Hinzpeter y el enemigo

No son pocos los desaciertos que se han acumulado como parte del accionar del actual ministro del Interior. El problema no ha sido el que las acusaciones hayan carecido de las pruebas necesarias que logren el convencimiento de los Tribunales de Justicia, pues esta es una consecuencia propia del trabajo jurídico, el acusador no siempre juega a ganador. Lo preocupante es el marco interpretativo que sostiene la política criminal de La Moneda. Recordemos que históricamente, la derecha –tanto en nuestro país como en otras latitudes– llega al poder enarbolando esa bandera que llaman “la lucha contra la delincuencia”. Por ejemplo, el Presidente en su programa, hablaba de ganar la “batalla a la delincuencia”, “el combate a la delincuencia”, o “combatir eficazmente la delincuencia”. Algo similar solemos oír en las declaraciones de Ministros, políticos y parlamentarios de la Alianza.

Lo llamativo es el lenguaje belicista empleado, el cual tiende a presentar al delincuente como un enemigo de los ciudadanos decentes, estrategia que se amplifica si el agresor es indígena, pakistaní o anarquista. Este movimiento discursivo no es una casualidad, pues apunta hacia el diseño de una política conocida como derecho penal del enemigo. Esta sostiene en síntesis, que existen una serie de personas que han hecho de la delincuencia su modo de vida, de ahí que, al posicionarse fuera de los márgenes del derecho, no puedan ser tratados de la misma manera que a un ciudadano que delinque de forma excepcional, justificándose por ello, su racionalización como enemigos de la sociedad. Como ha reflexionado José Núñez (Un análisis abstracto del Derecho Penal del Enemigo a partir del Constitucionalismo Garantista y Dignatario, Rev. Política Criminal, Vol. 4 n° 8), lo anterior supone dejar de considerar a estos delincuentes como ciudadanos, al carecer del necesario apoyo cognitivo que las normas deben tener para ser respetadas, apoyo que los ciudadanos sí imprimen a su actuar, lo que justifica la presentación de leyes que criminalizan la protesta pública o la conceptualización del conflicto mapuche como “terrorismo”.

Un ejemplo que va en el sentido de la tesis que afirmamos, lo tenemos en el último informe de la Global Commission on Drug Policy Report. En este, se formula una fuerte crítica a la conceptualización de las políticas públicas contra la drogadicción como una guerra. Se indica, por ejemplo, que “el punto de partida para esta revisión es el reconocimiento que el problema mundial de las drogas es un conjunto de desafíos sanitarios y sociales interrelacionados a ser administrados, antes que una guerra a ser ganada”, que la labor represiva sólo ha traído un aumento de la violencia, la marginalización, el mercado negro y la inseguridad o que las políticas públicas deben respetar en todo momento los derechos humanos y no violarlos sistemáticamente como ha ocurrido en México o Centroamérica.

Esta concepción de la guerra, sin embargo, atenta contra la idea liberal, que ve a toda persona como portadora de una dignidad, la cual obliga a tratarla siempre como algo valioso y respetable. La reacción razonable en una democracia, no debe ser el trazado de fronteras entre “nosotros y ellos”. Estos criterios de jerarquía, degradan, pues remiten según la literatura especializada (E. Goffman, Estigma; M. Nussbaum, El ocultamiento de lo humano) a elementos de un tipo de agresión narcisista deseosa de mantener el control sobre nuestro medio, estigmatizando a aquellos que no satisfacen nuestras expectativas normativas, juzgándonos a la larga, como una suerte de tejido sano, que “ellos” contaminarían.

En consecuencia, en el Chile de hoy ¿esto es lo que queremos hacer? ¿formar parte de una sociedad en guerra? Lamentablemente en las guerras no existen ganadores, todos perdemos.