Carta abierta a la Presidenta electa

Sra. Michelle Bachelet
Presente



De mi mayor consideración:



El 11 de marzo Ud. asume oficialmente como Presidenta de Chile. Unos días antes, el 7 de marzo a las 12:00 hrs. en la ciudad de Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me ha concedido una Audiencia, lo que es un paso adelante en la denuncia P- 971-03 que formulara en contra del Estado de Chile. Mi presentación fue acogida en todas sus partes por la Comisión la que declaró totalmente admisible mi caso, señalando que entre otros se me habían conculcado los siguientes derechos: el derecho a un juicio imparcial; el derecho a la libertad de expresión; el derecho de propiedad; el derecho a la igual protección ante la ley; el derecho a la protección judicial; el derecho a no ser discriminado en el ejercicio de las libertades reconocidas por la Convención , agregando por su cuenta que nuestro país aún carece de un adecuado sistema de respeto a los derechos de las personas. Por sobre todo, señaló que no se me había respetado el debido proceso.



Si le escribo a Ud. es para expresarle mi temor que si dieran condiciones semejantes la historia pudiera repetirse, ante la falta de una verdadera cultura de respeto a los derechos de las personas, a pesar del pasado reciente de nuestro país. Es lo que explica hechos tan sorprendentes como que en la cuenta anual del 2004 (carezco de la información del año pasado), Chile figura en el primer lugar de casos admitidos, por sobre otros países. En el mismo año que se entregó el Informe Valech, desde el extranjero nos hicieron un recordatorio oportuno que el tema de los Derechos Humanos se mantiene vigente en nuestro país. Quizás nuestro debate está un poco anticuado, ya que todavía estamos intentando juzgar la parte criminal de ellos, como ser desapariciones, secuestros, torturas y otras aberraciones, cuando el debate mas actual tiene que ver con el campo mas amplio del respeto a todos los derechos esenciales, lo que ayuda a siga existiendo injusticia en nuestra patria.



Es en ese sentido que mi experiencia personal puede ser útil. En mi caso, todo se inicia en abril del 2003, donde a pesar de ser Profesor Titular de la Universidad de Chile e integrante de su Senado Universitario, sus autoridades me aplicaron una legislación (la ley Federici) que no se usaba desde la década del 80, en otro contexto del país. Nunca supe de que se me acusaba, y tan solo sé que ante los tribunales, se reconoció que nunca existió reparo alguno en mi contra, fuera académico, financiero o administrativo, lo que llevó a la Corte de Apelaciones de Santiago a declarar que mi exoneración había sido «ilegal y arbitraria». Fue la culminación de una larga serie de amenazas y abusos que quedaron debidamente documentados, y que incluyeron amenazas de muerte y rayados de odio racial, y condujeron a que mi hogar estuviese con protección policial, ya que las amenazas se extendían en contra de mi familia. Por lo menos nadie me ha dicho en mi cara que estas cosas «no pasan en Chile» ya que me ocurrieron a mí, en el siglo XXI, y en plena democracia.



Mi sorpresa se inició cuando en forma casi secreta y sin conceder alegatos, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia anterior, argumentando que la legislación de los rectores delegados se mantenía vigente para el Rector Riveros, y que nada podía hacer mientras no se modificara la ley. Sin embargo, me aconsejó que fuera a defender mis derechos donde pudiera. Ese lugar es la Justicia Internacional y por eso estoy en la Comisión Interamericana, donde espero llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en caso de ganar, el Estado debiera ser obligado a modificar la legislación universitaria que permite estos abusos, incluyendo la Ley Orgánica Constitucional de Educación.



En la Universidad de Chile la persecución había empezado conjuntamente con la obtención de éxitos electorales a su interior, y ya que puedo entender abusos individuales, es que considero mucho más preocupante que el desinterés gubernamental en torno a no modificar la legislación del pasado, ha conducido a que una gran cantidad de académicos hayan sido exonerados en democracia en forma arbitraria a través del país.



Para mi argumentación, tan o más llamativo que lo anterior, es lo que me ocurrió a continuación y que paso a mencionar en forma resumida. Los hechos son los siguientes:



1) Le escribí a todos los parlamentarios, electos y no electos, y solo recibí respuesta de dos senadores y cuatro diputados.



2) Pedí ser escuchado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y su entonces presidenta, Carolina Tohá nunca me respondió.



