Chile necesita superintendencias más fuertes, que no sólo apliquen multas, sino que también puedan establecer compensaciones, una potestad de la que hoy carecen.
Por Danae Mlynarz*
Cuidado. Ya no es como antes cuando sus errores quedaban impunes. Ahora equivocarse o vulnerar los reglamentos les puede costar muy caro. Esa es la potente señal que está entregando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a las empresas distribuidoras de energía al multar a Chilectra por un millón de dólares, debido a que la autoridad detectó nuevos errores en los cobros de las cuentas de la luz en tres comunas de la Región Metropolitana.
La sanción fue tan potente y además reiterativa (la tercera para la empresa), que sacudió los cimientos del gremio que agrupa a estas compañías, que de la indiferencia absoluta pasaron a la preocupación extrema. Los dirigentes visualizaron que nuevos castigos terminarían generando en los clientes una profunda desconfianza hacia las distribuidoras, lo que en términos comerciales complica el fortalecimiento de cualquier negocio paralelo que emprendan estas empresas, como la masificación de sus tarjetas crediticias, entre ellas la «Mundo Activa» de la misma Chilectra, por ejemplo.
Por ello reaccionaron, buscaron el techo de las autoridades para cobijarse y dar credibilidad a las medidas con las que piensan reencontrarse con sus clientes: cambios gratuitos de medidores y dar facilidades de pago para compensar a quienes sufrieron fuertes alzas.
Pero el castigo y la «voluntad» de las empresas para enmendar los errores no son suficientes.
Chile necesita superintendencias más fuertes, que no sólo apliquen multas, sino que también puedan establecer compensaciones, una potestad de la que hoy carecen. Porque es cierto, la señal es potente, la empresa de servicio comete falta y la sanción puede ser millonaria. Pero ¿quién se preocupa de reparar el daño causado a los clientes por cobros erróneos o por interrupciones de servicios, no sólo en el ámbito eléctrico, sino que también en el del agua potable y el del gas? Un dato al respecto: en la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos, dada a conocer hace tres semanas por la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, 4 de cada 10 chilenos dijeron que las empresas de servicios básicos nunca o casi nunca respetan los derechos ciudadanos, una opinión que es similar a la del sondeo efectuado el año pasado.
Hoy los clientes que de alguna u otra manera ven trastocadas sus vidas por negligencias de las compañías de luz, agua o gas deben recurrir a la justicia para buscar una indemnización, con todo el costo que ello implica: pagar abogados y esperar un largo tiempo para recibir una respuesta. En ese sentido, qué falta hace la figura de un Defensor de las Personas, una institución autónoma en la cual los afectados por cobros abultados encontrarían gratuitamente un sólido respaldo donde asesorar sus demandas. Además, este organismo se encargaría de monitorear el trabajo de las superintendencias, que como órganos del Estado tendrán la obligación de responder ante el Defensor cuando sean ellas las que vulneren los derechos ciudadanos, al no responder a tiempo ante reclamos o consultas o al no cumplir eficientemente con su rol fiscalizador.
Lamentablemente, el proyecto que crea este Defensor ya lleva durmiendo más de tres meses en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, donde ingresó con suma urgencia.
*Danae Mlynarz, Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas.
