Lograr que los proyectos detenidos o las nuevas ideas sobre la ciudad sean concretadas es una tarea posible y desafiante, especialmente sobre nuestra capacidad individual y colectiva de construir el proyecto común.
La relocalización de Chaitén, la nueva línea 6 del Metro de Santiago, la Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos, el Transantiago y el Ferrocarril de Pasajeros al Sur son algunas de las cuestionadas iniciativas que van engrosando el listado de proyectos públicos forzados a entrar en un proceso de reformulación o descarte, no sólo modificador de la supuesta estrategia de desarrollo que los provocaba, sino que también redireccionante del rol del Estado sobre los procesos urbanos, con una visión aún nebulosa sobre el futuro de la ciudad y el territorio, junto a una pérdida de recursos y al extraviado mejoramiento de la calidad de vida que originalmente pretendían.
En una mirada necesaria y menos centralista, la última década del Gran Valparaíso y su contexto de influencia ha visto emerger diversas ideas públicas y mixtas para la modernización o revitalización de áreas urbanas, que han surgido desde el discurso de la autoridad o en combinación con el interés privado, pero que con dificultad tardan o aún no logran encontrar su posibilidad de realidad. Luego de logradas grandes obras (Merval, Acceso Sur, entre otras) y una revisión de los avances idea por idea, cabe clasificar los niveles de cumplimiento para, en lo posible, descubrir las claves de una evolución hacia el éxito o el fracaso, que sin duda superarán en sus etapas formativas y ejecutivas la duración de un Gobierno o de mandato local.
[cita]Lograr que los proyectos detenidos o las nuevas ideas sobre la ciudad sean concretadas es una tarea posible y desafiante, especialmente sobre nuestra capacidad individual y colectiva de construir el proyecto común.[/cita]
Entre los proyectos urbanos recientemente iniciados en Valparaíso y Viña del Mar, que ya venían en desarrollo desde Gobiernos anteriores, se destaca excepcionalmente el proyecto del Parque Cultural Valparaíso, emplazado sobre los terrenos de la ex cárcel, del cual ya se han iniciado obras para recuperar aquel sector de gran valor patrimonial y simbólico, con un diseño que resultó de un concurso público nacional bien organizado (que reemplazó la polémica propuesta de Niemeyer) y que ha sabido cumplir con un procedimiento y sus plazos, que dotan validamente a la ciudad de un equipamiento cultural necesario, que fue dirigido por la autoridad central, coordinada con un Gobierno local representativo.
Junto a su par capitalino, el Centro Cultural Gabriela Mistral, avanzan ambos en convertirse en los principales centros creativos del país y donde nuestro desarrollo económico comienza a volcarse accesible y extensivo para la mayor parte de la población de la República Bicentenaria.
Otras propuestas menos exitosas, pese a que ya se han realizado inversiones públicas y privadas en llevarlas a cabo, se agrupan en planes de transformación que sólo han logrado un estado de potencialidad permanente y que aún no dan claridad sobre el momento de inicio. Los proyectos de la Marina pública del Marga-Marga, el Tren rápido Santiago Valparaíso (con posible extensión más allá de Los Andes) y la recuperación del Muelle Vergara como espacio público, después de largos estudios y declaraciones de interés por parte de las autoridades, no han logrado prioridad. Lo mismo para la remodelación de la Plaza Sotomayor, la revitalización de edificios en el área patrimonial UNESCO o el nuevo Estadio Sausalito.
Podemos agregar las polémicas iniciativas de la empresa pública EPV para Puerto Barón (resultante del Plan Acceso Sur, Camino La Pólvora) o la requerida ampliación portuaria con sus desconocidos efectos sobre la ciudad (con las opciones hacia San Mateo, Espigón Prat o Yolanda, sin dejar de observar los nuevos desarrollos portuarios privados en Quintero y Laguna Verde); o la inconclusa e inaccesible gran terraza pública de la Caleta Portales, conectada al paseo Wheelwright y al Muelle Barón; o el aeropuerto alternativo a SCL en la indefinición entre Torquemada de Concón y la Base Aérea de Quintero.
A su vez, proyectos que parecen muy necesarios (¿obvios?) no logran un real estado de avance hacia la implementación: el sistema de transporte público del Gran Valparaíso, que integre tren, microbuses, troleys buses y ascensores (de urgente rescate estos últimos); o el nuevo edificio consistorial de Viña del Mar; o el edificio Polo Tecnológico II de Curauma, parece seguirán siendo iniciativas sólo en el papel. Finalmente, en latencia, menos necesarios y en un estado más cercano al deseo, el Acuario de Valparaíso (supuestamente dentro del desconocido Mall Plaza Barón o “Barrio Puerto”) y los nuevos funiculares que conectarían el plan con los cerros porteños, cierran este listado de posibilidades alguna vez prometidas y olvidadas.
