Tenemos la convicción de que el paternalismo sólo se terminará cuando desde el Estado y la sociedad chilena dejemos de imponer un determinado modelo o proyecto de desarrollo y de vida a los pueblos indígenas, y respetemos aquellos que sean definidos por ellos.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, tras encabezar el IV Consejo de Ministros sobre pueblos originarios el 15 de marzo recién pasado, informó sobre los supuestos avances en la política pública del gobierno referida a los pueblos indígenas. Al hacerlo, sostuvo que “el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha hecho un cambio radical en política indígena para que exista de verdad un reconocimiento a nuestros pueblos originarios”.
Entre los temas que el ministro Larroulet destacó para sustentar sus dichos se encuentran las políticas desarrolladas por el gobierno en materia de desarrollo productivo de las tierras indígenas, así como el diálogo sostenido con pueblos originarios. En el primer ámbito, el ministro destacó que durante el 2011 se aumentó en un 956% las familias beneficiadas por el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), las cuales alcanzaron las 26.400, en comparación a las 2.500 de 2010”. Ello mediante la entrega de recursos, tecnología y capacitación.
Aparte del hecho de que el punto de comparación no resulta idóneo, dado que el gobierno subejecutó el presupuesto destinado a políticas indígena durante el año 2010 (con un 76% no ejecutado en el caso de los fondos destinado a tierras y un 32% en el caso del presupuesto destinado a desarrollo indígena), lo que el Ministro Larroulet no señala es que el apoyo productivo ─más allá del PDTI─ ha estado fundamentalmente orientado a promover la asociatividad de las comunidades indígenas con el mundo empresarial. Se trata de una asociatividad a través de la cual se pretende hacer funcional las actividades productivas indígenas con las opciones económicas del gobierno. Tales opciones, como sabemos, buscan la inserción de Chile en los mercados globales a través de la exportación de recursos naturales, recursos que se encuentran mayoritariamente en los territorios de los distintos pueblos indígenas. Ello es particularmente evidente en el caso de la Araucanía, cuyo intendente, un ingeniero forestal vinculado a la empresa de los monocultivos forestales, ha sido líder en la promoción del “emprendimiento” mapuche para surtir a las empresas celulosas de materia prima barata para sus negocios.
[cita]Tenemos la convicción de que el paternalismo sólo se terminará cuando desde el Estado y la sociedad chilena dejemos de imponer un determinado modelo o proyecto de desarrollo y de vida a los pueblos indígenas, y respetemos aquellos que sean definidos por ellos.[/cita]
El ministro no indica asimismo que con esta política no se está respetando el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de su propio desarrollo, como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, ya que se condiciona el apoyo a las comunidades a su inserción en la actividad económica que el gobierno pretende imponer.
Nada señaló también respecto de que para aquellos indígenas que se han opuesto a la expansión de iniciativas de desarrollo que han tenido graves impactos ambientales y socioculturales en sus territorios, como las plantaciones de monocultivos forestales, el actual gobierno ha impulsado otra política que ha resultado en la persecución de líderes indígenas mediante leyes especiales, como la ley antiterrorista, o ha hecho uso de la fuerza represiva de la policía, afectando la integridad de comunidades enteras, incluyendo a niños y ancianos.
Lo que el ministro tampoco comentó es que para que exista desarrollo territorial indígena es necesario primeramente que los pueblos indígenas cuenten con tierras suficientes para ello, debiendo desarrollarse para estos efectos programas que aseguren la protección de las actuales tierras indígenas o la restitución de sus tierras de propiedad ancestral que les fueron confiscadas por el estado, a través de distintos mecanismos a lo largo de la historia. Ello conforme a normativa internacional, como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, que el propio estado de Chile ha suscrito y apoyado.
Es evidente entonces que el gobierno tiene un rezago en esta materia, ya que en los dos últimos años ha entregado sólo 13.639 hectáreas por vía del subsidio para la adquisición tierras en conflicto jurídico (art. 20 letra b), en tanto que la superficie adquirida por vía de subsidios individuales, para comunidades o parte de comunidades (art. 20 letra a), es todavía una incógnita dado que no existen datos oficiales o éstos son confusos en el portal web de Conadi.
En cuanto al “diálogo” con los pueblos indígenas, el ministro Larroulet sostuvo en la oportunidad: “dijimos no más paternalismo, sino que dignidad a través del diálogo y hemos cumplido: nuestro gobierno ha fomentado el diálogo y aumentado la participación de los pueblos originarios. Hasta la fecha se han realizado 70 mesas de diálogo, 200 talleres de consulta y hay 26 consultas en ejecución.”
Al respecto cabe señalar que el diálogo al que se refiere el ministro se sustenta en un proceso de consulta sobre institucionalidad indígena ─incluyendo la reforma constitucional sobre pueblos indígenas; la creación de una Agencia de Desarrollo Indígena; la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas; un mecanismo para futuras consultas; y un reglamento de evaluación de impacto ambiental─ convocado unilateralmente por el gobierno durante 2011. Se trata, como el ministro sabe, de un diálogo que debió ser suspendido debido a la crítica de las organizaciones de los pueblos indígenas, como consecuencia de su inadecuación con los estándares internacionales de derechos humanos que les son aplicables, en particular el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile. Fue en virtud de esta misma crítica que el ministro Lavin, en el mes de septiembre de 2011, anunció formalmente la paralización de dicho proceso, y la concentración de los esfuerzos del gobierno en establecer un mecanismo de consulta que sería luego sometido a consideración de los pueblos indígenas en un plazo que no superaría el último trimestre del año pasado.
Sin embargo este compromiso, aunque el ministro Larroulet no lo haya señalado, no ha sido cumplido por el gobierno. Por el contrario, se ha seguido adelante con iniciativas de consulta como aquella relativa a la extensión del subsidio forestal DL 701, desarrollada por la CONAF, que siguió su curso hasta hace poco no obstante la oposición indígena.
Larroulet no señaló a su vez que en el caso de los proyectos de inversión productivos en territorios indígenas, el actual gobierno lejos de impulsar un diálogo en torno a su materialización o basado en la consulta de buena fe y con miras a llegar al consentimiento de los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio169, ha promovido la aplicación a los pueblos indígenas del procedimiento informativo de la ley ambiental, en el cual la opinión de las comunidades no resulta vinculante, como si acontece en el caso del Convenio 169.
Por todo lo anterior, cabe señalar que lejos de un cambio radical en la política indígena, hay una clara continuidad en las políticas que el estado impone a los pueblos indígenas y que se intenta ocultar.
Finalmente, no podemos dejar de representar al ministro Larroulet su referencia al paternalismo. Tenemos la convicción de que el paternalismo sólo se terminará cuando desde el Estado y la sociedad chilena dejemos de imponer un determinado modelo o proyecto de desarrollo y de vida a los pueblos indígenas, y respetemos aquellos que sean definidos por ellos. También cuando dejemos de hablar de “nuestros” pueblos originarios, ya que lejos de pertenecernos como él parece pensar, dichos pueblos son ─como lo señala la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada con el voto favorable de Chile el 2007─, pueblos libres de autodeterminarse política, económica y culturalmente.
