A partir del accidente del trabajo ocurrido en la Mina San José, y posteriormente en la cobertura del exitoso rescate, se pusieron en debate la búsqueda de falencias y, por tanto, de correcciones en el sistema de protección de la seguridad de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. El Presidente, incluso ha convocado una Comisión para proponer reformas en la materia, tarea difícil para una instancia presidida por una persona que desconoce la materia, sin participación alguna de los organismos fiscalizadores y con la evidente ausencia de los trabajadores en la mesa. Hasta ahora, el silencio de esa comisión ha sido su más importante mensaje.
La tarea de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores y trabajadoras tiene, evidentemente, múltiples aristas, las que podríamos agrupar en tres: prevención de accidentes, papel de los organismos fiscalizadores y mecanismos para que los trabajadores puedan defender por sí mismos sus condiciones de trabajo. Pretendo aquí referirme a la segunda.
Porque de estas tres materias, sin duda, la necesidad de mejorar la fiscalización es la que más fácilmente recorre las mentes, inflama las gargantas y acelera los teclados. Sin embargo resulta ser una dimensión donde se debate muy fácilmente desde el lugar común y donde el rigor no siempre reina en la conversación. Creo por ello relevante referirme a algunos que creo son lugares comunes que tienden a nublar el terreno más que a despejarlo.
Lugar común 1: Faltan fiscalizadores
Siempre faltan fiscalizadores, esto es de Perogrullo. Pero la pregunta es si el suplir esa carencia impactaría de forma importante en la reducción de la accidentabilidad. En lo personal, creo que no. Para muestra, dos botones, a falta de uno: la propia Mina San José, uno de los yacimientos más fiscalizados de la Región, con múltiples suspensiones de faena por parte de la Dirección del Trabajo y Servicio de Salud y con recomendaciones expresas de Sernageomin respecto de su funcionamiento.
Un segundo caso, Tur Bus, empresa que, al igual que todas las del transporte carretero de pasajeros ha sido fiscalizada constantemente durante los últimos diez años por incumplimientos de jornada laboral y que tras el accidente en el Río Tinguiririca en mayo de 2006, fue objeto incluso de una investigación del Ministerio Público, ha seguido teniendo accidentes producto del exceso de jornada de sus conductores, el último en los mismos días en que se rescataba a los mineros desde el fondo de la tierra.
Lugar Común 2: Falta información y educación
De la misma forma que el anterior, siempre es bueno contar con mayor información y educación, pero es evidente, a la luz de los casos más importantes de accidentes laborales en nuestro país, que no ha sido la falta de éstas la causa; sino que una serie de decisiones que se tomaron pasando por encima de normas o recomendaciones conocidas. Es el caso de las intoxicaciones por pesticidas, que abundan durante la temporada de la fruta, próxima a iniciarse, en las cuales los empleadores hacen ingresar temporeras a los fundos sin respetar adecuadamente los períodos de carencia de los tóxicos aplicados. O cuando los buzos mariscadores que ingresan a faenas de mantención salmonera bajan a muchos metros más de profundidad de lo que les permite la norma, su licencia y el sentido común, arriesgándose a la muerte o a severas secuelas por la presión y descompresión. No es falta de información; son decisiones erradas.
Lugar común 3: Hay que tener cuidado con aumentar las restricciones y sanciones porque se afecta a las PYMES
Las PYMES han sido el “escudo humano” predilecto de las grandes empresas a la hora de obstaculizar cualquier reforma que vaya en el sentido de proteger al trabajador. Siempre se les muestra como una criatura indefensa que hay que proteger y a la que hay que tolerarle sus imperfecciones, mientras crece. Esta falacia esconde algunos elementos importantes. En primer lugar, la proporción de faltas laborales es mayor en la gran empresa que en las PYMES; en segundo lugar, las PYMES no son la excepción, son la regla, pues contratan a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en Chile, por tanto, bajar estándares a las PYMES es bajarlo al conjunto del sistema laboral chileno. En tercer lugar, el que no incumple, no debe temer sanción. Finalmente, el principal problema financiero de las PYMES no nace de las multas laborales ni del costo de la mano de obra, sino que del retraso con que el Estado o las grandes empresas les efectúan los pagos, con el agravante de que deben asumir mes a mes el pago de IVA por facturas que no les han sido canceladas.