Conocido o suponible para los ciudadanos, la acción pública posee tiempos propios, sólo comprensibles por el nivel de complejidad de los procesos de validación y toma de decisiones, pero que sin embargo logra sólo en algunos casos los resultados esperados de efectividad y eficiencia operativa. El Estado, como garante del bien común y ejemplo de procesos transparentes, requiere para levantar una iniciativa, de al menos cuatro años que le permitan cumplir con las etapas de prefactibilidad, factibilidad, diseño y ejecución, con altísimas probabilidades de retraso, despriorización o ampliación de obras. Dentro de esta lógica es donde actuaciones puntuales han innovado singularmente en acelerar procesos, evitando retrasos o fracasos, y desde donde pueden inferirse las señales y procedimientos que la ciudad (y sus habitantes) requiere para su adecuada transformación.
Considerando esto, en una preocupante primera instancia, vemos como el nuevo Gobierno ha tenido la disposición de detener proyectos que ya habían significado gastos importantes liberados desde nuestras arcas públicas, y por tanto dando un golpe de timón hacia una dirección, como decíamos, aún desconocida para la ciudad.
Sólo por considerar un ejemplo que puede sernos útil o aleccionador, observemos el caso de otras ciudades y proyectos. La mediterránea Barcelona celebra este año 2010 los 150 años del Plan de Ildefonzo Cerdá (casi un Bicentenario), plano y proyecto de Planificación Urbana que rige desde entonces el trazado urbano de la ciudad y que ha logrado demostrar la continuidad ideológica y voluntad política de construir un megaproyecto común, más allá de la forma construida, de acuerdos y confianzas. La ciudad de Chicago a su vez, celebra los 100 años del Plan Burnham y la transformación de la ciudad luego de la Exposición Universal de 1893, con una cuidada ocupación de la ribera del lago que permanentemente los ciudadanos relevan con orgullo.
¿Cómo lograron autoridades, empresarios y ciudadanos superar los vaivenes del tiempo y respetar este acuerdo planificado y construido? ¿Dónde están los reconocimientos nacionales a las directrices entregadas por Brunner o Parrocchia para nuestras ciudades? Sin duda una ausente señal de desarrollo y de las confianzas mutuas que nuestro país, el Chile emergente, aún no logra establecer.
En consecuencia, sugerir acciones amplias y procedimientos para los actores que intervienen sobre la ciudad, a saber autoridades públicas, inversionistas privados y ciudadanía, parece pertinente ante esta etapa de reformulación, previa al lanzamiento de una nueva mirada propositiva a la gestión y uso de nuestros espacios habitados, que recibiremos como actores activos o pasivos y que inevitablemente afectarán sobre nuestra calidad de vida.
En primer lugar, procesos de participación ciudadana vinculantes y validantes, que integren desde una etapa temprana la visión de la ciudadanía, reconociendo no sólo la proposición que los habitantes emiten sobre sus contextos, sino también exigiendo permanentemente la capacidad técnica de la autoridad reguladora parece ser una de las tendencias que va tomando lugar en nuestras ciudades, comunas y regiones.
Las consultas ciudadanas de Vitacura y Las Condes son una señal interesante de procesos que ponen en duda la regulación y su debilidad ante el interés privado, pero también una preocupante posibilidad de que intereses particulares eviten acciones públicas que intentan el ordenamiento territorial de equipamientos o infraestructuras que, fundamentales y propias de las aglomeraciones urbanas, deben necesariamente emplazarse. Paralelamente, desde una mirada inclusiva, plantear al concurso público de arquitectura como modalidad de participación ciudadana especializada, donde existan canales abiertos de proposición, transparentes y convocantes de la comunidad organizada.
En una segunda instancia, garantizar la continuidad y cumplimiento de planes estratégicos de desarrollo local o regional que se construyan sobre una mirada integral e inspirando a los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) como provocadores de la transformación de la ciudad en sus diversas escalas, en un proceso consensuado, más amplio que el Gobierno de turno y plenamente reconocedor de las condicionantes locales. Después del terremoto del 27F, recobran valor las instancias planificadoras por sobre las reacciones tardías, que un territorio costero debe considerar primordial en cuanto a definir cómo y hacia donde crecer, proteger o evitar desarrollos, como también crear las instancias para relevar y acordar los proyectos prioritarios.
Finalmente, la representatividad de la autoridad local y autonomía regional para definir las obras priorizadas, incita a suponer una inversión regional autónoma del Estado central y un plan de inversión que controla su cumplimiento desde y en su propio territorio servido, facilitando el seguimiento por parte de los promotores, reguladores y beneficiarios.
Lograr que los proyectos detenidos o las nuevas ideas sobre la ciudad sean concretadas es una tarea posible y desafiante, especialmente sobre nuestra capacidad individual y colectiva de construir el proyecto común, señal clara del progreso que pretendemos nos lleve al desarrollo. Los espacios existen o deben ser recreados, para canalizar el real interés de los habitantes en definir sus lugares, para que la autoridad reconozca más allá del acto electoral su vínculo con la ciudad y para que en acuerdo con los intereses económicos, las intervenciones respondan a un acuerdo amplio, regulado y comprometido.
