El debate entre el ministro de Obras Públicas y parlamentarios de la Democracia Cristiana en torno a la suspensión de la construcción del puente sobre el Canal del Chacao parece un momento oportuno para reflexionar acerca de la industria de las concesiones, la cual ha crecido, en opinión de las nuevas autoridades, sin los controles adecuados.
A la decisión del ministro Bitran se han agregado las recientes declaraciones de la nueva directora de la Unidad de Concesiones del ministerio de OOPP, en el sentido de que no se llamaría a nuevas licitaciones de autopistas urbanas, aeropuertos, cárceles, hospitales o de cualquier otro tipo, sin ser previamente sometidas a evaluación de impacto ambiental.
De esta manera, los cuestionamientos de los máximos directivos gubernamentales del área de Concesiones, no se refieren sólo a problemas menores de diseño o problemas administrativos. Lo que están diciendo es que una de las principales industrias de la construcción de los últimos 10 años creció al más puro estilo del capitalismo salvaje. Y que si bien la importancia e impacto de las obras está a la vista, los desajustes administrativos y los impactos sociales de tales obras tienen un lado negativo que se ha mantenido en la mayor opacidad. Y recién empieza a aflorar.
No de otra manera podrían leerse las declaraciones de la directora de concesiones en materia medioambiental, pues la ley de bases del medio ambiente es anterior al florecimiento de la industria mencionada, y bajo ninguna circunstancia pudo haberse construido, por ejemplo, carreteras urbanas que impactan a cientos de miles de personas en su modo de vida, sin que haya existido previamente un estudio de impacto ambiental serio.
Desde el punto de vista de las obras, uno de los fundamentos del desarrollo de la industria de las concesiones fue que el país tenía un déficit de infraestructura que solo podía superarse con un aporte masivo de inversión de privados. Ello permitiría que obras que antes se realizaban con fondos públicos, pudieran ahora hacerse sin que el Estado gastara. Los propios usuarios devolverían su inversión a los inversionistas privados, más las utilidades del negocio, en una determinada cantidad de años a través del pago de tarifas por el uso de dicha infraestructura. Con el impacto positivo adicional de que, además, se liberarían recursos del presupuesto estatal, que podrían utilizarse en otras obras, socialmente prioritarias.
El sistema, que ha permitido en pocos años mejorar significativamente la infraestructura del país, sobre todo en materia de carreteras y aeropuertos, ha entrado en una espiral de verdaderas privatizaciones de los espacios públicos, principalmente con la construcción de autopistas urbanas. Porque a diferencia de lo que ocurre en las carreteras interurbanas, no queda claro cuál es el beneficio para la mayoría de los ciudadanos. Se trata de vías que mayoritariamente están vedadas al transporte público y que -además- desmiembran y desarticulan los barrios de la ciudad.
Además de la segmentación que han producido en muchas partes de la gran urbe, la fase de explotación del negocio está produciendo un abuso masivo en contra de los consumidores. Las concesionarias no han hecho los esfuerzos necesarios para poner a disposición de los usuarios un sistema amigable e integrado de recaudación, y están obligando -con cobros excesivos y multas- a los usuarios morosos.
Es posible que el ministro Bitran tenga razón y que esté fuera de toda lógica la construcción de un puente que cuesta mil millones de dólares. En todo caso, lo que debieran explicar de manera clara las autoridades es cómo fue posible que la industria de las concesiones se haya desarrollado prácticamente sin regulaciones ni fiscalización. Que los precios de las obras, en este caso el puente, aumenten en un 50 % de un momento a otro. Que las concesionarias de autopistas urbanas destruyan la integridad de la ciudad. Que se expolie a los usuarios de las autopistas sin mayores explicaciones. Que puedan hacerse obras de ese tamaño y envergadura sin estudios de impacto ambiental.
Así, no corresponde que la disputa se instale en si las nuevas autoridades están desautorizando a las antiguas o no. Los ciudadanos requieren explicaciones mucho más cercanas a sus necesidades.
