Hace 6 meses, junto a mi colega Claudio Frites, escribimos una columna donde exponíamos datos que nos llamaron la atención. Al indagar en el proceso de acreditación de las carreras universitarias chilenas, básicamente se podía observar que quien paga por acreditarse se acredita (97%). También vimos que las carreras con mayores índices de acreditación son las que por obligación tienen que hacerlo (Pedagogías y Medicina), junto con constatar una suerte de distribución del mercado de carreras por parte de las agencias, donde Acreditacción y Akredita QA, eran seleccionadas por el 83% de las pedagogías del segmento no perteneciente al CRUCH, así como la CNA, por el 83% de las carreras del área Salud del CRUCH. Además, hicimos énfasis en la falta de indicadores objetivos que permitan comparar las acreditaciones realizadas por distintas agencias a las diversas carreras que lo solicitan.
Durante las últimas semanas, dos artículos publicados en Ciper y en El Mostrador, han vuelto a cuestionar el sistema de acreditación, reafirmando los datos encontrados en nuestra indagación, junto con abrir el espectro hacia la acreditación institucional (existen dos tipos de acreditación; institucional y de programas de pre y post grado), revelando explícitos conflictos de interés que parecen justificar la alta tasa de acreditación (llegó al 100% durante el año 2010 a nivel institucional). Queda en evidencia la poca claridad de lo se mide, el vínculo perverso entre el CAE y la acreditación y en definitiva la falta de legitimidad de un sistema que tiene como objetivo, acreditar la calidad de las instituciones y programas que se dictan en ellas.
Aquí, ante las múltiples explicaciones de los profesionales involucrados en los conflictos de interés, resulta pertinente preguntarse ¿qué entendemos por conflicto de interés? Un conflicto de interés resulta de la posibilidad de obtener beneficios personales o corporativos a partir de un cargo que se ejerce con otro objetivo. En ese sentido todos los ejemplos presentados tienen algún grado de conflicto de interés.
Y ante tamaña evidencia de un sistema que pierde legitimidad día a día, surge otra interrogante: ¿es necesario tener un sistema de acreditación de la educación superior, o mejor le prendemos fuego y dejamos que el mercado haga que las Universidades de baja calidad desaparezcan?.
Acá aparece otro tema relevante, como bien lo indica Meller: las universidades no compiten vía precio (si lo hicieran, a mayor demanda, menores serían los aranceles). Actualmente compiten por publicidad, lo cual evidentemente hace que los aranceles suban y que la publicidad sea pagada por los estudiantes (y que los medios de comunicación sean beneficiados, de paso). Como parte de la publicidad, un rol importante juega el tener algunos años de acreditación, que las instituciones se encargan de resaltar y que supuestamente reflejan una diferencia del resto. Cox comprueba que los resultados de la prueba Inicia no tienen relación con los años de acreditación de las carreras de pedagogías, resultado consistente con nuestra indagación, donde el 95% de las carreras de pedagogía son acreditadas en promedio por más de tres años.
Dejar todo en manos del mercado no está dando resultados, si queremos una educación de calidad y una adecuada asignación de recursos. En ese sentido, el tener un sistema de acreditación idóneo resulta fundamental, siempre y cuando funcione como ente regulador autónomo, con atribuciones y sanciones que permitan cumplir los objetivos necesarios.
En base a lo anterior, me permito esbozar una propuesta en esa línea, abordando los aspectos que hoy día tienen al sistema cuestionado.
1.- La designación de los integrantes de la CNA debe ser realizada por el Congreso y no por las propias Instituciones que serán evaluadas, como lo es en la actualidad. El periodo de duración puede ser de 5 años y una vez terminado el periodo, se le continúa pagando el salario por un año a fin de que no pase de regulador a regulado.
2.- Los integrantes de la CNA y de las Agencias Acreditadoras no pueden tener vínculo vigente o terminado recientemente (menos de un año) con las Instituciones que evalúan. En caso de existir, deben abstenerse de participar (y esto debe cumplirse).
3.- Para las resoluciones de la CNA referente a la acreditación Institucional, debe haber al menos un 75% de los miembros con derecho a voto presentes, no considerando las abstenciones dentro del porcentaje. No es serio que el 33% que llegó termine votando la acreditación, como ha ocurrido en la actualidad.
4.- Para la acreditación de carreras se debe definir indicadores objetivos que permitan la comparación entre las distintas evaluaciones realizadas por las agencias.
5.- Las carreras que deseen someterse al proceso deben solicitarlo a la CNA, y ésta designar a una agencia en forma aleatoria. La CNA es quien contrata a la agencia y autoriza su evaluación.
6.- Sistema de información claro y objetivo gestionado por la CNA, referente a los programas e instituciones y la situación de cada uno de ellos.
7.- El proceso de acreditación debe implicar sanciones a quienes no lo obtienen (cierre de carreras y eventualmente de Instituciones luego de tres procesos).
8.- Aportes públicos (becas y créditos), deben ser otorgados a instituciones y carreras acreditadas. Permanece en ese sentido el vínculo CAE – Acreditación, pero bajo nuevas condiciones que cambian el escenario actual.
Esta propuesta pretende ser un punto de inicio a un debate que permita mejorar el sistema actual, y por lo tanto, admite críticas y aportes, que por cierto estén en la línea de perfeccionar el sistema y no lo que hicieron los parlamentarios en su momento con más de 800 indicaciones y que terminó en lo que actualmente tenemos, invocando a una supuesta libertad de enseñanza.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
