Cincuenta días atrás el economista y periodista argentino Atilio Borón afirmaba que a sólo 15 días de la huelga de hambre de los mapuches, era claro que no estaban siendo tratados por la prensa internacional de la misma manera que los huelguistas cubanos. Podría agregar hoy que ha quedado claro que 34 no es más que 33. Mientras que en un caso (y con justicia y necesidad) se han invertido millones de pesos en el rescate monumental y político de los 33 mineros, se ha minimizado el diálogo con el igual número de mapuches en huelga de hambre. Más enterrados que los propios mineros, las demandas y los derechos de los indígenas continúan siendo transgredidos y no reconocidos en nuestros país.
Las causas de esto son conocidas: las grandes desigualdades e injusticias que históricamente el estado chileno ha cometido con los pueblos indígenas y una visión de país deformada por el nacionalismo chovinista, que hoy conmemora el centenario y el bicentenario a espaldas de los pueblos indígenas. Basta sólo pensar qué sucedía con los pueblos indígenas en el Chile de 1910 cuando se conmemoraban los primeros cien años de la nación chilena. 22 años antes se había anexado la Isla de Pascua (y con ella paradójicamente a los isleños); menos de 30 años antes se habían incorporado forzosamente a la nación chilena likanantai, aymaras y quechuas; mientras paralelamente se materializaba la ocupación militar de la Araucanía y la miseria de la concesión de mercedes de tierra. Chile entonces celebraba su consolidación como estado nación precisamente anexándose a los pueblos indígenas. La celebración de los 200 podría haber sido distinta, pero no lo fue. Grandes proyectos mineros amenazan a los indígenas del norte, los Rapa Nui se tomaron un gran hotel y 34 mapuches llevan más de 74 días en huelga de hambre. Y todo en beneficio de la próspera nación que celebra.
Es imperioso que se reconozca como país la necesidad de avanzar en los temas indígenas. Tal como se conocieron alguna vez las violaciones a los derechos humanos en el tiempo de la dictadura. Como se veía todos los días de protesta a la gente descontenta y reprimida por la policía en los ochenta. Como se supo de los abusos que muchos nunca han querido reconocer y dan vergüenza a nuestro país.
Los gobiernos de la Concertación tienen cierta responsabilidad. Eduardo Frei y el conflicto de Ralco, la criminalización y la persecución judicial en el gobierno de Ricardo Lagos, la tardía ratificación del Convenio 169 de la OIT, son sólo algunos ejemplos de la ambigüedad de las políticas de la Concertación. Ambigüedad, ya que paralelo a lo anterior se promulgó la Ley 19.253, se abrieron varias mesas de diálogo, se creó el fondo de tierras y se generaron varios programas para atender la cuestión indígena. El problema es que nunca se dejó de ver el tema como algo relativo a la Seguridad Interior del Estado. Desde Insulza, pasando Burgos, Correa Sutil, hasta Harboe, Pérez Yoma y Hinzpeter, todos han querido desde el Ministerio del Interior y sobre la base de la Seguridad Interior del Estado, controlar las demandas mapuche por medio de la presión policial y judicial.
Y sin lugar a dudas que la derecha gobernante ha sido la que más ha incitado esta persecución y la negación de acuerdos políticos de mayor alcance. Alberto Espina, por ejemplo, senador que hoy pide escuchar a los mapuches y modificar el cuerpo legal relativo al terrorismo, solicitó en el pasado insistentemente la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuches (23 de enero de 2001). El titular de El Mercurio decía “Piden aplicar Ley Antiterrorista en la Araucanía”. Aclarando que: “El diputado de Renovación Nacional Alberto Espina solicitó hoy aplicar dicha medida por los recientes hechos de violencia ocurridos en el sur del país” . O el año 2009 (sólo como ejemplo, nuevamente) celebrando el mismo Espina que el: “Gobierno aplicará Ley Antiterrorista a mapuche detenido en Santiago”, valorando “el cambio de actitud del Ejecutivo para enfrentar las movilizaciones mapuches y que en los últimos meses han afectado intereses de agricultores y empresas forestales. Creo que esto es una demostración de que el Gobierno reconoce que en esta materia ha actuado mal, con debilidad y con una tolerancia inexcusable respecto a grupos militares, frentistas, que provienen de fuera de la región como ha quedado demostrado con el nuevo detenido y el arsenal de armas incautado”. Aclarando el actual senador, que hace unos meses había conversado el tema con el propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. “En esa ocasión yo le hice ver que él tenía todas las facultades para actuar con la Ley Antiterrorista y que la policía daba cuenta de casos que tenían por finalidad intimidar a una población y que se debía aplicar la normativa” .
Incluso el mismo Presidente Piñera ha sido tajante al respecto. El día 13 de agosto de 2009 declaró en TVN: “En la Araucanía se han cometido hechos de terrorismo y el Gobierno en vez de aplicar la Ley Antiterrorista, salvo en dos excepciones, hace la vista gorda y cuando el Gobierno esconde la cabeza, la gente piensa que puede seguir actuando con impunidad”. (Que) “un puñado de delincuentes tengan de rodillas a todo un país es porque (el Gobierno) no esta cumpliendo con su deber” . Y otra más de nuestro mandatario, el día 16 de agosto de 2010, cuando ya los comuneros tenían cerca de un mes en huelga de hambre afirmando que: “existe información que permite ligar «el terrorismo que ha habido en la Araucanía con las FARC”. Agregando que «Hace algunos años, junto al senador Alberto Espina, denunciamos estos hechos, y entonces muchos negaron la evidencia. Hoy ha quedado demostrado que existe vinculación entre grupos terroristas chilenos y las FARC, afirmando que el Ejecutivo no tendrá «contemplación ni debilidad para combatir al terrorismo» .
Hoy, 24 de septiembre, comienza la mesa de diálogo que ha convocado el Gobierno. No se sabe si finalmente asistirán los voceros de los comuneros mapuches en huelga de hambre. Participarán representantes del Ejecutivo, intendentes, personeros de la Iglesia y varios dirigentes indígenas. Ojala rinda buenos frutos para evitar más muertes innecesarias en el conflicto mapuche. Y ojala que, al igual que en el caso de los 33 mineros, se invierta en convocar a los mejores especialistas en el tema (que en este caso no son ingenieros) y que en conjunto con los pueblos originarios puedan delinear una nueva política que sea más que un re-conocer o un nuevo trato, lo que será difícil viniendo de una coalición que históricamente ha perseguido a los mapuche y que tiene entre sus adeptos a los más acérrimos defensores de la aplicación de la Ley Antiterrorista, de la ocupación policial de la Araucanía y de la criminalización de la demanda mapuche.
