En las páginas de El Mostrador y bajo el título “El terremoto y la incompetencia Militar”, Santiago Escobar hace cargos a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas por su supuesta ineptitud en cuanto a “prefigurar una capacidad de respuesta para una situación de emergencia como la vivida, y quedarse inmóvil, sin saber qué hacer”. Frente a su particular apreciación, caben, evidentemente, ciertas reflexiones, puesto que se trata de una seria imputación de ineficiencia no sólo a quienes conducen al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de nuestro país, sino que, también, hacia aquellas autoridades de las que dependen esas instituciones, como lo son el Ministro de Defensa Nacional y el Presidente de la República, de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes.
En ese contexto, y para evitar errores de análisis, lo primero es retrotraerse al escenario que vivió parte importante del territorio nacional en la madrugada del sábado 27 de febrero pasado; es decir, cuando a las 3 horas con 34 minutos un sector importante del país fue víctima de un terremoto de 8.8 grados en la escala Richter y posteriormente de un tsunami que asoló las costas centrales. Como bien es sabido, la ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales es imprevisible, incluso para las sociedades más desarrolladas, y sus efectos son de insospechadas consecuencias, dependiendo no sólo de la magnitud de esos movimientos geográficos, sino que también de la capacidad física para enfrentarlos. Si así no fuera, los daños del huracán Katrina en Estados Unidos jamás se habrían producido.
Dentro de ese escenario y en lo que era la planificación de protección civil del momento, el sistema de defensa nacional -destinado esencialmente a enfrentar amenazas que pudieran poner en peligro la seguridad externa, cuya manifestación, históricamente en Chile, no ha tenido un desarrollo de segundos, sino que ha atravesado diversas etapas antes del empleo militar-, no se encontraba considerado dentro de los medios prioritarios para enfrentar ese tipo de situaciones. Más aún, de no establecerse el estado excepcional de catástrofe, las tareas de las Fuerzas Armadas se limitaban, según lo dictaminado por la Contraloría General de la República, a tareas humanitarias y de emergencia autorizadas por el Presidente de la República, tal como ocurrió el 2002 con la participación del Ejército en apoyo a la población damnificada por los temporales en Santiago.
Luego, al producirse el reciente desastre, las fuerzas militares mantenían en sus instalaciones los medios correspondientes al ejercicio de sus tareas en períodos de paz, en una madrugada de fin de semana y sujetos a los planes de enlace y alistamiento respectivos, los que, ejecutados, permitieron disponer de parte importante de sus dotaciones en los plazos establecidos en esa planificación, dotaciones que, más allá de la posibilidad de cooperar en el restrictivo espacio de empleo ya descrito, debían esperar a que, si así lo disponían las autoridades respectivas, los mandos correspondientes dieran la orden de actuar, dada su condición de fuerzas disciplinadas, obedientes y no deliberantes.
Ahora bien, no podemos eludir el hecho que la ausencia de comunicaciones tiene que haber jugado en perjuicio de la efectividad de esos planes, uno de cuyos medios de enlace principales son las transmisiones telefónicas fijas y especialmente a través de celulares, dada la falta de energía eléctrica producto de los daños sufridos en los sistemas de distribución. Tal situación, que ya ha sido reconocida en distintas esferas como alarmante -y lo es-, necesita enfrentarse rápida y adecuadamente con el objeto de superar una seria vulnerabilidad para la seguridad del país, tanto durante la paz como en situaciones que pudieran poner en peligro la seguridad externa.
Comparar, entonces, la respuesta de la fuerza militar en una condición de paz con la que se adopta frente a una crisis internacional o guerra externa no es homologable. En estas últimas, la conducción política y estratégica atraviesa por diversas fases y decisiones que, aún pudiendo ser en tiempos breves, nunca serán como un terremoto. En ese escenario y aún en las peores condiciones, existirá la posibilidad de poner en práctica los planes estratégicos respectivos y desplegar las fuerzas asignadas a las operaciones con el necesario tiempo para asegurar su empleo y evitar sorpresas, mediante la conducción de los respectivos mandos y unidades militares entrenadas para ese fin, apropiadamente enlazados por sus redes de comunicaciones orgánicas.
Esa es la realidad y no otra que muchos, como Santiago Escobar, han querido construir, a partir de suposiciones que no tienen en cuenta la naturaleza del hecho que conmocionó al país, como tampoco que las Fuerzas Armadas no se encontraban debidamente consideradas para contribuir a la planificación de protección civil. No es del caso señalar ahora las razones, ya que quedaron en evidencia durante los momentos más intensos de las discusiones que condujeron a la declaración de los estados de catástrofe que conocemos. Puestos en vigencia, hemos podido comprobar lo favorable del empleo de las Fuerzas Armadas para hacer frente a las circunstancias de una calamidad pública como la que el país ha vivido en estos últimos días.
En definitiva, para evitar injustos cargos en situaciones como las que hemos sufrido últimamente, u otras que pudieran ser objeto de críticas, a los actores públicos de la vida nacional se les debe juzgar según el mérito de sus funciones, y no sobre la base de recriminaciones con relación al incumplimiento de cometidos que, aún cuando quisiéramos que desarrollaran para bien de nuestra sociedad, no se encuentran consideradas en las obligaciones establecidas dentro de la institucionalidad actual.
Carlos Molina Johnson
Oficial de Ejército (r) y Magíster en Ciencia Política
