En política deben existir gestos de grandeza, en los cuales no se aplique la pragmática medición del costo beneficio, sino la reivindicación de principios profundos que hacen a la ética institucional.
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, entre los cuales se cuentan el general Alberto Bachelet, padre de la ministra de Defensa Michelle Bachelet, y el coronel Carlos Ominami, padre del actual senador del mismo nombre, quienes simplemente cumplieron con su deber y no aceptaron plegarse a una acción que rompía la institucionalidad que ellos juraron respetar, fueron castigados por un tribunal militar en 1973 bajo la acusación de «traición a la patria», mancillándose con ello su honor militar y la honra de sus familias.
Sus familiares han recurrido a la justicia para limpiar su memoria y darles el sitial heroico de demócratas y profesionales que les corresponde, pero la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de revisión que pretendía anular la sentencia del Consejo de Guerra seguido en su contra.
Son situaciones que no están en el tráfago diario de la coyuntura política, pero dedicar energías para manifestarse frente a ellas le haría muy bien a la democracia, ya que significaría recuperar el rol que la clase política debe cumplir frente a la historia. Por ello, creo que el Congreso debería someter el tema a discusión y articular consensos para hacer un aporte a la reconciliación nacional, declarando por expresión legislativa que se restituyen los derechos constitucionales de estos militares que tuvieron la valentía de oponerse o no plegarse a una acción sediciosa y de ruptura institucional.
Así como aceptaron la autoridad presidencial y asumieron funciones técnicas en un gobierno democráticamente elegido, tuvieron por esas particulares circunstancias históricas que convertirse en mártires por su compromiso cívico con la Constitución y las leyes.
Se les denostó como traidores a la patria. Hoy Chile, mediante el Parlamento, debería rendirles un homenaje. Esquivar el debate sobre cuestiones de principios ha deteriorado el rol de la clase política. Es importante dejar espacios para que este tipo de gestos broten y se implanten, para subir el nivel del debate y despejar los lastres para la reconciliación nacional.
Si la Corte Suprema lamentablemente no lo ha entendido así, creo que es deber del Congreso promover una suerte de compensación histórica que se traduzca, a lo menos, en un homenaje cívico a esos militares vilmente mancillados por un tribunal militar de tiempos de guerra. Es un escenario que la visión reposada de los nuevos tiempos hace justo despejar.
Con la visión de esos hechos 30 años más tarde, habida cuenta de los múltiples fallos judiciales que demostraron las realidades de ese período, nadie podría oponerse hoy racionalmente a una corrección histórica en beneficio de estos chilenos mancillados por el poder.
Podrá decirse que eso camina por los rieles judiciales, pero no es menos cierto que en el ámbito del Poder Legislativo podría abordarse el asunto para rendir un homenaje a estos compatriotas y devolverles, mediante un acuerdo del Congreso, su honor de militares y sus plenos derechos. Más allá de cuestiones legales, lo que se propone es un gesto de grandeza de los políticos que lleve tranquilidad a los hijos y herederos de estos patriotas, y deje para la historia una señal de reconciliación.
Esta acción podría representar un acto de profundo civismo, que cierre heridas y pueda movilizar a la opinión pública, a través de sus organizaciones sociales, gremiales, universitarias y de acción cívica, como una manera de demostrar que en Chile aún hay espacios y energías para ejercer la política con mayúsculas, honrando la memoria de esos íntegros y honorables soldados profesionales que fueron consecuentes con sus principios.
* Especialista en gerencia internacional y relaciones internacionales, escritor, académico y consultor.
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