¿Alguien no se ha percatado que los ’90 quedaron atrás?

La Presidenta electa Michelle Bachelet ha confirmado con la designación de su gabinete la línea de continuidad del modelo. Por lo demás, como recuerda el economista Hugo Fazio en su reciente «Carta Económica,» ella misma así lo expresó claramente, en su discurso luego de conocerse el resultado de la segunda vuelta electoral. «Tras décadas de altibajos económicos -manifestó- construimos una economía vibrante, que muchos quieren imitar. Los chilenos estamos orgullosos de lo que hemos logrado y Ä„vamos a seguir este camino!.» Ello constituye un error de proporciones, al no asumir que los tiempos han cambiado y pretender insistir en un camino que, pudiendo haber dado ciertos frutos en décadas pasadas, al mismo tiempo ha acumulado graves distorsiones que ahora es el tiempo de resolver. El no hacerlo las agrava más aún, con serias consecuencias potenciales.



En efecto, especialmente, la designación Alejandro Foxley en Relaciones Exteriores, apunta en esa dirección. Este último personifica la ideología de la transición en estas materias. De especial gravedad es que haya asumido esta cartera, puesto que siempre ha sido en esta esfera un hombre de los EE.UU., partidario acérrimo de los TLC. Atendiendo posiblemente a la carpeta que ha recibido de la Presidenta electa, ha manifestado que ahora su prioridad serán «los países vecinos, con los cuales se propone aplicar la «política de los consensos,» que tanto le gusta, para lograr que «hablen con una sola voz.» No dice que, según su convicción íntima, dicha voz debiera ser la del ALCA.



El currículum del Ministro de Hacienda designado, Andrés Velasco, pareciera reforzar la misma línea, y de entrada ha declarado que «el modelo ha funcionado bien.» Sin embargo, no se le ha visto en acción como Ministro. En los debates de la reciente elección, pareció más dispuesto a escuchar posiciones divergentes que lo que acostumbran estos personajes. Dio la impresión de ser una persona inteligente y de sólidos conocimientos, por lo mismo menos ortodoxo. Posee títulos y una carrera académica -auténticos -, en universidades prestigiosas de los EE.UU..



No es alguien que se formó en la lucha contra la UP, como Foxley -por el contrario, su padre fue un destacado abogado, decano de la U, que simpatizó con Salvador Allende y la UP, por lo menos en algún momento. Tampoco se trata de un convertido, como Eyzaguirre y tantos economistas de la Concertación, obligados a dar permanente examen de «buenos chicos» frente a los «mercados.» De hecho, las primeras declaraciones de Velasco respecto del tipo de cambio, quiere uno «competitivo y estable,» dieron en las narices a la política seguida por el Banco Central en la materia. Habrá que darle el beneficio de la duda, así como a la nueva Ministra de Minería y Energía y a otros, aunque por poco tiempo y sin mayores expectativas.



Al parecer, como dice el Washington Post citado también por Fazio, Michelle Bachelet «está a favor de promover la igualdad económica pero sin cuestionar la política seguida.» No cabe duda que su programa busca dar un giro importante en materia de protección social -las Ministras y Ministros allí nombrados así parecen confirmarlo. Tienen en carpeta una importante reforma previsional -ya se ha adelantado que en sus primeros 100 días la pensión asistencial será entregada sin condiciones a los adultos mayores y reajustadas las pensiones. Se propone asimismo introducir mejoras significativas en salud, educación, seguro de cesantía, así como Chile Solidario, entre otros programas.



Ese es el sello principal que quiere para su gobierno -sin perjuicio de muchos otros aspectos importantes, como la igualdad de género, que ya materializó en la composición de su gabinete. Lo ha prometido y probablemente intentará cumplir su palabra. Cuenta para ello con el consenso de su coalición, un enorme apoyo en el país -inclusive en la derecha-, y una inmejorable situación económica y fiscal. En otras palabras, es probable que se modere un tanto la cicatería que ha sido la marca tradicional de la política social de la Concertación -mientras regalaban a manos llenas la renta de los recursos naturales y todo tipo de franquicias tributarias a los más ricos entre los ricos, generando uno de los períodos en que la distribución de los ingresos autónomos se ha deteriorado más aceleradamente en la historia de Chile. De hacerse efectivo, este es un cambio positivo de significación, que no debe mirarse en menos.

Especialmente, si el nuevo énfasis en políticas sociales se traduce en corregir, aunque sea parcialmente, el enorme desequilibrio que afecta las relaciones laborales. Esta es la fuente principal de la creciente desigualdad, al reducir constantemente la participación de los salarios en el producto global, mientras aumenta la de su contraparte, las utilidades de las empresas.



