Se alzan voces reclamando una nueva Constitución para Chile. Es cierto que para la izquierda política el descontento con la carta de 1980 viene desde su nacimiento, pero parece que esta vez la demanda penetró los movimientos sociales y ciudadanos que hemos visto desfilando en las calles por diversas causas.
Parte de los argumentos siguen apuntando a su ilegitimidad de origen. Redactado en el marco de un gobierno de facto y luego ratificado en un procedimiento que no ofreció garantías democráticas, nuestro marco institucional estaría viciado desde el principio. Sin embargo, esta no es una razón invencible. Ninguno de los textos fundamentales que ha tenido Chile en su historia independiente ha sido elaborado por delegados democráticamente electos ni plebiscitados con los estándares que hoy se exigen como prueba de blancura. Desde el punto de vista estrictamente formal, nuestra actual Constitución no pasa bochornos comparándose con aquella de 1925 o 1833.
Más importante aún, en varias ocasiones –dos particularmente relevantes: 1989 y 2005- han sido todos los actores políticos con representación los que han concurrido a reformarla, saneando lo que en un comienzo pudiera estar torcido. Al sacar la firma de los ministros de Pinochet y añadir la suya propia, el ex presidente Lagos estaba haciendo justamente eso.
[cita]Una nueva Constitución ganaría en legitimidad y adhesión social, ambas cuestiones deseables en todo sistema político. Pero su introducción no es imperativa. Las instituciones chilenas funcionan relativamente bien desde una perspectiva comparada. Para las necesidades del Chile actual, reformar la ley electoral y modificar la carga tributaria parecen cuestiones más indispensables.[/cita]
Por lo anterior, el argumento decisivo para reemplazar el actual texto no está en su ilegitimidad de origen sino en su eventual incapacidad para dar cuenta de la transformación que ha experimentado Chile en los últimos 30 años. Puesto de otra manera, de lo bueno que sería tener un momento constitucional en nuestro país, una suerte de revival fundacional. Primero, porque nunca antes tantos chilenos habían estado tan preparados para participar de este tipo de conversación. El fenómeno de ciudadanos informándose y opinando sobre medioambiente, derechos homosexuales o educación es apenas un botón de muestra de lo que implicaría un proceso de socialización política que comprenda todas las bases del sistema. Segundo, porque su producto puede ser exhibido con orgullo como el mínimo común denominador de todas las fuerzas políticas y sociales de cierta relevancia. La Constitución chilena fue durante mucho tiempo un arma y un escudo de un sector contra otro, cuando por definición está llamada a ser punto de encuentro.
Es importante que los sectores que promueven el cambio constitucional asuman este primordial alcance. No se puede hacer campaña por un nuevo texto “sólo si contiene las disposiciones que a mí me gustan”. Descartado el Parlamento para llevar a cabo la tarea -es portador de varios de los virus que tienen a la gente encabritada– lo lógico sería convocar una asamblea constituyente. ¿Qué dirían los portavoces de la izquierda si los delegados democráticamente electos para participar en dicha instancia son mayoritariamente de tendencia UDI? ¿Calificaríamos el proceso de insanablemente nulo porque no obtuvimos lo que buscábamos? En una asamblea constitucional hay que estar dispuesto a transar y buscar acuerdos; el resultado no debe ser el reflejo de una nueva dispersión contingente de equilibrios políticos. Sin embargo, aunque el boceto final quede calcado al actual, el procedimiento en sí mismo parece terapéutico, energizante y especialmente motivador para las nuevas generaciones que no sienten vinculación alguna con un modelo político heredado de tiempos con otra lógica.
Tres llamados de atención son pertinentes. Las Constituciones -de eso se tratan- deben ser estables. La nuestra es relativamente nueva. Aunque todas las generaciones tienen derecho a reclamar una épica distintiva, no sería conveniente que todas exijan su derecho a una nueva Constitución. Luego, es necesario enfriar la cabeza de quienes piensan que una Carta Fundamental le cambia la cara a una nación de la noche a la mañana. No seremos un país desarrollado a partir un conjunto de artículos e incisos. Para eso se requieren transformaciones adaptativas que no se agotan –¡algunas ni siquiera comienzan!- con una nueva ley suprema. La cultura del trabajo bien hecho, del respeto al otro o del fomento a la confianza interpersonal son tan decisivas como un set positivo de reglas del juego. Finalmente, hay que recordar que ningún gobierno de 4 años –de derecha o izquierda- parece tener incentivos en acometer una empresa semejante. Son tantas las tareas urgentes que éstas natural y pragmáticamente tienden a desplazar a las importantes.
En síntesis, una nueva Constitución ganaría en legitimidad y adhesión social, ambas cuestiones deseables en todo sistema político. Pero su introducción no es imperativa. Las instituciones chilenas funcionan relativamente bien desde una perspectiva comparada. Para las necesidades del Chile actual, reformar la ley electoral y modificar la carga tributaria parecen cuestiones más indispensables.
