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Gendarmería: la reestructuración que falta

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Javiera Blanco
Por : Javiera Blanco Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana.
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Urge una reforma radical de Gendarmería, que divida los roles de custodia de los reclusos y los de rehabilitación. Por su formación militarizada, es difícil exigir a sus funcionarios capacidades en materias de rehabilitación, razón por la cual hoy es un área que está absolutamente deficiente.


El terremoto del 27 de febrero y la muerte de 81 presos tras el incendio de la cárcel de San Miguel en diciembre de 2010, confirmaron las precarias condiciones en que se encuentran las cárceles chilenas y de quienes se encuentran en ellas: sobrepoblación penal, alto nivel de hacinamiento, alto contagio criminal, escasez de programas de reinserción y rehabilitación y precario control de aquellas medidas alternativas a la cárcel.

Ante esto, el gobierno ha propuesto un plan integral, que considera el perfeccionamiento de Gendarmería; la construcción de nuevas cárceles; el fortalecimiento de las penas alternativas a la prisión; y cuatro medidas que buscan racionalizar el uso de los recintos penitenciarios.

Un primer paso en este sentido ha sido el nombramiento de un nuevo alto mando en Gendarmería, de cuyos oficiales se espera sean agentes transformadores de mejores estándares de gestión y cuya especial preparación permita irradiar a los distintos estamentos del servicio de prisiones.

[cita]Urge una reforma radical de Gendarmería, que divida los roles de custodia de los reclusos y los de rehabilitación. Por su formación militarizada, es difícil exigir a sus funcionarios capacidades en materias de rehabilitación, razón por la cual hoy es un área que está absolutamente deficiente.[/cita]

Respecto al objetivo de descomprimir los recintos carcelarios, el Gobierno ha planteado recientemente cuatro medidas, entre ellas, que las personas que no pagan multas y aquellos condenados por delitos menores, a los que se haya impuesto una pena inferior a un año, podrán sustituirla por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Asimismo, se propuso un régimen especial de cumplimiento  de penas, a través  de un indulto conmutativo. Respecto al otorgamiento de la libertad condicional, se elimina la intervención del Seremi de Justicia, pasando la decisión a ser resorte de los Ministros de las Cortes de Apelaciones.

No hay dudas que en el corto plazo este conjunto de medidas permitirá liberar un significativo número de plazas. Se ha tomado una importante decisión al apostar por un uso racional de la cárcel, por la rehabilitación y la reinserción de los internos –considerando que el costo mensual por recluso asciende a unos $300 mil-, evitando el contagio criminógeno de éstos especialmente en relación a quienes no presentan niveles de peligrosidad delictual o en los casos en que éstas se presentan bastante bajas.

Sin embargo, este esfuerzo del Gobierno por mejorar las condiciones en que viven más de 100 mil personas en el sistema penitenciario, aún presenta desafíos pendientes.

Urge una reforma radical de Gendarmería, que divida los roles de custodia de los reclusos y los de rehabilitación. Por su formación militarizada, es difícil exigir a sus funcionarios capacidades en materias de rehabilitación, razón por la cual hoy es un área que está absolutamente deficiente.

El Estado tiene el deber ineludible de hacerse cargo del control, rehabilitación y reinserción de las personas que cometen delitos. Para esto se necesitan instituciones especializadas, eficientes y transparentes.

Asimismo se debe diversificar la respuesta penal, crear alternativas reales con una eficaz supervisión y reinserción que se alcen como alternativas frente a la cárcel. La modificación a la ley 18.216 recientemente presentada al Congreso va en esa línea.

Tras el respaldo unánime de todos los sectores –parlamentarios, presidente de la Corte Suprema, técnicos- cabe esperar entonces avances rápidos al respecto. Un paso ha sido el anuncio del titular de Justicia. Sin embargo, estas medidas pueden sólo implicar impactos en el corto plazo, de no ir acompañadas por otras modificaciones integrales como la creación de una nueva institucionalidad y el desarrollo de adecuados programas de rehabilitación.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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