Propongo agregar nuevas funciones al consejo regional, como tener más capacidad fiscalizadora y que posea la potestad de citar al intendente a la reunión del consejo, por acuerdo de un tercio de sus integrantes.
Complejas inscripciones de candidatos, acusaciones de cohecho, y sanciones disciplinarias a militantes que desobedecieron órdenes de partido, han ido socavando la legitimidad del proceso de elección de los Consejeros Regionales, Cores, que en la actualidad son elegidos por los concejales.
Estas autoridades -desconocidas para gran parte de la ciudadanía- debieran ser uno de los pilares para conseguir una verdadera descentralización, ya que tienen directa injerencia en la aprobación de planes de desarrollo urbano y en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que ronda anualmente en torno a los 500 mil millones de pesos.
Debido a la trascendencia de las decisiones de los Cores es que en octubre de 2009 aprobamos una reforma constitucional que establece entre otros puntos que “los consejeros serán elegidos por sufragio universal en votación directa” y también que el consejo “por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus miembros”.
[cita]Propongo agregar nuevas funciones al consejo regional, como tener más capacidad fiscalizadora y que posea la potestad de citar al intendente a la reunión del consejo, por acuerdo de un tercio de sus integrantes.[/cita]
Dado que ya está aprobada la enmienda a la carta fundamental, considero de vital importancia iniciar a la brevedad el debate acerca de la respectiva ley orgánica que debe reglamentar el sistema.
Como marco referencial se debe tener presente que los Cores son elegidos para distribuir fondos regionales, considerando para esto el “proyecto región” de manera global y no para utilizar los recursos, como suele suceder en la actualidad, para financiar proyectos municipales de impacto local.
Surge entonces naturalmente la propuesta de elegir a los Cores por voto directo al postulante, en un universo electoral regional o provincial. Sin embargo, esto se traduciría en una campaña de alto costo económico, que no se condice con la remuneración que recibiría en caso de resultar electo, ni tampoco con sus actuales atribuciones, por lo que resultaría muy difícil encontrar candidatos.
Para rebajar los costos hay quienes promueven que cada Core postule sólo por un grupo de comunas, pero ello tendría la evidente desventaja de que esa autoridad luego velaría por el interés de sus electores y no de la totalidad de la región, desvirtuando el cargo.
Habiendo analizado la materia por un largo período, propongo que la votación sea por partido, en una lista cerrada que establezca el orden de preeminencia en que serán elegidos, en un universo electoral provincial. Así, se aplicaría una cifra repartidora, obteniendo cada partido una representación proporcional al número de votos alcanzado en las urnas.
Esta elección debiera efectuarse de manera conjunta a las municipales, de modo que el elector tendría tres papeletas: una de alcalde, otra de concejales y una tercera de consejeros regionales.
Mención aparte merece la figura del presidente del consejo regional, ya que en la reforma constitucional se estableció que la respectiva ley orgánica constitucional será la encargada de determinar las funciones y atribuciones de las que gozará.
Es imperioso que el presidente del consejo regional se posicione como una suerte de contrapeso al intendente, y para ello es necesario que, a lo menos, sea quien convoque a las reuniones, defina las tablas, represente protocolarmente al consejo, y rinda la cuenta anual de la entidad.
A ello propongo agregar nuevas funciones al consejo regional, como tener más capacidad fiscalizadora y que posea la potestad de citar al intendente a la reunión del consejo, por acuerdo de un tercio de sus integrantes.
Estos son pasos necesarios para ir avanzando hacia una verdadera descentralización, algo que los gobiernos de la Concertación dejaron en el olvido y que hoy, con la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda, renace en la esperanza de quienes servimos desde y para las regiones.
Por último, en el año 2012 corresponde elegir nuevos Cores, por lo que la nueva ley orgánica constitucional debiera estar aprobada para esa fecha, de lo contrario se caería en la paradoja de que toda la reforma, que iba en pos de mejorar la autonomía de las regiones, quedaría en nada, ya que no existiría forma de elegir a quienes representan y defienden los intereses de esas mismas regiones.
