Señor Director:
A tres meses de concluir su mandato la presidenta Bachelet promulgó la Ley que instaura la nueva institucionalidad ambiental: Ministerio, Servicio de Evaluación y Superintendencia Ambiental y un cronograma para la discusión y diseño de los tribunales ambientales y el Servicio de Áreas Protegidas.
Estos logros del actual gobierno constituyen un salto sustantivo para el mejor desempeño ambiental de Chile y posibilita mayor transparencia y justicia ambiental. Esto es celebrado por los ecologistas, que sellaron con Bachelet 10 compromisos en el “Acuerdo de Chagual” en 2005, pues con esta reforma se cumple casi 40% del acuerdo; quedando pendiente el diseño del Servicio de Parques, el establecimiento de cuentas ambientales y una Ley para la Protección de Glaciares, entre otros.
Sin embargo la instalación, desempeño y legitimidad de la nueva institucionalidad depende de la voluntad política que muestre el próximo gobierno. A Sebastián Piñera le tocará implementar estas instituciones; de él y del nuevo Congreso dependerá también la calidad de Justicia Ambiental que se establezca en los Tribunales Ambientales, que hoy tramita el Senado.
El Ministerio elevará el rango de la autoridad ambiental; el Servicio de Evaluación tendrá mas atribuciones para prevenir impactos, reducir discrecionalidades, exigir mejor tecnología y solicitar estudios de riesgo. El Superintendente fiscalizara permisos ambientales, planes de descontaminación, normas y sancionara incumplimientos. Pero todos estos mejoramientos dependerán del celo con que el próximo gobierno quiera ejercerlos. Así las cosas, y dado que importantes sectores de la Alianza son díscolos frente a la disciplina ambiental, podemos decir que el modo de aplicación de la Reforma resulta una incógnita.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable
