La epiqueya se define como la interpretación moderada y prudente de la ley según las circunstancias del tiempo, lugar y persona.
La Constitución de 1980 nace de un acto espurio, como es su pretendido plebiscito aprobatorio, sin registros electorales, con partidos políticos proscritos, sin tribunales calificadores y sin fiscalización alguna de su escrutinio.
Su sello autoritario y oligárquico se refleja en su desprecio a las mayorías, a través de un perverso sistema binominal y de senadores designados, la creación de estamentos armados intocables y garantes de aquella aberrante institucionalidad, el establecimiento de altísimos quórum para modificarla o interpretarla, y la consagración del neoliberalismo y la jibarización del Estado como forma inmutable de convivencia social.
Entre varios otros resguardos para acorazar esta estructura malévola, se da fisonomía a un Tribunal Constitucional mayoritariamente elegido por la Corte Suprema y por el Consejo de Seguridad Nacional, entes a la sazón con gravitante presencia conservadora o castrense, muchas veces coincidentes, como recientemente ha quedado de manifiesto.
Pero esta estructura ha ido paulatinamente cambiando, a medida que se ha ido haciendo conciencia de los valores democráticos. Ya hubo algunas importantes manifestaciones en tal sentido, como fue la sentencia que reguló el plebiscito de 1988, yendo mucho más allá de una interpretación literalista de la Carta. En la misma línea creativa, prudente y moderada se inscribe la sentencia referida a la restricción vehicular de los catalíticos.
En esta verdadera epiqueya se pusieron en la balanza criterios hermenéuticos restrictivos, en comparación con la necesidad de proteger la salud y a la postre la vida de los habitantes metropolitanos. Frente a estos intereses superiores, particularmente trascendentes para el constituyente, se les privilegió por sobre criterios estrechos y subalternos.
La decisión encierra también una tremenda lección para los senadores reclamantes. La unanimidad de la magistratura les enseñó que por sobre derechos constitucionales muy eminentes, como es el de la propiedad, está siempre la salud y la vida. Es de destacar que esta sensibilidad se encuentre más presente en hombres de derecho que en sedicentes representantes populares, pretendidamente preocupados por los problemas concretos de la gente.
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