El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, ha dictado una resolución que ya es celebrada por los tratadistas de derecho internacional público y de derechos humanos en el mundo entero, tal como lo fue en 1999 la de los Lores de la Ley en el caso Pinochet: se trata de la decisión de extraditar a España a Ricardo Cavallo por las torturas, el genocidio y los actos de terrorismo que cometió en Argentina entre 1976 y 1983.
Cavallo fue un insigne torturador, integrante de la tristemente célebre brigada 3.3.2 que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina. Durante el tiempo en que trabajó en esa repartición, sobre 200 personas torturadas fueron asesinadas o desaparecieron.
Cavallo, «Sérpico», «Marcelo» o «Ricardo» huyó a México, donde celebró un sustancioso contrato con el Gobierno de México para el registro nacional de automóviles (RENACE). Fue reconocido en México por sus sobrevivientes en agosto pasado. Trató de huir, pero alcanzó a ser detenido en Cancún.
De inmediato el juez Baltasar Garzón que lo procesa en España -en la misma causa en que se juzga a otros represores argentinos y chilenos, Pinochet incluido- pidió su extradición por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El juez de distrito Guadalupe Luna informó la petición positivamente pero limitada a los delitos de terrorismo y genocidio, pero negativamente respecto de los cargos de tortura, estimando que, conforme al derecho mexicano, estos estaban prescritos.
La autoridad que legalmente resuelve sobre los pedidos de extradición pasiva en México es el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, conocido escritor, intelectual y figura moral en el país azteca. En su resolución de 2 de febrero no sólo acogió la opinión del juez, sino que también concedió la extradición por los cargos de tortura, por estimar que estos delitos no están prescritos.
Me correspondió estar ese día en México, en cumplimiento de un encargo de la influyente organización de derechos humanos de Estados Unidos Human Rights Watch, especialmente interesada en la erradicación de la impunidad por las violaciones de derechos humanos. HRW ya había sido admitida como parte en el juicio de extradición en Londres contra el dictador chileno. En la misión me entrevisté tanto con el juez Luna, como con el Canciller Castañeda, sí como con otras autoridades judiciales, diplomáticas y políticas.
Si bien la resolución de los Lores británicos respecto de Pinochet puede considerarse uno de los más importantes y simbólicos hitos políticos en la historia de la lucha contra la impunidad en el mundo -como Nuremberg, Tokio, ex Yugoslavia, Ruanda y el tratado de Roma-, desde un punto de vista jurídico la decisión de Castañeda es mucho más trascendente.
En efecto, los Lores británicos concedieron la extradición de Pinochet con base única en la Convención en contra de la Tortura de 1984. Estimaron que eran extraditables los delitos de tortura, pero sólo desde la fecha en que la referida Convención comenzó a regir en los dos países involucrados, los Reinos de Unido y de España, lo que sólo ocurrió a fines de 1988. Y tanto el Ministro Straw como los jueces la negaron por los delitos de genocidio y terrorismo.
Castañeda dio un paso más trascendente, y que en el fondo fue el criterio de Lord Milled y Lord Phillips: las obligaciones de no torturar y de extraditar no nacen con la Convención de 1984, sino que constituyen principios generales de derecho, obligatorios para todos los Estados, y que tienen tal categoría desde la constitución del Tribunal de Nüremberg.
Por lo tanto, tanto los delitos de tortura, como los de genocidio y terrorismo, son imprescriptibles, y negar la extradición significaría renegar de cumplir obligaciones internacionales. De este modo, las torturas por las que será extraditado Cavallo son todas las cometidas entre 1976 y 1983 -toda la dictadura argentina-, época en que la Convención contra la Tortura no había sido siquiera firmada.
La importancia del fallo se demuestra si se analiza qué hubiera ocurrido si Castañeda hubiera estado en el lugar de los Lores y éstos en el sitio de aquél: Pinochet hubiera sido extraditado por todos los delitos de tortura cometidos entre 1973 y 1990, y Cavallo no habría sido extraditado por este delito.
Lo importante, es que desde el histórico 16 de octubre de 1988, el espacio que les queda en el globo a los torturadores y genocidas sigue disminuyendo, y esperamos que algún día llegue a desaparecer.
En materia de tortura, genocidio y terrorismo, hay que tener «tolerancia 0».
