La controversia ético-política ha marcado desde los inicios al gobierno de la derecha, pues pareciera que ha reinado confusión a propósito de ciertos principios que son muy claros. La no distinción entre legitimidad y legalidad marcó la pauta, concretamente respecto de la necesidad de deshacerse de sus empresas oportunamente por parte del primer mandatario. A pesar de que hubo varios que advirtieron que no era bueno prolongar la decisión sobre el destino de las empresas, otros lo justificaron diciendo que esto no era ilegal. Es decir, el tema moral o la ética política, que rigen las normas del ejercicio del poder y las conductas que le son propias, importaban menos que un vacío legal del cual algunos pudieran valerse para su mejor conveniencia. Esto es lo que también ha sucedido en los inicios del caso Van Rysselberghe.
Parlamentarios de derecha salieron rápidamente a decir que la conducta de la ex intendenta no pasaba de ser una equivocación y que, en ningún caso, se había faltado ni a la legalidad ni a la ética. Con el correr de los días, los antecedentes se fueron acumulando y la crisis generada por la conducta de la señora Van Rysselberghe fue ahondando las diferencias entre los militantes de Renovación Nacional y la UDI. Desde la ausencia de probidad hasta violaciones de principios éticos-políticos fueron temas que aumentaron los factores de crisis al interior del gobierno y de los partidos que lo apoyan. Una situación que se hizo demasiado larga para los intereses del propio gobierno, pero, por sobre todo, para la causa del desarrollo democrático del país.
La situación anterior es grave, en la medida que va más allá de la defensa corporativa de un gobierno, de una autoridad o de un conglomerado político. En la medida que se violan con mucha ligereza principios fundamentales, esta situación afecta la ética democrática misma del país. Se atenta contra la necesidad de una información libre y un conocimiento transparente de las personas; se viola la necesidad de la igualdad ante la ley de los ciudadanos afectados en la zona de catástrofe y de los ciudadanos de todo el país, en general; se viola la confiabilidad de las personas en el sistema y se impone la creencia de que lo importante no es la mantención de estos principios, sino la protección de determinados intereses de grupos y sectores políticos de gobierno. Se abandona, con demasiada rapidez, la necesidad de perfeccionar un sistema mediante una gobernabilidad democrática, reemplazándola por un concepto de gobernabilidad sistémica, encaminado a mantener un cierto orden más conveniente para los intereses de los que manejan el poder. Se abandona la ética en aras del interés de determinados grupos políticos; se abandona el ejercicio de ser moralmente responsables frente a la ciudadanía, por falsas concepciones de interés partidario o de conveniencia de gobierno. Es decir, se sobreponen a los intereses del país y a los intereses de la ciudadanía, los intereses más pequeños de los partidos políticos y de aquellos que manejan el poder.
Grave, porque traspasa toda la composición de nuestra realidad nacional. Si no hay una ética política, nos parece mucho más difícil exigir una ética económica, en cuyo ámbito ya hemos visto que priman los intereses de las empresas y las prácticas de ciertas concepciones de la propiedad privada que generan, ambas, concentración de la riqueza que no contempla la ética de la justa distribución. El fin del desarrollo es mejorar la calidad de vida de las personas, que tiene que ver, no sólo con una mejor distribución para la satisfacción de las necesidades, sino que contempla también el perfeccionamiento de la democracia, nunca perfecta siempre perfectible. Nada de esto se puede lograr en una sociedad donde no se respetan las normas o el espíritu de las leyes, donde no se corrigen estas deficiencias y donde los gobiernos y los políticos se aprovechan de estos vacíos para sus propios intereses personales y corporativos.
La calidad de la democracia pasa, sin duda, por las leyes y por sus instituciones; por los principios éticos y morales con que se definen los sistemas de derechos y deberes que involucran a los ciudadanos y sus representantes. Sin ética política es imposible aspirar a una mejor democracia. La buena fe de los ciudadanos no puede ser asaltada por el manejo arbitrario de las autoridades y representantes. De esta manera, jamás se podrá garantizar el bien común, entendido éste como el bien de todos y de cada uno. El Estado es el garante natural de este bien común y de allí la obligación de quienes ejercen cargos -electos o de gobierno-, de trabajar por él. Son ellos los que deben garantizar que, en caso de conflicto, siempre primará el bien de todos por sobre el bien individual o por sobre el bien corporativo del grupo o del gobierno de turno. El pretendido epílogo de lavar la imagen manchada de la ética de algunos funcionarios y políticos de gobierno, termina con una renuncia que fue lamentablemente coronada por el panegírico que hizo de la ex intendenta el ministro del Interior y algunos de los partidarios del gobierno. La transparencia, como valor de la ética y la lealtad con la c iudadanía, pueden por esta vía ser postergadas indefinidamente.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