Lugar común 4: Mayor regulación laboral afecta el empleo
Este aserto, no sólo es de dudosa moralidad si lo aplicamos a aquellas regulaciones que protegen la vida de los trabajadores, sino que no tiene sustento práctico. Los períodos en que se ha incrementado el nivel de protección de la legislación laboral no han implicado reducciones importantes en el empleo, incluso se han verificado crecimientos importantes como la década de los ’90 en nuestro país. La economía productiva sigue dependiendo mucho más de las fluctuaciones comerciales que de los niveles de protección laboral. Es una ecuación que se repite con facilidad pero que finalmente niega la posibilidad de la sociedad de establecer estándares mínimos para el desarrollo de un trabajo decente.
¿Qué hacer?, ¿Por dónde avanzar?
Si asumimos que la mayoría de los casos los accidentes graves y fatales se generan en malas decisiones, la pregunta es qué hacer para desincentivar dichas decisiones. En muchos casos, la gran mayoría de los casos, la información es suficiente. La gran mayoría de los empresarios no desea arriesgar la vida de sus trabajadores, por cierto.
En otros casos, el pasar ocasionalmente por encima de alguna regulación, como por ejemplo la jornada laboral, o la ausencia de elementos de protección personal puede aumentar los factores de accidentabilidad, pero la empresa lo asume como un riesgo frente a una necesidad concreta y puntual. En ese caso la información no basta, pero la fiscalización, la suspensión transitoria de faenas o la multa pueden desincentivar su ocurrencia.
El problema mayor está en aquellas actividades que han constituido la organización del negocio sobre la violación permanente y persistente de la norma laboral. El empresario del transporte que no cuenta con conductores suficientes para mantener sus recorridos y sabe que el negocio se basa en el sobretrabajo de los disponibles; el empresario salmonero que paga poco a la empresa de buzos sabiendo que esta trabajará con mariscadores y no con buzos de profundidad; la Minera San Esteban que, de la mano de Bohn y Kemeny comenzó a horadar los pilares del yacimiento en busca de minerales de fácil extracción.
En ese caso, la multa ni la suspensión son suficientes; porque terminar con el incumplimiento sería echar por tierra la forma en que se organiza el negocio. El incumplimiento está en el centro del negocio.
En este punto tenemos carencias importantes aún en Chile. Los organismos fiscalizadores deben contar con mecanismos expeditos para sancionar la contumacia y la violación sistemática de la norma, mediante una clausura efectiva y expedita (y no con un procedimiento como el actual que se puede llegar a hacer efectivo con más de un año desde que se decretó).
La ley, por su parte, debe avanzar en la atribución de responsabilidades personales a los propietarios de las empresas, las que deben pasar al ámbito criminal en casos de accidentes graves o fatales. No se trata de penalizar todo accidente en la persona del propietario, pero sí de hacerlo severamente cuando se entiende que dicho propietario ha estructurado su negocio en función de la violación de la norma. Hay personas que protagonizan accidentes de tránsito y no pueden conducir nunca más. Asimismo, personas como Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny han demostrado que no debiesen tener la potestad de conducir ni organizar actividades productivas.
Finalmente, se requiere la condena de los pares. Los empresarios y sus gremios señalan en voz baja su rechazo a quienes tienen prácticas de violación de la norma laboral extremadamente evidentes, pero nunca condenan dichas prácticas en público. De la misma forma en que el país echó de menos una voz fuerte de la Cámara Chilena de la Construcción frente a las negligencias de algunos de sus asociados que tuvieron consecuencias directas el 27 de febrero, echamos de menos también un pronunciamiento de los distintos gremios de la minería respecto a la Minera San Esteban y sus dueños. Los mismos que nos decían todo el día “Cuídate, la riqueza de Chile eres tú… un mensaje de los mineros de Chile”, no han tenido la fuerza necesaria para marcar la raya que separe a quienes sufren accidentes propios de la peligrosidad de la faena extractiva, de los que los provocan con su estrategia de negocio. Especialmente silente ha estado la Sociedad Nacional de Minería, que agrupa a la pequeña y mediana.
Si el debate sobre la seguridad laboral llega a puerto y tiene mejor destino que las promesas presidenciales sobre el multirut, creo fundamental avanzar en esta distinción y buscar los mecanismos para que la acción del fiscalizador tenga efectos distintos en ambos casos. La verdadera distinción no es entonces por tamaño de la empresa ni por actividad, sino entre quienes desean cumplir la norma y quienes abiertamente se organizan para vulnerarlas.
