Este entrampamiento, unido a medidas constitucionales que petrifican la legislación, exigiendo el quórum de 3/5 para leyes que deberían ser de simple mayoría, configuran un cuadro patético que explica el desencanto ciudadano con la función política.
Por Álvaro Ramis*
Se acaban los plazos para la agenda parlamentaria. «No existe ninguna posibilidad de que en las siete u ocho semanas que quedan del actual período legislativo se puedan aprobar leyes tan trascendentes como la reforma al Código del Trabajo», ha afirmado el ministro Viera-Gallo, reconociendo que de aquí a diciembre es muy baja la posibilidad de alcanzar el quórum requerido en muchos proyectos legislativos comprometidos en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. En compensación Viera Gallo nos invita a votar por el candidato de la Concertación, que esta vez «si que sí» daría prioridad a este tipo de demandas. Una suerte de «hoy no se fía, mañana sí».
Faltó tiempo político, pero ¿por qué? ¿Para qué proyectos no alcanzó el tiempo y para qué proyectos sí hubo tiempo? Son preguntas necesarias en este momento, ya que la priorización de una serie de temas (como los del área económica o ligados a la agenda de seguridad ciudadana) respecto a la postergación de otras agendas (como las reformas laborales, participativas y democráticas) refleja las voluntades políticas del actual Parlamento y del Ejecutivo.
La Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN entregó el 20 de mayo de este año, en vísperas del informe presidencial, un balance cualitativo del grado de cumplimiento de la gestión gubernamental en algunas de las áreas con mayores déficits en participación ciudadana y que se consideran relevantes para la profundización de la democracia. En esa ocasión identificamos una serie de proyectos de ley que deberían ser de alta prioridad para lo que resta del actual mandato, y señalamos textualmente «estas leyes todavía se pueden conseguir en el actual período legislativo. Podrían alcanzarse a aprobar en el marco del actual período de la Presidenta Bachelet, por lo tanto hay que combinar la voluntad política del Gobierno con la capacidad de los parlamentarios de apurar esos trámites».
En nuestra opinión se han confabulado varios factores. Por un lado, existen proyectos que han sufrido una clara derrota parlamentaria en manos de la oposición (en connivencia en varios casos con algunos parlamentarios oficialistas): el término del sistema electoral binominal, el fin de la inhabilidad de los dirigentes sindicales para presentarse a cargos parlamentarios, la limitación de las reelecciones parlamentarias. Otros proyectos han vivido una parálisis inexplicable en comisiones que dilatan su tramitación. Es el caso de la ley que crea el defensor ciudadano, proyecto que ha figurado como una medida central en los programas de los cuatros gobiernos de la Concertación, que ha contado con fuerte apoyo de la presidenta mediante la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección del Derecho a las Personas y que sin embargo hoy se enfrenta a cuestionamientos sobre su necesidad y pertinencia por parte de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
Otra situación paradigmática es la que vive la ley antidiscriminación, detenida por la presión de grupos exaltados que han reclamado el derecho a discriminar a quienes consideran en pecado, pero que a la vez aspiran a no ser discriminados por su identidad confesional. Rolando Jiménez, presidente del MOVILH, hacía una aguda observación sobre este proceso comentando que los candidatos suelen ser partidarios de legislar a favor de múltiples derechos hasta el día antes de las elecciones, pero que luego de ser electos se declaran partidarios de «discutir el tema». Este entrampamiento, unido a medidas constitucionales que petrifican la legislación, exigiendo el quórum de 3/5 para leyes que deberían ser de simple mayoría, configuran un cuadro patético que explica el desencanto ciudadano con la función política.
En este contexto la responsabilidad de la sociedad civil debe ser más activa. No podemos dejar la iniciativa parlamentaria en manos del Ejecutivo. Es necesario fortalecer las herramientas de incidencia pública que nos permitan a los ciudadanos, sindicatos, ONGs y movimientos sociales alcanzar las reformas políticas postergadas. Para responder a estos problemas la Asociación Chilena de ONGs Acción ha organizado el Encuentro Latinoamericano de ONGs «+ y mejor democracia en América Latina: Reformas Políticas y Experiencias de Incidencia de la sociedad civil» que se realizará el próximo martes 29 de septiembre en el Göethe Institut de Santiago.
En el encuentro se presentarán experiencias de incidencia de la sociedad civil latinoamericana en distintos ámbitos y participarán expertos y representantes de la sociedad civil de más de 10 países, integrantes de la Mesa de Articulación de asociaciones nacionales y redes de ONG de América Latina y el Caribe.
Si los plazos se han agotado, es que necesitamos debate, propuestas y movilización. Cuando se acaba el tiempo político es tiempo de Acción.
*Álvaro Ramis es Presidente Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN.
