La idea de un Alcalde Mayor, casi universalmente aceptada en ciudades grandes, se topa en Chile con la concentración en la Región Metropolitana del 40% de la población; 77% del PIB del sector de servicios financieros; 45% del sector manufacturero; 64% del comercio minorista; 52% del transporte y comunicaciones, y 43% de la construcción, lo cual hace evidente la profunda disparidad del desarrollo regional e ilustra la débil distribución de habitantes en ciudades intermedias según parámetros de la OCDE.
El jueves 21 de junio se realizó el foro “Gobierno de la Ciudad” organizado por las universidades Católica, De Chile y Diego Portales. Fueron invitados la senadora Soledad Alvear, la candidata a alcaldesa por Santiago, Carolina Tohá y José Ramón Ugarte, secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).
En el encuentro se plantearon diferentes formas de abordar la falta de gobierno de las ciudades o áreas metropolitanas, rondando siempre un par de preguntas: ¿quién debería mandar en la ciudad? ¿Es posible continuar con el atomismo en la toma de decisiones? La respuesta general para esta última fue un rotundo NO. Sin embargo, la división territorial por comunas y sectorial por ministerios, así como la falta de sistemas de participación ciudadana efectiva, hacen que cualquier decisión concertada sea prácticamente imposible.
[cita]La idea de un Alcalde Mayor, casi universalmente aceptada en ciudades grandes, se topa en Chile con la concentración en la Región Metropolitana del 40% de la población; 77% del PIB del sector de servicios financieros; 45% del sector manufacturero; 64% del comercio minorista; 52% del transporte y comunicaciones, y 43% de la construcción, lo cual hace evidente la profunda disparidad del desarrollo regional e ilustra la débil distribución de habitantes en ciudades intermedias según parámetros de la OCDE.[/cita]
Más allá del consenso sobre la necesidad de coordinarse para conducir los destinos de nuestras urbes, la pregunta es cómo materializar esta necesidad, por ejemplo, entre una política de suelos y una de transporte, si cada una de esas visiones responde a divisiones administrativas que no tienen ningún incentivo para actuar en conjunto. Las diferentes posturas evidencian lo difícil que será llegar a la figura exacta.
La idea de un Alcalde Mayor, casi universalmente aceptada en ciudades grandes, se topa en Chile con la concentración en la Región Metropolitana del 40% de la población; 77% del PIB del sector de servicios financieros; 45 % del sector manufacturero; 64% del comercio minorista; 52% del transporte y comunicaciones, y 43% de la construcción, lo cual hace evidente la profunda disparidad del desarrollo regional e ilustra la débil distribución de habitantes en ciudades intermedias según parámetros de la OCDE. Dicha figura sería, en suma, el “presidente” de un país pequeño en tamaño, pero rico, próspero y demográficamente relevante, sus atribuciones, por lo demás, tendrían que desvincularse de los cargos que actualmente las ostentan (alcaldes, intendente, ministros), lo cual, de seguro, no sería nada fácil.
Por otro lado, está la propuesta de un Gobierno Metropolitano elegido o un Consejo de Alcaldes más diluido, aunque siempre tendrían el riesgo de reproducir en menor escala lo que ocurre actualmente: una falta de liderazgo entre el intendente y el consejo elegido que podría ser perjudicial para realizar la tarea que se le encomienda. La conversión, por último, del cargo de Intendente en una autoridad de otro peso tendría que pasar por transformarlo en un puesto elegido, única manera de dotarlo de la legitimidad democrática suficiente para actuar concertadamente.
También habría que discutir sobre los instrumentos con los que estas formas de gobierno contarían para actuar. ¿Se trataría de una estructura planificadora y ejecutora al mismo tiempo? ¿O más bien de una autoridad encargada de implementar las visiones que una “agencia” territorial intersectorial concibe? ¿Dispondría de las herramientas para llevar adelante proyectos urbanos, para decidir sobre temas como el uso de suelo, plan de transporte o la inclusión social? ¿Con qué recursos humanos, institucionales y económicos responderían a estos desafíos?
Con todo, para los asistentes al foro hubo consenso en que el gobierno de la ciudad debiera ser uno de los temas centrales en las próximas campañas electorales; que cualquier cambio requeriría una reforma constitucional con sus correspondientes acuerdos políticos y sociales; que una transformación institucional debería ser gradual y que, por último, la falta de una forma de gobierno urbano constituye una importante piedra de tope para llevar a nuestras ciudades a mayores estándares de calidad de vida y prosperidad. Se vuelve urgente contestar ¿Quién manda en la ciudad?
