Los tiempos han cambiado. Estamos frente a una nueva democracia: hoy a ésta se le exige más participación. Tenemos que lograr una sociedad más inclusiva en Chile. El andamiaje político que emerge a principios de los 90 está obsoleto, desgastado, y ahora tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en un nuevo sistema institucional, que responda a las exigencias de nuestros tiempos. El debate se ve más promisorio pues las fuerzas políticas de gobierno y oposición aparecen más abiertas a tratar temas “que no son tabúes” al decir de un ministro.
El primer desafío es tener más y mejor democracia. La calidad de la política, entendida como la capacidad de construir acuerdos de largo plazo en beneficio del país, resulta clave para el éxito de cualquier sociedad moderna. En último término, la democracia consiste en que los ciudadanos decidan sobre cuáles son los bienes públicos que se deben garantizar a toda la población, sin excepciones, y cuánto se debe invertir en ellos. En una sociedad democrática, los individuos son iguales en derechos y deberes.
Creo firmemente que es necesario avanzar hacia una mayor legitimidad de nuestro sistema democrático. Las movilizaciones ciudadanas nos abren un espacio nuevo para mejorar la política y recuperar su prestigio. Todos estamos de acuerdo que nuestra democracia debe mejorar sus prácticas, si quiere recuperar la confianza de los chilenos.
Mejorar nuestra democracia
La inmensa mayoría se opone a que nuestro Congreso se pueble de senadores y diputados designados por cúpulas políticas, sin tomar en cuenta la opinión de la gente, como ha ocurrido últimamente. No es legítimo nombrar ministros a legisladores, estos son reemplazados a través de un sistema de excepción que se diseñó solo para suplir la ausencia de parlamentarios inhabilitados o que fallecen.
Señalé hace muchos años que el sistema binominal iba a conducir a senadores y diputados designados. El urgente reemplazo del sistema binominal tiene que considerar un sistema proporcional corregido. Los partidos deben poder designar tantos candidatos como cargos a elegir y hacer listas de partidos afines y formar coaliciones nacionales. El elector no estaría obligado a elegir entre un número reducido de candidatos. Hay que generar más competencia en las elecciones.
Debemos establecer primarias vinculantes e inscripción automática y un Tribunal Electoral, para garantizar transparencia en los Partidos Políticos.
No temamos al establecimiento de plebiscitos vinculantes sobre temas de interés nacional. Hagamos posible que un número importante de ciudadanos tengan iniciativa legislativa y/o para derogar leyes mediante plebiscito llamado al efecto y donde participe una clara mayoría ciudadana para legitimar la convocatoria del mismo.
Tenemos también que definir un rol distinto para el Estado. Este tiene que jugar un papel activo para garantizar todos y cada uno de los bienes públicos que definen y exigen los ciudadanos, como la educación de calidad. El Estado debe garantizar constitucionalmente ese bien público, con acceso a todos y en condiciones similares. La gran mayoría de los chilenos está de acuerdo que la educación es responsabilidad del Estado.
Acuerdo para educación
Junto a las reformas políticas, existen espacios para alcanzar un acuerdo educacional amplio, en donde la garantía del Estado se exprese, en la enseñanza básica y media, en la necesidad de establecer un sistema de administración descentralizado en una Corporación Educacional que sirva a varias comunas, que mejore la situación actual. Puede haber municipios que sigan a cargo de la educación, cuando tienen un tamaño adecuado, y otros deben agruparse en corporaciones de derecho público para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. El administrador de esa Corporación debe ser escogido por el Sistema de Alta Dirección Pública, nombrado por el Ministro de Educación y aprobado por el Consejo de la Corporación, en el cual estarán los alcaldes de las comunas que dicha Corporación sirve, además de otros representantes de la comunidad que determine la ley. Así, sería el Estado el responsable de la Educación Pública que se imparte.
Se debe establecer una Superintendencia para la Educación Superior donde se consagre el principio que las universidades no tienen fines de lucro, al igual que los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Producto de lo anterior, el Estado debe garantizar el acceso a la educación superior a todo joven chileno sólo de acuerdo a sus méritos, independiente de su condición económica. Esto requiere, según cálculos recientes, entre 1,5 a 2 por ciento del PGB de Chile. Es una cifra más que respetable y, por lo tanto, para ser serios en su financiamiento hay que avanzar en una reforma tributaria.
