No estaría mal que junto con valorar los avances alcanzados, sobre todo en materia de reducción de la pobreza (no está de más recordar que ésta pasó del 45,1% de la población, en 1987, a un 13,7%, en 2006), se reconozca que va a ser muy difícil dar el salto hasta el anhelado desarrollo si se sigue acumulando deuda social.
Cuando los 33 mineros atrapados en las entrañas de una mina de Atacama sean rescatados, habrá buenos motivos para celebrar. En ese momento convendrá no olvidar que hubo un instante en que las autoridades del gobierno, que se comprometieron a fondo con el operativo de rescate, declararon que existía apenas un 2% de probabilidades de salvar sus vidas. Un instante en el que todos nos preparamos para lo peor.
Pero más allá de la euforia, que suele ser la contracara de la angustia, hay un dato inequívoco: la deuda de arrastre que Chile tiene con sus trabajadores, en cualquiera de las áreas productivas, seguirá estando allí, luego de los festejos previsibles.
Es que si hay un punto en el cual debería haber el más amplio consenso es que el derrumbe en la mina San José ubicó en el centro de la agenda del Bicentenario un tema al que muchos preferían tener bajo la alfombra: la denominada “cuestión social”.
Y que también fue el “convidado de piedra” cuando en 1910, al conmemorarse los primeros años de existencia republicana de nuestro país, se hizo presente en forma inopinada en el banquete en que, al igual que ahora, brillaba por su ausencia.
Así, pues, el ver a los mineros, famélicos y desgrañados, pero al mismo tiempo enteros y llenos de las ganas de vivir que surgen de una voluntad colectiva organizada, en los primeros videos que ellos mismos registraron en su prisión subterránea, se transforma en una suerte de poderosa metáfora que nos habla de actores de la vida pública a los que Chile ha decidido sistemática y persistentemente olvidar.
[cita]No estaría mal que junto con valorar los avances alcanzados, sobre todo en materia de reducción de la pobreza (no está de más recordar que ésta pasó del 45,1% de la población, en 1987, a un 13,7%, en 2006), se reconozca que va a ser muy difícil dar el salto hasta el anhelado desarrollo si se sigue acumulando deuda social.[/cita]
Y que recobran, por obra de un dramático accidente, un protagonismo que les había sido hasta entonces negado.
Ahora todo el mundo descubre que Mario Gómez, el minero más experimentado, que comenzó a los 12 años a trabajar en los socavones, fue el verdadero héroe de esta gesta al convocar a sus compañeros a racionar los escasos alimentos con que contaban y esperar de este modo un rescate que, en cualquier análisis, parecía temerario e improbable.
Su sapiencia y su calma lo han convertido en un ícono de esta aventura del espíritu humano que es la sobrevivencia a cualquier costo, expresada de manera magistral en la primera nota que enviaron a la superficie cuando la sonda perforó su lápida: “Estamos bien en el refugio los 33”.
Pero, además de devolvernos la esperanza, lo cierto es que Gómez y sus compañeros han salido ya de la invisibilidad a la que estaban condenados por un modelo económico “sui generis” que asigna importancia a todos los factores menos al fundamental: el factor humano.
Lo han dicho otros, pero no está demás repetirlo: ¿Cuánto del éxito del “boom” exportador chileno, sostenido a lo largo de los años, no está basado en enfermedades y malformaciones de temporeras afectadas por plaguicidas? ¿Qué porcentaje de las cifras que indican los avances de la industria del salmón en el mercado mundial no está asentado en los frecuentes “accidentes” de buzos obligados a sumergirse en pésimas condiciones?
Las preguntas, sin duda, suman y siguen. Y no hay ningún sector económico, ya sea del área de la producción o los servicios, que pueda argüir que está libre de culpa.