3) Le escribí al Presidente de la República don Ricardo Lagos poniéndolo en antecedentes en su calidad de Patrono de la Universidad de Chile de una serie de antecedentes que incluían irregularidades, y el Sr. Domingo Namancura me respondió en su nombre acompañándome tan solo una carta del mismo rector que me había echado. Incluso puede haber un tema de mala información ya que uno de sus representantes ante el Consejo Universitario, el ex ministro Patricio Rojas poseía un claro conflicto de intereses, ya que participa en una fundación que está relacionada con las casi 1000 hectáreas que el Estado le entregó a la Universidad en la década del 90, cerca del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. La pregunta es obvia: ¿se puede representar adecuadamente al Presidente de la República cuando al mismo tiempo se tiene una vinculación económica con la institución universitaria?



4) Me llamó enormemente la atención el desinterés y que no respondiera a mi carta o a las peticiones que le hiciera personalmente, mi ex compañera de curso en la Universidad y ex ministra de RR.EE. Soledad Alvear, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores es mi contraparte. La desilusión fue grande con su actuación como también con la de su sucesor Ignacio Walker. En el caso del Ministerio, también me impactó la actitud de su Dirección Jurídica y de sus encargados del tema de Derechos Humanos. Su arrogancia es claramente explicativa de porqué Chile pierde sistemáticamente en los tribunales internacionales y se es incapaz de convencer a otros países que hay un adecuado funcionamiento de las instituciones, cuando de derechos humanos se ha tratado. Cualquiera averiguación que Ud. ordene probablemente va a ser iluminadora al respecto.



5) Al interior de la Universidad de Chile se actuó con una inusitada celeridad, ya que en tan solo en par de días estaba firmado el Decreto de Supresión de Cargo. Se tramitó en vacaciones de verano para engañar a la Contraloría, toda vez que desde el año 1995 a través del Dictamen 029203, el órgano contralor solo da curso si se forma la convicción que el objetivo es «la necesidad de prescindir de los cargos en que incide y no de las personas que los ocupan», lo que claramente no fue mi situación ya que se incorporaron con diversas horas académicos como Patricio Navia y profesoras de origen francés.



6) Para tratar de evadir su responsabilidad el día en que se me exoneró, el rector Luis Riveros se pidió a si mismo «permiso administrativo» y el decreto fue firmado por el entonces Decano Luis Merino y la vicerrectora Cecilia Sepúlveda. Lo triste es que el Sr. Merino no solo fue promovido al interior de la Universidad, sino que también recibió un Premio tan oficial como el Bicentenario. Mis preguntas para ese jurado son dos: primero, en comparación a otras personas que han recibido tan importante galardón, ¿reunía los méritos suficientes?; y segundo, ¿se lo hubiesen entregado a Federici u otras personas que cometieron los mismos actos?



7) Mis sorpresas incluyen a algunos medios y a conocidos comunicadores que uno suponía con mayor compromiso o interés con el tema. Es obvio que se ha desarrollado una nueva y compleja red de relaciones que impide que toda la información llegue a la opinión pública, ya que obviamente el argumento de la falta de libertades de décadas pasadas ya no es más vigente en un contexto de plena libertad de opinión.



8) Cuando el país se está hoy preguntando acerca de lo que hicieron o dejaron de hacer diversas instituciones en los momentos en que debieron haber hecho sentir su opinión, la pregunta es válida para el Consejo Universitario de la Universidad de Chile, donde los Decanos y representantes del Presidente de la República nunca se han pronunciado, tal como jamás lo hicieron en las décadas pasadas ante exoneraciones semejantes. La pregunta es: ¿qué justifica hoy el silencio?, o al menos permitirme exponer la situación que estoy describiendo. En el caso del Consejo Universitario no entiendo hasta el día de hoy que no hayan cumplido con sus deberes administrativos, aceptando que las personas que me reemplazaron en la Dirección del Instituto que conducía, se hubiesen aumentado substancialmente sus ingresos al mismo tiempo que paralelamente se los reducían a modestos funcionarios para posibilitar lo anterior.



9) Peor fue el caso del Senado Universitario, organismo que aceptó pasivamente mi salida, sin presentar cuestionamientos ni pedir explicaciones, a pesar que allí coexisten funcionarios, estudiantes y alumnos electos. Lo anterior es llamativo no solo porqué había obtenido una de las más altas mayorías, sino también porqué en el origen mismo de mi salida de la Universidad se le dice al rector que al ser Senador debo ser reubicado en alguna unidad académica. Si quienes actuaron en mi contra lo sabían ¿porqué un órgano democrático calla?

