Editorial: La reforma del sistema de AFP
Aunque es el perfil de los integrantes del gabinete ministerial del nuevo gobierno lo que atrae la atención de la opinión pública, de manera larvada se gesta una maduración anticipada de temas de gobierno propuestos por la Presidenta Michelle Bachelet, que constituirán una de sus primeras mediciones en materia de capacidad política. Entre esos temas está la reforma del sistema de fondo de pensiones, un asunto que ya ocupó un lugar prominente en la campaña presidencial.
El debate público previo quedó en suspenso luego de las agresivas declaraciones del senador electo Guido Girardi en contra de los ejecutivos del sector, y la respuesta corporativa de estos a través de una querella por injurias, lo que judicializó de inmediato el tema. Tanto esas acciones como el curso posterior prometido no ayudan precisamente a crear un ambiente de diálogo, aunque pueden terminar beneficiando a los ciudadanos con mayor información de la que tienen actualmente. Sin embargo, demostraron desde ya la baja sensibilidad autocrítica de las AFP ante las fallas de competencia y de gestión que presenta la industria, y le puso sello al tono beligerante y díscolo que tendrá la vocería del nuevo senador en este tema, y que puede convertirse en un problema político para el nuevo gobierno.
Un análisis riguroso de las cifras indica que el sistema de pensiones chileno es un sistema mixto, con un aporte preponderantemente público, aunque se pretenda que es enteramente privado. El total de beneficiarios de la previsión pública supera el millón y medio de personas, mientras que el total de beneficiarios de AFP no supera las cuatrocientos ochenta mil personas.
De la totalidad de las pensiones de vejez, el 78,3% son públicas con un promedio de 147 mil pesos mensuales, cifra que en algunos casos aumenta a un promedio de $360.000 en el caso de los empleados públicos y a $421.000 en el caso de los pensionados militares o de carabineros. En el sistema AFP el promedio de las pensiones de vejez es de 125.000 pesos. Para llegar a esa cifra, que es igual al mínimo garantizado, el Estado debe aportar en promedio un veinticinco por ciento, ya que el sistema sólo alcanza a dar $96.000 pesos mensuales por pensionado.
Una proyección conservadora, hecha a partir del volumen de cotizaciones que genera el mercado laboral chileno, indica que más de la mitad de la masa laboral actual no alcanzará un nivel de cotización adecuado para obtener pensiones mínimas. Y que será necesaria una inyección creciente de fondos públicos para alcanzar los montos de pensión garantizados por ley.
Ello se debe a múltiples factores, entre los que se cuentan la falta de competencia, las fallas regulatorias y la enorme precariedad del mercado laboral chileno, que alcanza cotizaciones de apenas un promedio de 4.2 meses por año. Si se agregan los altos costos de administración para los afiliados al sistema, el hecho de que de las seis empresas que operan en el mercado previsional las tres mayores concentran el 80% o más del mismo, con una rentabilidad promedio sobre activos de un 50% al año, según datos de la Universidad Católica, el problema es más que preocupante.
Sin embargo, si bien todos piensan que esta situación no puede continuar, está claro que la reforma requiere de una ingeniería política fina por parte del nuevo gobierno, a fin de no lesionar los tres pilares de la industria según las AFP: cobertura, rentabilidad y competencia, pero al mismo tiempo mantener el objetivo de protección social prometido por la Presidenta.
Es claro que incluso con el criterio más amplio y liberal en materia de equidad y de transparencia de mercados, como se supone actuará un equipo económico ligado en parte a Expansiva, las AFP deberán rebajar sus expectativas de ganancia y someterse a la regla de servir y beneficiar efectivamente a sus afiliados. Sin embargo no es una tarea políticamente fácil, y parte importante de la solución estará en la disciplina y control de la mayoría gobiernista en el Parlamento.