Reforma tributaria
Cada vez más actores de nuestra sociedad se convencen de que es necesario impulsar una reforma tributaria que genere un progreso sustancial en la distribución del ingreso antes y después de impuestos. No es posible ser un país que quiere estar a la altura de sus nuevos colegas de la OECD y tener un sistema tributario que no modifica la estructura primaria de distribución de ingreso.
Todas las mejoras que se han logrado en estos 20 años se han efectuado focalizando adecuadamente el gasto fiscal. Este esquema está agotado.
Los países con mayor desigualdad en el ingreso tienen peor calidad de vida, de acuerdo a todos los parámetros e indicadores. Chile hoy no tolera los niveles de desigualdades y diferencias sociales existentes. Pero lo que hagamos para cambiar esta realidad no debe ser visto como una amenaza por quienes tienen más recursos: es una oportunidad de construir una sociedad más sana y estable, donde todos pueden vivir mejor.
Acuerdo energético
Creo que se necesita establecer los lineamientos de una política energética nacional, definida por el Estado, por los ciudadanos, y no simplemente por el mercado. Hoy tenemos una electricidad cara y con un alto grado de concentración, tanto desde el punto de vista de la generación eléctrica en el Sistema Interconectado del Norte Grande, como del Sistema Interconectado Central: en éste, 3 empresas tienen más del 80% de toda la energía que se consume. Por lo tanto, se crean, al parecer, rentas de carácter monopólico muy grandes.
Nuestro sistema energético requiere decisiones estratégicas de mediano plazo, con medidas que no son fáciles, pero que son indispensables si queremos mantener nuestra posición competitiva en la región. Lo importante es que los ciudadanos sientan que las decisiones que se adoptan van también en su beneficio y no solo a unos pocos.
Hacia una democracia más justa
Esto es lo que está detrás de la protesta de la ciudadanía. Las personas sienten que el sistema no los protege a ellos, que hay abusos y desigualdades. No protege a aquel que necesita un crédito, porque se fijan intereses excesivos. No protege a aquel que se enferma y compra remedios en farmacias coludidas. No protege cuando ve que la legislación laboral para defender sus derechos es ineficiente. No protege cuando algo tan elemental como el derecho de huelga no ha podido modificarse para establecer un real derecho de huelga.
No protege cuando, al momento de jubilar constatan que, probablemente, lo que aportó durante toda su vida, le alcanzará a lo sumo para una modesta pensión equivalente a la pensión mínima que garantiza el Estado: más del 50% de los que están en las AFP hoy día no tendrá acceso a algo mejor que la pensión mínima. No protege a aquel que hace un gran esfuerzo para tener una Isapre y no sabe cómo elegir el programa que más le conviene, dentro de más de 3 o 4 mil distintos.
Es necesario entonces responder a estas demandas ciudadanas con altura de mira, logrando acuerdos para poder legitimar la actividad pública. Los niveles de aprobación a todos los conglomerados políticos exigen una respuesta rápida y clara, si queremos seguir progresando como lo hemos hecho en las últimas décadas.
No es posible hacer parches, como si nada hubiera ocurrido. No es posible seguir legislando con una computadora en la mano, para ver si las modificaciones me convienen o perjudican. Veo que hay sectores de gobierno y de oposición que han entendido el mensaje de las marchas ciudadanas, abriendo espacio para avanzar en grandes reformas que durante años estuvieron clausuradas, como si sus reglas hubiesen estado escritas sobre roca.
Pensemos en que estos grandes acuerdos serán víables, durante la primavera que está por llegar.
Si se logran estos acuerdos fundamentales para el país, se habrá dado el primer paso para recuperar la legitimidad de la ciudadanía y los valores éticos que están detrás de estos consensos.
Las aspiraciones ciudadanas no deben ser consideradas como un problema, sino como una oportunidad. Es a través de estas expresiones que Chile, en toda su historia republicana, ha dado pasos de progreso a una etapa superior, desde las primeras leyes laborales, el voto de la mujer y la recuperación de la democracia.
Hoy estamos frente a uno de esos momentos, que pueden profundizar la calidad y la densidad de nuestra vida democrática y del bienestar común.
Quienes juegan un rol de dirección política, social y moral deben responder a ella, con grandeza y con sensibilidad.
Son momentos de esperanza, de reflexión y de apertura que surgen de las nuevas aspiraciones de estos ciudadanos, hijos de la democracia.
Son momentos para acelerar la historia patria para bien de todos sus hijos.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