De hecho, en una reciente columna en El Mostrador, Santiago Escobar recordaba cómo en diciembre de 2004 seis trabajadores resultaron muertos y otros 20 sufrieron graves heridas al caer un andamio desde el piso 14 de un edificio en construcción, en Santiago. Eso, mientras descendían desde los niveles más altos para hacer un minuto de silencio por otro compañero fallecido un par de días antes en similares condiciones.
La cuestión de fondo es ésa. Los datos macroeconómicos nos han hecho olvidar que, detrás de los números y las proyecciones de crecimientos, hay personas que trabajan en forma cotidiana en todos los ámbitos. Y que sus derechos laborales no son sólo una entelequia o una bandera de campaña electoral que se olvida velozmente cuando empieza a tallar la fría realidad del mercado.
Pobreza y ausencia
Hace poco participé en un seminario cuyo tema era la pobreza y la desigualdad en Chile. De las muchas intervenciones, una de las que más me conmovió fue la de un sacerdote jesuita, Luis Robledo, a cargo de un ambicioso programa de capacitación de trabajadores.
Robledo dijo, en síntesis, lo siguiente: “La pobreza tiene que ver con la ausencia. Y nosotros (el mundo progresista) nos fuimos del mundo de los pobres. Los que administramos el poder nos desvinculamos de la gente. Hay que volver a enamorarse del ser humano, y oponer a la ideología del liberalismo la ideología del bien común”.
Y agregó una anécdota estremecedora. Contó que invitó a Infocap, la entidad de la que es rector, a dos políticos: el diputado Osvaldo Andrade (PS) y el senador Pablo Longueira (UDI). Pensó que el enfrentamiento sería entre ellos. Pero no. Fue entre ambos y el auditorio, formado por alumnos que estudian y trabajan, quienes les reprochaban ser miembros del establishment, sin hacer ninguna diferencia ideológica entre uno u otro.
A ese grado extremo de deterioro de la imagen de la actividad política ante la opinión pública hemos llegado, alertaba Robledo. Quien a la par (nobleza obliga) reconocía que la Concertación y sus políticas sociales –en particular, el plan Auge y programas como “Sonrisa de mujer” o el pilar solidario en la protección social, introducido por el gobierno de Michelle Bachelet- han contribuido a devolver parte de la dignidad perdida a las personas.
Robledo concluyó su intervención subrayando un detalle no menor: que los humillados y ofendidos de nuestra tierra quieren tener la posibilidad de acceder a estándares mínimos de salud, bienestar y educación pero no como obsequios sino como derechos. “No quieren sueldo ético –añadió categórico- sino un ingreso justo”.
Esto trajo de inmediato a mi mente a Leonardo Farkas, quien se paseó por el Campamento La Esperanza, repartiendo cheques de cinco millones para las familias de los mineros, una vez que se supo que éstos habían sido ubicados con vida.
El señor Farkas tiene, por cierto, el derecho a hacer lo que le plazca con su dinero, pero ése no es para muchos chilenos –entre los cuales, desde luego, me incluyo- el modelo más correcto de hacer justicia social.
De hecho, la experiencia acumulada indica que ya hay un cierto cansancio (por no decir hartazgo) por la obligada realización de Teletones o campañas del tipo Chile ayuda a Chile, cuando cualquier evento inusual o contingencia, provocada por la naturaleza o la desidia humana, nos obliga a ver de frente el duro rostro de la inequidad.
Lo que corresponde y lo que se espera de los gobiernos, cualquiera sea su signo, es que como garantes del contrato social fiscalicen cuando corresponde y también penalicen a aquellos que, bajo cualquier subterfugio, intenten evadir sus responsabilidades.
Y no son pocos los que ya entienden que la cuasi tragedia en Copiapó, con los costos que la misma presupone (casi cinco millones de dólares, se prevé, costará sólo la perforación del túnel por el cual los mineros volverán a la superficie), se podría haber evitado si los empresarios de la minera en cuestión hubieran cumplido lo que prometieron para lograr la reapertura de la mina. Esto es, una vía de escape alternativa.
