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Tiempo de experimentos

Ximena Abogabir
Por : Ximena Abogabir Integrante del Directorio, Fundación Casa de la Paz y Miembro del Panel de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo - BID
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Hasta ahora, convocar dirigentes sociales, invitarles a participar en una Mesa de Trabajo, identificar y priorizar necesidades y financiar proyectos a través de un Fondo Concursable, era la receta para establecer relaciones colaborativas entre el sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, ello fue derivando hacia una relación asistencialista, de mutua manipulación.


En Casa de la Paz nos ha quedado claro: más de lo mismo no es suficiente. Las mejores prácticas de gestión social de los grandes proyectos de inversión, no están dando el resultado esperado, ni para las empresas ni para las comunidades.

Hasta ahora, convocar dirigentes sociales, invitarles a participar en una Mesa de Trabajo, identificar y priorizar necesidades y financiar proyectos a través de un Fondo Concursable, era la receta para establecer relaciones colaborativas entre el sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, ello fue derivando hacia una relación asistencialista, de mutua manipulación. La empresa intensificaba sus esfuerzos cada vez que requería un permiso ambiental o minimizar el impacto comunicacional de algún problema; y la comunidad hacía un acto de fuerza, como tomar el camino o una denuncia ante la prensa, cuando aspiraba a aumentar el monto de las donaciones.

[cita]Hasta ahora, convocar dirigentes sociales, invitarles a participar en una Mesa de Trabajo, identificar y priorizar necesidades y financiar proyectos a través de un Fondo Concursable, era la receta para establecer relaciones colaborativas entre el sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, ello fue derivando hacia una relación asistencialista, de mutua manipulación.[/cita]

Asumimos que los tiempos han cambiado, junto con las expectativas de las comunidades de incidir en las decisiones que les afectan. Por ello hemos rediseñado nuestras propuestas en los territorios, aumentando su complejidad y la naturaleza de los actores que requieren estar involucrados.

En primer lugar, reconocemos que las intervenciones requieren ser integrales, es decir, no basta intentar avanzar en una problemática –por ejemplo, la ambiental- si no se abordan simultáneamente complejidades sociales tales como la falta de empleos dignos, la drogadicción, o la violencia interfamiliar. También entendemos que las relaciones bilaterales entre empresas privadas y comunidades derivan hacia el asistencialismo (con la complicidad tanto de los ejecutivos a cargo como de los mismos dirigentes), lo que no abre un camino hacia el desarrollo, sino por el contrario, aumenta el paternalismo y la dependencia. Por ello, concluimos que es fundamental involucrar a los gobiernos locales y a otras entidades públicas y privadas con presencia en el mismo territorio, tales como establecimientos de educación superior, otras empresas privadas, ONGs especializadas en temáticas complementarias. Finalmente comprendimos que, para que una intervención sea percibida como legítima, debe contemplar diversas fuentes de financiamiento, no sólo recursos provenientes de la empresa privada responsable del impacto. Para ello, comenzamos por iniciar la búsqueda de fondos públicos y de valorar en términos de HP (horas persona) el tiempo que la comunidad destina al proceso de involucramiento, como una forma de visibilizar los distintos aportes.

También asumimos que ninguno de los actores está preparado para abordar este complejo e innovador sistema de relaciones, por lo cual es preciso instalar nuevas capacidades en todos ellos. El municipio, natural “dueño de casa”, requiere fortalecer su gestión ambiental y comunitaria; los dirigentes necesitan mejorar su capacidad de interacción y negociación; las empresas precisan alinear su discurso con sus operaciones. Y toda esta alianza debe ser facilitada para efectivamente crear el impacto colectivo que se requiere.

Para avanzar, es preciso identificar el punto de convergencia entre las respectivas agendas, de modo que todos los actores se sientan equivalentemente beneficiados con el esfuerzo; se requiere acordar indicadores compartidos de éxito; el compromiso debe ser de largo plazo, entre muchos otros desafíos. Todo lo anteriormente mencionado agrega complejidad a la iniciativa, pero abre una ventana de posible éxito duradero.

Nadie dice que esto sea sencillo. Sólo que en Casa de la Paz nos hemos puesto en marcha simplemente porque estamos convencidos que no queda mejor opción que intentarlo.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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