Más pertinente que llorar por el mal resultado de una propuesta forzada o celebrar un triunfo pírrico, parece conveniente iniciar el camino para encontrar un procedimiento adecuado que garantice un proyecto de ciudad compartida.
En estos últimos días ha vuelto al debate público el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, instrumento clave para el desarrollo territorial de la región y una de las últimas iniciativas empujadas por el MINVU durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Este plan fue rechazado por el Consejo Regional por una serie de observaciones que no fueron resueltas adecuada y oportunamente.
No faltan quienes rasgan vestiduras sobre el desarrollo futuro de nuestra capital y región vaticinando el agotamiento del suelo para viviendas sociales o aéreas verdes como si ese fuera el objetivo central de este Plan Regulador. Otros se felicitan del rechazo, porque finalmente obstaculiza la tendencia de crecimiento extendido como si ello por si solo fuera garantía de sustentabilidad ambiental. Pareciera que el dilema está centrado en escoger entre una ciudad compacta o una extendida.
Sin embargo, al igual que como señalaron Fernando Montes o Ricardo Abuauad en artículos recientes, el problema parece estar mal planteado. No se trata de escoger entre un tipo u otro de crecimiento y desarrollo urbano, sino en poder realizar un debate transparente y oportuno sobre nuestro desarrollo territorial para la cuenca, primero; y en segundo término, pasa por diseñar un plan con instrumentos adecuados que lo hagan viable, creíble y operacionalmente factible. Estos son requisitos mínimos de cualquier plan de desarrollo territorial, lo cual presupone disponer previamente de una visión sobre el tipo de ciudad que queremos y el tipo de calidad de vida al que aspiramos gozar.
[cita]Más pertinente que llorar por el mal resultado de una propuesta forzada o celebrar un triunfo pírrico, parece conveniente iniciar el camino para encontrar un procedimiento adecuado que garantice un proyecto de ciudad compartida.[/cita]
Antes de realizar un debate sobre qué estrategia es la más adecuada para resolver los dilemas del crecimiento urbano del Gran Santiago, que justificará inversiones públicas y privadas conducentes a potenciar nuestro desarrollo económico, es fundamental disponer de una visión consensuada sobre la ciudad que queremos, y sobre la convivencia que aspiramos con las instituciones que disponemos. Lo que ha sido rechazado -y en buena hora-, es un intento de imponer una estrategia y una visión sobre el Gran Santiago, sin dialogar con todos los actores de la región en forma oportuna y a través de instrumentos adecuados.
Enfrentados a un nuevo ciclo político, ser capaces de traducir la creciente demanda por calidad de vida y la natural necesidad de deliberación pública sobre ella en el debate sobre las decisiones de gobernanza urbana, aparecen como determinantes. La ciudad del futuro será fruto de la deliberación y la negociación de visiones, intereses y proyectos sobre ella, o simplemente será un territorio en permanente conflicto. No es cierto que sea solo un problema técnico.
La participación de la ciudadanía en el sistema de gobernanza urbana -entendida como un espacio sistemático, institucionalizado y democrático de deliberación-, constituye el más urgente de los desafíos territoriales del corto plazo. Lo recomiendan incluso, las visiones más conservadoras como la OCDE en su último informe sobre Chile y el Banco Mundial en su último informe sobre desarrollo del 2009. Esto implica, revisar los espacios de toma de decisiones como los Concejos Regionales; revisar el rol de los Gobiernos Regionales y sus Intendentes -que en este caso prefirió estar en Sudáfrica que conducir el debate. Implica contar con los instrumentos adecuados para la planificación, ya que el plan intercomunal como único instrumento de planificación territorial de macro escala, es insuficiente para integrar variables más complejas como las ambientales y productivas, propias de un plan de ordenamiento territorial.
Visto de esta forma, nos queda mucho por avanzar para disponer de una visión sustentable y apropiada sobre nuestro crecimiento urbano, y otro tanto para disponer de una institucionalidad y regulación adecuada. Así, más pertinente que llorar por el mal resultado de una propuesta forzada o celebrar un triunfo pírrico, parece conveniente iniciar el camino para encontrar un procedimiento adecuado que garantice un proyecto de ciudad compartida.