Como sea, y volviendo otra vez desde lo particular a lo general, lo que acá parece estar definitivamente claro y saldado es el ingreso en la agenda con fuerza de la cuestión social como el gran ítem olvidado, tanto de la transición post-dictadura como del Bicentenario.
De este modo no sería extraño la irrupción de voces que nos interpelen en relación a qué hemos hecho de concreto para superar la desigualdad flagrante que implica, por ejemplo, que el 47% del patrimonio bursátil del país estuviera, en el año 2009, en manos de cuatro familias: los Matte, los Luksic, los Piñera y los Angelini, según revela un reciente estudio del economista Luis Eduardo Escobar.
De Recabarren al padre Hurtado
La concentración extrema de la riqueza estimulará, sin duda, a nuevos actores que recuerden, con la misma fuerza que lo hizo Luis Emilio Recabarren en su famosa conferencia “Ricos y pobres”, del 3 de septiembre de 1910, que la suerte de las clases proletarias no había cambiado mucho en relación a la de los “gañanes” que combatieron junto a O’Higgins y Carrera, en términos de perspectivas de desarrollo individual y familiar.
Y para que no se nos acuse de bolcheviques trasnochados, digamos que esa misma preocupación movilizó más tarde a personas como Alberto Hurtado (hoy santificado), quien además de echar las bases del Hogar de Cristo creó la Acción Sindical y Económica Chilena (ASICH) , en 1945, lo que le valió ser acusado por sectores conservadores de su época como “cura rojo” o “comunista”.
Los derechos de los trabajadores, a no dudarlo, merecen formar parte esencial del debate público de un país que debe revisar el camino recorrido y hacer las correcciones que haga falta de cara a un tercer milenio que plantea nuevos y difíciles desafíos.
En ese sentido, no estaría mal que junto con valorar los avances alcanzados, sobre todo en materia de reducción de la pobreza (no está de más recordar que ésta pasó del 45,1% de la población, en 1987, a un 13,7%, en 2006), se reconozca que va a ser muy difícil dar el salto hasta el anhelado desarrollo si se sigue acumulando deuda social.
En el mismo seminario ya mencionado, Kirsten Sehnbruch apuntaba un dato extremadamente relevante al presentar su ponencia titulada “El trabajo, el eslabón que no consideramos en nuestro camino al desarrollo”: de los ocho clusters que el Consejo de Innovación eligió para pasar a una nueva fase exportadora, con mayor valor agregado para nuestros productos, seis caen en la categoría de empleos de baja calidad.
Vale decir, empleos precarizados y con una excesiva flexibilización y rotación. Lo que a la larga tiene altos costos en lo que se refiere a la capacidad de reproducción del capital humano, ya que, como es obvio, nadie capacita a trabajadores que se convierten en verdaderas aves de paso.
Sehnbruch planteó en sus conclusiones objetivos que suelen espantar a los defensores de los “equilibrios macroeconómicos” (siempre mirados, claro, desde la óptica empresarial). Está pendiente, sostuvo, una reforma integral del Código Laboral, que nivele la cancha hacia el lado de los trabajadores. Y junto con ello, el necesario fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva.
“No podemos pensar- sentenció- que nos vamos a convertir en un país desarrollado con el modelo laboral tal como está”.
De los políticos de todos los sectores dependerá lograr los consensos que sean necesarios para lograr superar este impasse, que es la gran asignatura pendiente de nuestra transición a la democracia.
Mientras a las empresas les resulte más barato pagar multas por los incumplimientos o presionar en las altas esferas del aparato estatal para lograr sus metas, antes que cumplir con los mínimos requerimientos del trabajo decente y ver en sus empleados a interlocutores con derechos y deberes, la mesa seguirá estando coja. Y los trabajadores se seguirán sintiendo los “convidados de piedra” en una sociedad que los margina y los invisibiliza.
