El reciente hallazgo de arsenal de guerra -incluidos tanques, armamento pesado y explosivos- en el predio que alberga a la ex Colonia Dignidad, es lo que a George Bush le habría encantado encontrar en Irak para justificar su invasión. Tal cantidad de material bélico no hace razonable presumir que se trate de simples rifles o escopetas para la defensa personal de los colonos o para amenizar madrugadas de cacería.
La estrecha relación de políticos pertenecientes al entorno del candidato, Joaquín Lavin, con este lugar -de los cuales cuesta creer que sólo hayan ido a degustar un lomo kaiser con chucrut o algún strudel hecho en casa- es más que sospechosa. Especialmente, si se considera que varios parlamentarios UDI blindaron de protección política a los jerarcas de la ex Colonia, obstaculizando no sólo la acción de la justicia, sino el legítimo derecho del Ejecutivo de provocar las caducidades de las fachadas jurídicas en que estaba cimentado el edificio delictivo de quienes eran parte de Shaffer y asociados.
Resulta más grave aún el registro de archivos con antecedentes de personas públicas vinculadas al gobierno y a los partidos de la Concertación, en particular a los sectores de izquierda. Hemos sospechado siempre que en ese bucólico lugar, se esconde una siniestra historia de muerte, tortura y abuso sexual de menores.
No sólo corresponde indagar, en lo que ya es un hecho no controvertido, cuál es la relación de cooperación entre la ex Colonia y el aparato represivo de la dictadura, sino las funciones que un grupo concertado de personas realizó desde la asunción del gobierno del Presidente Aylwin, con el objeto de realizar actos vinculados y reservados a la comunidad de inteligencia, o digámoslo más claramente, un grupo de personas asociadas para la comisión de delitos.
Los seguimientos al diputado socialista Camilo Escalona, al actor Julio Jung y a otros dirigentes e intelectuales de la izquierda chilena, se realizaron después de los últimos estertores del régimen militar. La represión de la que fueron víctimas chilenos y chilenas en aquella época se encargaba la DINA o la CNI con sus agencias o sucursales en provincia, en este caso, estamos hablando de operaciones de inteligencia en plena democracia.
Este no es un hecho menor. No es primera vez, que se asocia a grupos de derecha con el desarrollo de actividades de inteligencia para obtener ventajas políticas sobre sus adversarios y provocar amedrentamiento en los mismos.
No es primera vez, que gente vinculada al gremialismo, aparece involucrada en actos que comprometen seriamente la seguridad del Estado, como es la realización de acciones de seguimiento, espionaje, montaje y chantaje.
La relación de la UDI con ex agentes de órganos de inteligencia para involucrar a la candidata de la Concertación con hechos que, presentados públicamente podrían darle ventajas políticas a aquéllos, no es una cuestión que sea fruto de un viaje lisérgico o de quienes están sumergidos en la paranoia de tesis conspirativas. Hoy es simplemente una verdad procesal.
No resulta creíble que la UDI contratara a un ex agente de inteligencia para que se encargara de labores de oficina en el comando presidencial de su candidato, ni tampoco es creíble que se contratara al mismo tiempo a una periodista que ha estado vinculada a otras operaciones de montaje, algunas con notable éxito y otras, afortunadamente no.
Ya no se puede seguir tolerando que la UDI quiera participar en el juego democrático haciendo trampa. Suficiente ventaja tuvo con diez años de sobrerrepresentación grosera gracias al sistema binominal, para que tengamos que aceptar que ésta pretenda hacerse del poder por su relación privilegiada con los enclaves no desmantelados de la comunidad de inteligencia de la dictadura, que les permite montar todo tipo de operaciones y puedan expresarse en forma mediática, a través del control de algunos medios masivos con operadores de su confianza. Si esto va acompañado de la no reglada relación de este conglomerado con los grupos de control económico, entonces tendremos que lamentar una y mil veces lo que se nos está exhibiendo en el episodio de Dignidad.
¿Cuál era el rol de la ex colonia dignidad en el entramado operacional de la UDI?, ¿cuáles eran las verdaderas funciones del agente de inteligencia, señor Aitken, en el comando de la UDI?, ¿qué pasó con el testimonio de los menores que aseguraban haber sido víctima de abusos sexuales por políticos de esa tienda?, ¿dónde están?, ¿quién los protegió?
Hay demasiadas interrogantes que deben ser esclarecidas, y resulta sano volver a mostrar las fotos de los parlamentarios de derecha en la ex Colonia Dignidad, los públicos alegatos y cabildeos para defenderla
Los antecedes que conocemos públicamente y que son investigados por el Ministro Zepeda, al margen de la gravedad de aquellos que importan la tortura, homicidio, violación y desaparición de disidentes del régimen militar, constituyen hechos que suponen la apropiación por parte de civiles de potestades reservadas por la ley a órganos especialmente dotados para desarrollar acciones de inteligencia en democracia.
Estos hechos importan una infracción sensible al principio de legalidad sustentado en el artículo 7 inciso segundo de la carta fundamental. El actuar de éstos, con todo, se constituye en grupos para militares que obran claramente al margen de las garantías constitucionales previstas en el catálogo de derechos del artículo 5 y 19 del mismo cuerpo normativo, y configuran derechamente la constitución de una organización criminal vinculada para la comisión de delitos.
Esto, como he sostenido y al margen de las precauciones que ha tenido en consideración la Subsecretaria del Interior, supone una amenaza a la Seguridad Interior del Estado.
Como ciudadano espero que el gobierno tenga buenas razones para no invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado y realice los requerimientos pertinentes para habilitar la acción jurisdiccional e indagar esta perversa relación entre un partido político, ex agentes de seguridad, medios de comunicación y el financiamiento de dichas operaciones. Esto claramente contrasta con la siempre bien dispuesta Jefatura de División de Seguridad Ciudadana para requerir a la disidencia mapuche por la mencionada ley, no habiéndose encontrado a la fecha y luego de años de persecución, ni siquiera un barretín que contenga voleadoras.
Estas serán, sin duda, parte de las iniquidades que esperamos se haga cargo un próximo gobierno y éstas son las contradicciones que nos dejan inquietos y con vergüenza frente al escrutinio de la comunidad internacional.
No pasarán, gritaban los republicanos a los fascistas en el Madrid de los años treinta.
No pasarán. Es la exigencia ética en el Chile del Siglo XXI.
Sólo de usted depende eso.
Luis Correa Bluas. Abogado. Master en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid.
