, además, las controversias y el debate político como un ejemplo de diletantismo y no como necesario ejercicio de búsqueda del consenso. Oculta interesadamente que la democracia es un sistema de libertades -y no sólo un conjunto de prácticas electorales- que se vive cotidianamente y cuya base fundamental es la separación de los poderes y el control cruzado del ejercicio de las potestades públicas.
Aprovecha y magnifica cualquier acto administrativo ilícito cometido puntualmente por funcionarios o políticos venales (que por supuesto deben ser perseguidos) para extrapolarlo al quehacer político en general y tender un irresponsable y peligroso manto de sospecha sobre cualquier ciudadano que sirva un cargo público en democracia. Resulta muy ilustrativo observar que este tipo de argumentación ha sido recurrentemente utilizado en el pasado por los enemigos de la democracia -de diferente signo- para justificar todo tipo de dictaduras.
La segunda tesis implica una falsa dicotomía, como decíamos, entre eficiencia y democracia, suponiéndole a ésta, per se, una menor capacidad de respuesta a los problemas, mayor lentitud e inoperancia frente a cuestiones que requieren de soluciones técnicas. De ese modo, se estructura una falacia destinada a generar en la ciudadanía una especie de adhesión prerreflexiva a la pura tecnología como instrumento capaz de resolver problemas complejos que tendrían soluciones técnicas únicas, por lo tanto no sujetas a discusión.
Naturalmente que semejante idea, asumida socialmente, permite y ampara dos actitudes: una, considerar que quien domina la tecnología es quien debe gobernar en lugar de los políticos. La otra, que si las soluciones son únicas, un gobierno técnico no se equivoca y no debe perder el tiempo en discutir con los que no saben, generalmente identificados también con los políticos. La puerta hacia la arbitrariedad y las decisiones atrabiliarias estaría de este modo abierta de par en par.
La tercera tesis se basa en una realidad concreta e insoslayable, que es la enorme dificultad que entraña realizar la reforma del Estado y de la función pública, así como las transformaciones estructurales que se necesitan, entre otras razones por el gran costo social que implican. Se argumenta, entonces, que es inevitable pagar ese costo, lo que generará protestas y convulsiones sociales alentadas por los políticos, ante lo cual cabe restringir al menos transitoriamente las libertades públicas. Esta tesis busca dar precisamente una justificación histórica a los neoautoritarismos con apariencia democrática.
Se genera con estos enfoques una dinámica que va anatematizando la política y a los políticos, sin matices, aprovechando y magnificando errores puntuales, dificultades e incapacidades reales, utilizando la comprensible impaciencia de los sectores sociales secularmente postergados. Para generar adhesiones utilizan, con adaptaciones a cada país, por un lado el viejo discurso demagógico y ramplón de las promesas imposibles y por otro procuran ser catalizadores de las frustraciones sociales históricas, para dirigirlas contra los políticos en general y, por ende, del sistema. Se trata de un peligroso y contagioso retrovirus que ataca las bases de la convivencia social y deja sin defensas a las democracias, vaciándolas del contenido fundamental que les es propio: el pluralismo, el diálogo, los consensos, el control ciudadano, el Estado de Derecho.
En la región el balance de esta recuperada institucionalidad, hoy por hoy, muestra muchas más luces que sombras. Por eso, la terapia preventiva debe consistir en una sincera reconversión interna de los sectores políticos, mayor responsabilidad en el ejercicio de la representación popular, medios de comunicación que promuevan la pedagogía del diálogo y una irreductible e intransable defensa internacional del sistema democrático no sólo retórica, sino con apoyo político efectivo, más una fuerte y modernizada cooperación al desarrollo a nivel regional. Es decir, no dejar espacios ni dar pretextos a quienes no creen en el sistema.
Las democracias latinoamericanas, cual más, cual menos, tienen debilidades, imperfecciones y, desde luego, bastantes defectos. Ninguno justificaría, sin embargo, la emergencia de un neoautoritarismo, cuyas soluciones se sabe como comienzan y también a donde conducen y siempre son un remedio peor que la enfermedad.
Resulta notable cómo, en la Europa Comunitaria, con democracias consolidadas y fuera de discusión, el propio responsable de asuntos exteriores de la Comisión, Chris Patten, reclama para Europa «be more political, not less», porque el viejo continente, en su proceso de integración, requiere que los ciudadanos mantengan el control del proceso y por lo tanto se cubra el denominado «déficit democrático» de la Unión. La política, como la democracia, son el arte y el escenario para el desarrollo de la libertad humana, y con libertad, sólo con libertad, como la historia reciente lo ha demostrado, es que se construye el verdadero progreso que resuelve los problemas de la gente, pero no sólo para la gente, sino con la gente.
