La mano invisible y el rostro de los poderosos

Nunca la cultura ha sido neutral, sino el reflejo variopinto e interesado de una sociedad determinada. Nunca el mercado ha sido neutro, pues es la expresión de la dinámica de fuerzas económicas que concurren a un espacio construido sobre la fórmula: «los que más tienen, más se llevan». En Chile se impuso la idea de reemplazar la intervención del Estado por el libre mercado, para permitir la expansión plena de las libertades. Sin embargo, al pasar de los años la libertad se ha reducido prácticamente a comprar y vender, en un escenario cultural basado en monopolios de oferta, demanda y autoridad, guiados por concepciones ultraconservadoras que pretenden dirigir la vida de los demás. Nuevamente, la mano invisible ha adquirido el rostro de los poderosos, por lo que hoy nos enfrentamos al desafío de ampliar las oportunidades para que se expresen todas las visiones, en una democracia plural como la que nuestro país necesita.



En Chile sólo sobreviven aquellos productos culturales que obtienen un mayor rating, es decir, que se venden mejor en el mercado. Si este instrumento fuera perfecto coincidiría estrictamente con lo que la gente quiere consumir, sin mediar otras consideraciones. Pero esto no es así, ya que existen poderes e influencias que determinan el gusto de las personas y que se retroalimentan en una compleja trama de interrelaciones, donde la publicidad es un importante instrumento para configurar el contexto en el cual se toman las decisiones.



A esto se agrega una serie de estrategias de comercializacion por parte del sector privado, como por ejemplo de las casas editoriales que aumentan los precios de sus publicaciones para maximizar ganancias en un mercado pequeño como el chileno, dejando fuera de las posibilidades de lectura masiva a gran parte de nuestra población. Por cierto, tal panorama se agrava al no contar con políticas públicas adecuadas, pues la ortodoxia económica impide la más importante de ellas, la derogación del IVA a los libros.

En el mundo de la globalización, el medio de comunicación más poderoso y de mayor impacto en la opinión pública es la televisión, por lo que adquiere vital importancia saber quienes la dirigen y con qué criterios. La televisión pública es, en la práctica, igual que la privada, ya que obedece a los mismos propósitos, salvo que la propiedad pertenece, supuestamente, a la sociedad y su directorio está conformado por representantes de todos los partidos políticos presentes en el Congreso nacional.



Por tal razón, los objetivos tradicionales de «educar, informar y entretener» hace tiempo que quedaron reducidos sólo a este último concepto. Vende más ser ágil y conciso, un poquito «light» para no aburrir. No se puede hacer una entrevista que dure más de cinco minutos porque se supone que es «latera», people meter mediante. Cualquiera diría que es la dictadura de los avisadores que financian los programas, o sea, los agentes de decisión son unos pocos y ellos definen lo que se puede ver y lo que no.



Por otro lado, la moda imperante es el reality show, modelo de televisión importado que en Chile adquiere rasgos propios pues no se muestra la vida cotidiana de los participantes en toda su crudeza, léase desnudos y sexo, configurándose una situación semejante a la vieja intrusa que espía desde su ventana a la gente del barrio, pero se tapa los ojos con devota vergüenza cuando alguna pareja demuestra con impudicia los ardores de su amor en público.



El «sentido común» nos dice que los espectadores buscan pasar un buen rato y olvidarse de las preocupaciones del día. La pregunta es quién o quiénes construyen el sentido común imperante, porque hace tiempo se sabe que estas orientaciones son un producto social relacionado con quienes poseen el poder necesario para imponer sus puntos de vista.



Si la teoría económica vigente fuera la respuesta, diríamos que aquellos que concurren al mercado, sin intervención ajena, aunque con ciertas regulaciones estatales para asegurar el bien común, dirían los más heterodoxos. Y es, precisamente, la falta de acciones que establezcan una mayor equidad y un mejor acceso a los medios de comunicación y a los mecanismos que crean cultura lo que permite la concentración de la capacidad de emitir y formar opinión en grupos empresariales y religiosos extremos.



Es interesante observar la historia de la prensa nacional a comienzos de nuestra vida republicana y constatar que para asegurar la libertad de expresión, los gobiernos conservadores, con el Presidente Prieto y Diego Portales a la cabeza, compraban ejemplares de todo tipo, hasta de aquellos pasquines satíricos que se burlaban de ellos. Tal actitud sería severamente condenada por los actuales sacerdotes de la ortodoxia económica, pero en su momento logró estimular un debate más libre y, con las reservas del tiempo transcurrido, demuestran la necesidad de un rol activo del Estado en la defensa y promoción de los derechos culturales de la ciudadanía.



Ante un mercado imperfecto y una sociedad que requiere de múltiples canales para hacerse oír, con voz propia y fiel a la diversidad existente, es imprescindible disponer de los mecanismos públicos suficientes para sostener una cultura realmente representativa del país y estimular la participación popular, elementos íntimamente conectados con la calidad de la democracia que pretendemos construir.

Por eso y para que hasta el habitante más modesto y alejado de nuestro territorio sienta como propia aquella comunidad que llaman patria, sin imposiciones ni olvidos, debe ver reflejadas integralmente en la cultura nacional sus visiones, tradiciones y costumbres. Asimismo, para poder elegir entre diferentes alternativas es preciso contar con la opción de formular propuestas que no necesariamente obedezcan a criterios mercantiles o que pueden molestar a los poderosos, para lo cual se requiere un soporte estatal que no implique alguna forma de control político o ideológico.



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Cristián Fuentes V./Cientista Político