Sin embargo, la estrategia así concebida -mantener el modelo pero intentar hacer más generosa la política social-, entraña a juicio de este autor un error de proporciones. Ni la mejor y más generosa política social es capaz de corregir una estrategia sesgada, que introduce permanentemente distorsiones y desequilibrios de todo orden, entre otros, una escandalosa y creciente desigualdad. Más aún, pone todo en serio riesgo, al quedar en entredicho aquello que supuestamente asegura sobre todas las cosas: la estabilidad, el crecimiento económico equilibrado y algo todavía más grave, la propia seguridad nacional.



Es muy positivo mejorar la política social, sin embargo, lo que es urgente cambiar son los fundamentos del modelo. La macroeconomía, sin duda el aspecto principal, se ha venido manejado con un sesgo de proporciones: se ha olvidado su objetivo principal, que no es otro que propender al pleno empleo, y se la ha reducido a asegurar estabilidad de precios y superávit fiscal. En el curso de los gobiernos de transición ambos objetivos efectivamente se han logrado, pero a costa de desequilibrios mucho mayores: un nivel de desempleo siempre muy elevado, una recesión más aguda y mucho más prolongada que lo que era inevitable, y un tipo de cambio muy fluctuante, entre otros.



Ello ha afectado, en todo momento, pero especialmente durante la larga recesión reciente, a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas y negocios, y a millones de trabajadores. Éstos han debido sufrir largos períodos de cesantía, y trabajos muy precarios -agravado todo ello por la ausencia de sistemas eficaces de protección. Actualmente, el sesgo macroeconómico se manifiesta especialmente en las fluctuaciones incesantes del tipo de cambio, que generan todo tipo de graves alteraciones – como ha reconocido implícitamente el propio Andrés Velasco, en declaraciones comentadas arriba.



Hay que subrayar que el sesgo en la macroeconomía no se debe a que esta idea se le haya metido en la cabeza a tal o cual economista, por fanatismo u oportunismo -el problema radica en los poderosos intereses que han mantenido a tales personajes al timón del país en esta materia. En el caso del tipo de cambio, por ejemplo, que se deja libre y a merced del viento mientras vaya para abajo, pero se interviene de inmediato si sube mucho, los intereses que están detrás son unos pocos grandes deudores en dólares -en Chile la mayor parte de la deuda externa es obligación de una sola empresa. Ellos reciben un gigantesco subsidio de esta política del Banco Central, según ha reconocido Carlos Massad, un implementador de la misma singularmente entusiasta y torpe al mismo tiempo.



Por otra parte, el subsidiar -regalándolos- la sobre explotación de los recursos naturales, ha introducido el más serio desequilibrio estructural, convirtiendo al país en un exportador de bienes primarios, y dejándolo a merced de sus fuertes ciclos de precios. La nueva Ministra de Minería y Energía ha declarado que su cartera se relaciona con los sectores que concentran el 55% de la inversión extranjera, cifra que se sabe de memoria, puesto que viene de presidir el Comité respectivo. Pues bien, la minería depende por entero y la generación de energía en su mayor parte, de minerales y agua, recursos naturales de propiedad pública, que en Chile se regalan. Es decir, el destino de más de la mitad de la inversión extranjera se ha visto determinado por este enorme subsidio.



Las consecuencias de la sobre inversión en minería están a la vista, y así como se manifestaron en depresión en años recientes, ahora lo hacen en excesiva bonanza: ¿Existen otros países en el mundo que en un par de años pasen de una situación de déficit a un superávit fiscal cercano al 5% del PIB, como Chile el 2005 (4.6%)? Claro, países seriamente afectados por la llamada «enfermedad holandesa,» es decir, la enorme distorsión de depender del precio de unos pocos bienes primarios, o de uno solo. ¿Alguien piensa que eso corresponde a un desarrollo equilibrado? Nuevamente, hay intereses poderosos, en este caso, principalmente las grandes mineras del cobre, asñi como otras que operan en base a recursos naturales, quiénes profitan suculentamente de esta política, nefasta para la economía en su conjunto.



En términos más generales, lo que se requiere cambiar es el sesgo de las políticas públicas que se deriva del fundamentalismo Neoliberal, de la creencia que el libre mercado por si sólo es capaz de resolver todos los problemas. Dicho sesgo afecta más que nada al Estado mismo, puesto que ha desmantelado seriamente no solo su capacidad reguladora sobre los mercados, sino asimismo la capacidad de la propia burocracia civil y los servicios públicos, particularmente los servicios sociales. El mundo viene de vuelta – al menos en el plano académico – de las tendencias que predominaron hasta hace poco, que concebían al Estado como una empresa prestadora de servicios, y a los ciudadanos como consumidores.



