De la mano de las grandes reformas que requiere nuestro sistema de formación de capital humano, este es un ámbito propicio para políticas de Estado más que de Gobierno.
Por primera vez en estos cinco meses, el gobierno admitió públicamente que una de las metas anunciadas por el Presidente en su discurso del 21 de mayo, fue “ajustada a la baja”. En esa oportunidad, el gobernante se comprometió a que la inversión anual en I+D alcanzaría un monto, al final de su gobierno, equivalente al 1,5% del PIB. Eso significaría más que duplicar el porcentaje heredado de los gobiernos de la Concertación.
Pues bien, al presentar los resultados de la última Encuesta de Inversión en I+D que, usando una metodología más actualizada que en versiones anteriores, concluye que la actual inversión anual en este rubro representa sólo un 0,4% del PIB, el Ministro de Economía anunció que la meta inicialmente propuesta es inalcanzable y que ha sido ajustada a un 0,8% del PIB.
Según sus palabras, fueron los resultados de la encuesta los que “revelaron el largo trecho que tenemos por delante para hacer de Chile un país realmente innovador”. No hubo más explicación que esta.
[cita]De la mano de las grandes reformas que requiere nuestro sistema de formación de capital humano, este es un ámbito propicio para políticas de Estado más que de Gobierno.[/cita]
Reducir esta meta en un 50% probablemente tenga menos que ver con la “corrección del punto de partida” (0,4% en vez de 0,5%) que con un replanteamiento o sinceramiento de los compromisos, a la luz de un diagnóstico más realista de las capacidades, limitaciones y convicciones del gobierno. Y no estamos hablando, necesariamente, de limitaciones técnicas de los equipos gubernamentales para llevar a cabo la promesa original. Nos referimos, más bien, a las capacidades y convicciones políticas inherentes a realizar un esfuerzo que, bien lo sabemos, sólo rinde frutos en el mediano y largo plazo. Los frutos económicos y, por supuesto, los políticos.
De hecho, es muy posible que aquí resida la principal explicación de que los gobiernos de la Concertación no hayan producido avances significativos en este ámbito, a pesar de las eternas promesas que surgían de los grupos programáticos en tiempos de campaña.
El problema es que postergar la puesta en marcha de una política efectiva para aumentar de manera sustantiva la inversión en I+D (cualitativa y cuantitativamente) equivale, ni más ni menos, a postergar el salto al desarrollo. Sin un cambio radical en este ámbito, volvemos a quedar atrapados en los objetivos de crecimiento del PIB a fuerza de hacer “más de lo mismo”, dependiendo de las tasas de crecimiento de los países desarrollados, que definen el volumen de compras de nuestras materias primas. Sin este cambio radical, al tercer año de crecimiento acelerado deberemos enfrentar el “cuello de botella” de no tener contingentes de trabajadores con las competencias laborales que requiere el sector productivo para seguir creciendo de manera extensiva.
A riesgo de caer en lugares comunes, es necesario insistir en que, por su complejidad y por la tardanza de sus frutos, el despegue de la I+D sólo puede darse en el marco de un gran acuerdo nacional. De la mano de las grandes reformas que requiere nuestro sistema de formación de capital humano, este es un ámbito propicio para políticas de Estado más que de Gobierno. La expresión institucional de esta transversalidad es, hasta ahora, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.
Sin perjuicio de lo anterior, el actual gobierno esbozó sus prioridades: promover el emprendimiento y afinar los incentivos tributarios a la inversión en innovación de las empresas. Es de esperar que, junto a estos dos pilares (de innegable pertinencia) puedan levantarse otros que los complementen, como son los programas que incentivan la consolidación de redes y circuitos de innovación, basados en la integración de empresas y centros académicos capaces de aportar formación e investigación aplicada.
Lo que está claro es que la I+D se fortalece cuando se logra conciliar e integrar los incentivos que emergen en un medio competitivo, con las dinámicas de cooperación que surgen de una visión compartida y de un liderazgo efectivo. Esta última no es tarea del mercado, sino una construcción política. El liderazgo que logre imprimir el gobierno en esta tarea es la variable determinante para el cumplimiento de la promesa presidencial de llevar al país al desarrollo.