10) Mi desilusión con la senadora electa Soledad Alvear es solo comparable con lo que me ocurrió con el ex ministro de Educación Sergio Bitar, quien no respondió a cartas enviadas por distinguidos académicos, a pesar de la directa relación del caso con su cartera. En lo que puedo dar testimonio personal, es que solo acusó recibo de una segunda después que fuera publicada por una revista, pero sin decir nada de fondo. Es indudable que el sufrió injustamente en el pasado, pero la pregunta es si el poder puede cambiar la actitud frente a la violación de derechos. En otras palabras, tal como lo hemos visto en varios otros casos, ¿el tema es uno de principios o se condiciona a las circunstancias del momento?



11) Sin embargo, el problema está mucho más generalizado en el mundo político. Es cierto que hay todo un sector que no demostró en décadas pasadas mayor preocupación en relación a la temática de Derechos Humanos. En lo que a mi experiencia se refiere no ha cambiado lo suficiente. Así fue que le envié por la oficina de partes todos los antecedentes a Joaquín Lavín cuando era Alcalde de Santiago y parecía tener posibilidades reales de acceder a La Moneda. No solo no recibí nunca respuesta, sino que tampoco un simple acuse de recibo. En el caso de Sebastián Piñera después que le relaté verbalmente lo que me había pasado, me pidió lo mismo por escrito. Me dijo que en un par de días se iba a comunicar conmigo. Todavía estoy esperando, y de hecho, para comprobar la nueva red de relaciones que se ha establecido en los medios de comunicación, ni antes que asumiera la propiedad ni después, jamás, ni una sola vez, Chilevisión ha mencionado este tema, aduciendo que «no pueden tocarlo». ¿Se deberá a la relación que han tenido con la Universidad de Chile, y por lo tanto, con su rector?




12) De todos los antecedentes, uno de los que me resulta más difícil de explicar es el caso de varios dirigentes estudiantiles que pasaron por la FECH y Centros de Alumnos, y que recibieron becas y pasantías a Francia a cambio de lo que presumo fue su silencio. Ello es extraño, ya que en general las becas son para los mejores alumnos, y si existiera alguna para dirigentes estudiantiles, lo lógico sería que fuera abierta y no con nombre y apellido, como ocurrió con ex dirigentes de la FECH como Rodrigo Rocco y otros, y con dirigentes del Centro de Alumnos de la Escuela de Administración Pública, que tuvieron solo una denominador común: haber participado en manifestaciones en mi contra donde llevaban carteles ofensivos con palabras como «ladrón».



13) Mi desilusión también alcanza a una institución en cuya creación participé en los inicios de los ochentas como es la Asociación Chilena de Ciencia Política. A ella le solicité el 2003 una sola cosa: que su directiva se pronunciara desde el punto de vista ético sobre la situación que había tenido lugar. No desde el punto de vista legal ni administrativo, sino desde el punto de vista de los principios que deben informar toda profesión u oficio. Como no tomaron decisión alguna, presenté con dolor mi renuncia indeclinable.



Sra. Presidenta:



En ningún caso mi situación es comparable con las aberraciones del pasado y entiendo que en muchos o varios de los hechos mencionados, la solución no depende de Ud., pero quise compartir mi preocupación por la indefensión en la que se encuentran muchos chilenos en relación a sus derechos, ya que si yo soy conocido públicamente y tengo mecanismos de defensa, la pregunta es: ¿qué pasa con la mayoría que no tiene como protegerse de estos abusos?



Probablemente Ud. se habrá dado cuenta que no he identificado a todas las autoridades universitarias y «colegas» que participaron en forma asociada e incorrecta. La razón es simple: en estos años se ha sentado jurisprudencia en dos sentidos: primero, que las violaciones de derechos humanos no prescriben, y segundo, que los dignatarios políticos que tuvieron conocimiento y que no hicieron nada para impedirlos tienen alguna cuota de responsabilidad.




La pregunta final es una sola: ¿si lo de antes era malo, porqué puede ser aceptable lo de ahora?




Sin otro particular, saludo atte. a Ud.:


Dr. Ricardo Israel Z.





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