Este fracaso, sin embargo, no se puede atribuir sólo a Painepan. Es la consecuencia de una completa carencia de política indígena por parte del Gobierno, de una ausencia radical de propósitos, de una ambigüedad de antología, de una navegación sin brújula en medio de las turbulentas aguas del llamado “conflicto mapuche”.
Se esperaba la renuncia de Francisco Painepan a la dirección nacional de la Conadi. Aunque era un director bien intencionado y con cierta legitimidad, carecía del respaldo, de las habilidades y del peso político necesario para dirigir una institución en crisis y para hacer frente a uno de los temas más complejos que debe enfrentar la sociedad chilena en la actualidad.
Los hechos sintomáticos de su gestión serán su completa ausencia de la situación política generada por la huelga de hambre de los presos mapuches y la parálisis del Fondo de Tierras, que implicó la devolución de 40 mil millones de pesos que debieron destinarse a compras de tierras para las comunidades indígenas en 2010 y que terminaron en las arcas del Ministerio de Hacienda.
[cita]Se anuncia en la prensa que el nuevo director de Conadi será el contador de la familia de la ministra Von Baer y de varios terratenientes de la zona conocidos públicamente por sus conflictos con sus vecinos indígenas. El despropósito parece no tener límites.[/cita]
Este fracaso, sin embargo, no se puede atribuir sólo a Painepan. Es la consecuencia de una completa carencia de política indígena por parte del gobierno, de una ausencia radical de propósitos, de una ambigüedad de antología, de una navegación sin brújula en medio de las turbulentas aguas del llamado “conflicto mapuche”.
Se anuncia en la prensa que el nuevo director de Conadi será el contador de la familia de la ministra Von Baer y de varios terratenientes de la zona conocidos públicamente por sus conflictos con sus vecinos indígenas. El despropósito parece no tener límites.
Es de esperar que antes que se consagre el inicio de un nuevo ciclo de pérdida de tiempo, el gobierno se decida a emprender una agenda real: iniciar la consulta indígena para discutir la reforma constitucional que consagre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y dé curso a las reformas institucionales que permitan contar con un servicio público eficiente para atender los asuntos indígenas y a la vez crear uno o varios órganos representativos de los diferentes pueblos que habitan el país; cumplir los acuerdos con los presos mapuches y dejar de aplicar la ley antiterrorista, que en la práctica se ha convertido en un verdadero vicio procesal; retomar la compra de tierras para las comunidades priorizadas, acompañándo dicho proceso de las necesarias reformas anunciadas y hasta ahora nunca ejecutadas.
La otra opción es seguir perdiendo el tiempo.
