Las exenciones tributarias en materia de IVA, los incentivos al empleo y otras regalías que desde hace muchos años se aplican casi como una política de Estado para potenciar la capacidad de arrastre que sobre el resto de la economía tiene la construcción, no han servido siquiera para que se cumpla con los estándares mínimos al construir las viviendas.
Prácticamente un pillaje de cuello y corbata en la propiedad de muchos ciudadanos constituyen los numerosos casos de edificios cuyas fallas estructurales de construcción han hecho que se caigan o deban ser demolidos por inhabitables.
Tal daño en las construcciones no es el resultado inevitable de un desastre de la naturaleza, sino de acciones directas de empresas inmobiliarias y constructoras respecto de las cuales la justicia deberá determinar si revisten incluso características de delito.
Que situaciones de esta naturaleza hayan ocurrido precisamente en el sector de la construcción es muy grave. En especial porque revela una debilidad estructural del Estado para evitar que sus políticas de fomento productivo de mayor intensidad o uso terminen siendo capturadas por entes irresponsables e inescrupulosos, que sin ningún control, se enriquecen engañando a sus clientes y aprovechando de manera indebida las oportunidades que le brinda el Estado.
[cita]No resulta fácil entender que el jefe del Gobierno regional y representante directo del Presidente de la República eventualmente deba ser investigado por su responsabilidad en hechos que conllevan daño o la posibilidad de dolo para con los ciudadanos.[/cita]
En este caso, las exenciones tributarias en materia de IVA, los incentivos al empleo y otras regalías que desde hace muchos años se aplican casi como una política de Estado para potenciar la capacidad de arrastre que sobre el resto de la economía tiene la construcción, no han servido siquiera para que se cumpla con los estándares mínimos al construir las viviendas.
Más aún, ahorrando en fierro, cemento o mecánica de suelos, esos empresarios inescrupulosos enmascaran edificios con panelería de baja calidad, que ante un siniestro terminan derrumbándose y demoliendo también la economía familiar de muchos chilenos.
Cada vez que existe un problema de recesión económica, las autoridades y los expertos miran al sector como uno de los motores de la reactivación, sobre todo por su impacto en materia de empleo.
No cabe duda esta vez volverá a ser igual, tal como lo ha anunciado el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
Ello resulta inquietante para la ciudadanía y la salud del interés público pues el gobierno llega al poder con señas ambiguas o abiertamente regresivas sobre su real voluntad de evitar conflictos de intereses en su seno y proteger de manera transparente el bien común.
Lo confirman la renuencia del Presidente a desprenderse de sus negocios antes de asumir su cargo como ocurre con sus acciones de LAN, incumpliendo lo que prometiera en la campaña, y la designación de altos funcionarios de gobierno – por ejemplo el Intendente de Santiago Fernando Echeverría- directamente vinculados a empresas cuyos edificios se han caído por fallas estructurales durante el terremoto.
Es efectivo que será la justicia la que deba determinar el tipo de responsabilidad en que esos empresarios han incurrido, en las que no puede descartarse incluso la comisión de delitos. Pero, no obstante lo anterior, no resulta fácil entender que el jefe del Gobierno regional y representante directo del Presidente de la República eventualmente deba ser investigado por su responsabilidad en hechos que conllevan daño o la posibilidad de dolo para con los ciudadanos.
El Presidente y todo su gobierno no debieran olvidar que llegan a administrar el trabajo y la riqueza de todos los chilenos, y que en ello la buena y pulcra actitud no solo debe ser sino también parecer, sobre todo en momentos de dolor y desconfianza como los que dominan el escenario nacional.
La potencia administrativa y la voluntad del Estado aparece en muchas partes a parejas con deficiencias de control y amplia discrecionalidad funcionaria lo que es un desafío permanente a la probidad, particularmente si existe un juego de intereses privados que se debe transparentar.
El sector de la construcción siempre ha vivido esta tensión. Pues al amparo de las decisiones gubernamentales se pueden hacer muchas fortunas si no existe el debido control y prudencia.
Fue el Estado el que mediante el Decreto 429 de 1979 eliminó todas las barreras en materia de límites urbanos. Fue el Estado e l que decidió que el MINVU fuera un pagador de subsidios, hechos que potenciaron la creación de un poderoso sector de promotores inmobiliarios privados. Es consecuencia de las políticas y decisiones del Estado la segregación residencial de la ciudad.
Con decisiones como sacar el Aeropuerto de Los Cerrillos de Santiago se habilitaron no solo las 240 hectáreas del Portal Bicentenario para parques y construcciones. Al no existir las limitaciones de conos de acercamiento que exigen los aeropuertos para que los aviones puedan aterrizar y despegar, se liberaron tres mil hectáreas de terreno en Santiago, cuyo valor promedio por metro cuadrado varió de 0.5 UF el metro cuadrado a 3 o 4 UF el metro cuadrado.
Hacerlo sin transparencia puede implicar que agentes inescrupulosos capturen las necesarias políticas del Estado y pongan de manera indebida las manos sobre la ciudad.