En efecto, hoy día se reconoce que cualquier democracia moderna – desde luego todos los países desarrollados, pero también los aquellos todavía en transición a la modernidad -requieren de Estados fuertes, con un servicio civil de tamaño apreciable, de elevado profesionalismo, carreras funcionarias de por vida y remuneraciones adecuadas, con una acendrada ética de servicio público.



Chile se distinguió por construir un servicio civil de esta naturaleza durante el Siglo XX, en cambio, en la actualidad el mismo está sumido en una profunda crisis, que reventó con ocasión del llamado caso «MOP-Gate.» Este triste episodio no refleja principalmente corrupción -como lo ha querido presentar la derecha y la jueza que eterniza su investigación al respecto, sin perjuicio que ésta exista. Manifiesta el hecho inconcebible que las más altas autoridades del Poder Ejecutivo tuviesen que recurrir a prácticas ilegales e irregulares, para suplir la incapacidad de un desmantelado servicio civil para controlar, en este caso, el sistema de concesiones de obras públicas. Actualmente, una elevada proporción del servicio civil no tiene ni siquiera contrato de planta – algunas informaciones de prensa han estimado en cerca de la mitad los funcionarios públicos que se encuentran «a contrata,» es decir con contratos de renovación anual, o sencillamente a honorarios.



Un servicio específico, por ejemplo, el de administración del Poder Judicial, cuenta actualmente con alrededor de 1,000 funcionarios, de los cuales 800 están a honorarios y 100 a contrata, desde hace años en muchos casos e incluyendo hasta jefaturas, mientras sólo 100 tienen contratos regulares. En el caso de los servicios de educación y salud, que son los principales y de ellos depende el 50% y más del 80% de la población, respectivamente, y toda la de menores ingresos, sufren seriamente de décadas de desmantelamiento brutal durante la dictadura, y postergación, amarre, e intervención irresponsable durante la transición.



La causa principal del fracaso de las políticas educacionales de los gobiernos de la Concertación radica en la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, y en el sistema de financiamiento y administración del sistema público de educación que de allí derivan. Estos privilegian el desarrollo de la industria educacional privada, mientras entraban seriamente el desarrollo de los colegios y universidades públicas y dejan sin control adecuado a los privados subvencionados -de los cuales depende otro 40% de la población escolar.



En el caso de la reforma a la previsión, asimismo, no tienen ningún destino las «soluciones» que pretenden resolver el problema con «más mercado,» como ha pedido un paladín que profiere vitriólicas declaraciones en contra de las AFP. Nuevamente, en el caso de estas políticas, existen pequeños sectores que profitan de ellas, como las AFP, ISAPRES o la industria privada de educación y salud – aparte del puñado de grandes empresas que constituyen el destino de inversión de la mayor parte de los fondos previsionales.



En el caso de la educación, además, pesa bastante la posición de la Iglesia Católica, enemiga secular de la educación pública y laica, la que ha manifestado recientemente el Sr. Rector de la UC, quién ha propuesto nada menos que privatizar todos los colegios públicos.



Más grave quizás que todo lo anterior desde el punto de vista estratégico, el modelo económico ha dado la espalda a AL, – donde está naciendo, en el esfuerzo integrador representado por el MERCOSUR, la que está llamada a ser una de las grandes potencias del siglo que se inicia. La política de las últimas décadas está aislando crecientemente al país en la región, donde aparece como punta de lanza de la estrategia de los EE.UU..



Al respecto, sería interesante tomar más en cuenta en los debates que definen las políticas nacionales respectivas, la opinión del Estado Mayor de la Defensa. Todo lo anterior se agrava porque no estamos a principios de los años 1990, cuando el modelo estaba en auge. Ahora viene en retirada en todo el mundo, y quizás en ningún ámbito esta diferencia es tan abismal como en AL. En casi todos los principales y más desarrollados países de la región – y es muy posible que México complete el cuadro dentro de poco -, se han elegido gobiernos cuya estrategia se orienta en mayor o menor medida en una dirección contraria a lo que ha sido el modelo Neoliberal.



En otros países de la región que atraviesan períodos más turbulentos, se han ido generalizando gobiernos que asimismo convergen, desde sus realidades, con el camino de integración y desarrollo independiente y encabezado nuevamente por los Estados, que predomina en los primeros. Nada de ello ocurría en los años 1990.



¿Que hará Foxley el día no muy lejano en que Bolivia, muy probablemente Perú y también Ecuador, ingresen al Mercosur?



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Manuel Riesco. Economista del Cenda (mriesco@cep.cl).