Quienes creen que los niños y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y universal financiada por el Estado (como reza nuestra Constitución), deberían advertir que el financiamiento compartido constituye una realidad incoherente con esos principios. De hecho, tal y como existe en Chile, el financiamiento compartido no existe en ningún país desarrollado.
En estos días se ha celebrado la Semana de Acción Mundial por la Educación, la cual ha sido dedicada en Chile al tema de la segregación escolar. Hasta hace muy poco la segregación socioeconómica de las escuelas no era una preocupación en Chile. No es que la educación chilena no estuviese segregada, sino que los líderes de opinión, los actores del campo educacional y las autoridades políticas, no la veían como un problema.
Muchos se conformaban diciendo que la segregación es una realidad en todos los sistemas escolares; algunos se resignaban afirmando que la segregación escolar no tiene solución, porque las ciudades chilenas son segregadas; y otros enfatizaban que lo importante es mejorar la calidad de las escuelas y no preocuparse por la segregación. Sin embargo, hoy sabemos que esas opiniones no se corresponden con la evidencia científica: primero, porque Chile tiene uno de los sistemas escolares más segregados del mundo desarrollado y en vías de desarrollo; segundo, porque las escuelas y liceos chilenos son mucho más segregados que las ciudades en donde se localizan; y finalmente, porque la segregación dificulta el mejoramiento de los establecimientos que concentran a los alumnos más desaventajados. Afortunadamente, hoy existe una amplia conciencia sobre la importancia de reducir la segregación escolar en nuestro país.
[cita]Quienes creen que los niños y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y universal financiada por el Estado (como reza nuestra Constitución), deberían advertir que el financiamiento compartido constituye una realidad incoherente con esos principios. De hecho, tal y como existe en Chile, el financiamiento compartido no existe en ningún país desarrollado.[/cita]
Superado este primer gran paso, la pregunta ahora es cómo se puede pasar de la preocupación a la acción. Ciertamente, habría muchas cosas que hacer porque la segregación es el resultado de múltiples factores; sin embargo, proponemos comenzar por lo que nos parece más evidente y urgente: eliminar el efecto nocivo del financiamiento compartido (un cobro obligatorio que los sostenedores, especialmente privados, aplican a las familias que envían a sus hijos a establecimientos financiados por el Estado).
Es difícil no compartir la intención declarada por quienes defienden el financiamiento compartido: permitir que los padres que pueden y quieren, aporten dinero para el mejoramiento de la escuela a la que asisten sus hijos. Lamentablemente, como en tantos casos, las buenas intenciones no son suficientes para llegar donde se quiere: el financiamiento compartido se ha convertido en un factor de discriminación económica de los alumnos, una forma casi perfecta de “discriminación por precio”, sin que hasta el momento se haya documentado ningún efecto positivo sobre la calidad de las escuelas y liceos. Quienes defienden como un gran valor de la educación chilena la libertad de elección de los padres, deberían reconocer que el cobro impuesto por el financiamiento compartido es una de las grandes barreras a dicha elección, barrera más alta mientras más pobres son las familias. Quienes confían en que la competencia entre las escuelas es un motor del mejoramiento escolar, deberían ver en el financiamiento compartido una forma evidente de “competencia desleal”, especialmente entre las escuelas privadas y públicas. Quienes creen que los niños y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y universal financiada por el Estado (como reza nuestra Constitución), deberían advertir que el financiamiento compartido constituye una realidad incoherente con esos principios. De hecho, tal y como existe en Chile, el financiamiento compartido no existe en ningún país desarrollado.
Ciertamente, aunque a nuestro juicio el financiamiento compartido nunca debió existir en Chile, es difícil plantearse hoy su eliminación inmediata; en cambio, proponemos tres ideas para su eliminación gradual. Primero, hacer más progresiva la tabla de descuentos que aplica el Estado según el monto de la cuota; segundo, asociar todo aumento de la subvención escolar preferencial, a un aumento del grupo de alumnos a los que no se puede cobrar financiamiento compartido; tercero, hacer obligatoria la participación de las escuelas subvencionadas en la ley SEP, medida coherente con la nueva institucionalidad recientemente aprobada por el Congreso Nacional, o de lo contrario, definir un valor menor de la subvención regular que reciben estos colegios. Todas estas medidas fortalecerán el principio de que sea la preferencia de las familias la que guíe su acceso a los establecimientos financiados por el Estado y no su capacidad de pago o la selección por parte de los sostenedores.
