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Violencia sexual infantil: en el territorio de los derechos

por 22 julio, 2012

Violencia sexual infantil: en el territorio de los derechos
La Convención de los Derechos del Niño, establece en su artículo 34, el derecho a ser protegido de la explotación y abusos sexuales, y exige a los Estados Partes, establecer mecanismos de garantía. Con las últimas iniciativas legislativas como el registro de pedófilos, nuestro país avanza hacia el cumplimiento de esta norma. No obstante ello, los énfasis han estado puestos en la penalización y no en la prevención.
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El año 2011 ingresaron al Ministerio Público 24.741 denuncias por delitos sexuales. De ellas, un 72% correspondieron a menores de edad, es decir 17.944 compatriotas que a temprana edad, sufrieron violencia sexual.

Detrás de estas cifras se teje un sin fin de historias y detalles que develan que el abuso sexual en nuestro país es un problema social que transita entre diversas manifestaciones, estratos sociales y protagonistas. No obstante su complejidad, variados estudios han ido confirmando ciertas tendencias que es importante compartir y que permiten prefigurar el relato que hay detrás de los casos.

Imaginemos un niño víctima de violencia sexual. Su agresor generalmente es un adulto que logró, por diversas circunstancias, establecer una relación de poder sobre él, y que a partir de ese hecho, ha cometido un delito que la ley tipifica como “Abuso Sexual”. Este delito está definido como cualquier contacto sexual de un adulto (conocido o no) con un niño o una niña, realizado mediante amenaza, uso de la fuerza o engaño, para concretar una o más de las siete figuras penales que asume: violación, incesto, estupro, sodomía, abuso sexual, pornografía infantil y/o explotación sexual comercial.

 Si bien el riesgo de que un niño, niña o adolescente sufra abuso sexual siempre estará presente, basándonos en el viejo dicho la oportunidad hace al ladrón, podríamos señalar que la misión social está en reducir las oportunidades que pudiese tener un agresor sexual para cometer el delito.

El niño abusado, casi seguramente, sufrió el atropello de su dignidad antes de llegar a la pubertad. Según el último estudio del Ministerio del Interior (2008) sobre el tema, un 56% de los abusos se producen entre los 8 y 12 años. Asimismo, es probable que su agresor sea alguien emocionalmente significativo para él, considerando que el 29% del total de abusos, es de tipo intrafamiliar.

El niño de la historia, ha sido profundamente dañado, pero la evidencia empírica  indica que, además, su entorno se encuentra en riesgo y que su historia tiene altas probabilidades de no ser aislada. Dentro de él, sus amigas, por ser mujeres, tienen tres veces más probabilidades de sufrir esta misma violación de derechos, y si una de ellas es discapacitada, este riesgo aumenta a cuatro veces.

Si el agresor fue descubierto y denunciado, se confía que se hará justicia. Pero ello no siempre ocurre en medida satisfactoria ya que  los estudios señalan que por cada delito de agresión sexual intrafamiliar denunciado, 12 quedan en la impunidad. Si el agresor es un conocido, la cifra baja a siete, y si es un desconocido, a tres.

El final de esta historia permanece abierto. El niño ingresa a un programa especializado en reparación, pero el proceso es lento, porque existen dificultades de cobertura y acceso, sobre todo si él vive en un sector rural, donde la red de protección del Estado aún no es capaz de llegar con oportunidad y eficacia.

La prevención del abuso sexual, un escenario posible

 La Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 34 el derecho a ser protegido de la explotación y abusos sexuales, y exige a los Estados Partes, establecer mecanismos de garantía. Con las últimas iniciativas legislativas como el registro de pedófilos, nuestro país avanza hacia el cumplimiento de esta norma. No obstante ello, los énfasis han estado puestos en la penalización y no en la prevención.

Si bien el riesgo de que un niño, niña o adolescente sufra abuso sexual siempre estará presente, basándonos en el viejo dicho la oportunidad hace al ladrón, podríamos señalar que la misión social está en reducir las oportunidades que pudiese tener un agresor sexual para cometer el delito.

Asumiendo una vida moderna que frecuentemente aleja a los menores de sus figuras protectoras, surgen tres estrategias: empoderarlos (as) a temprana edad, entregando herramientas de autocuidado y formación de su condición de sujetos de derechos. En segundo lugar socializar a las familias y comunidades para que cumplan un rol consciente de garante co-responsable de derechos, para lograr control social y denuncia. Y, finalmente, hacer frente al hecho de que Chile es el único país latinoamericano que no cuenta con una  Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia, generando una norma que permita a los distintos ministerios involucrados financiar programas concretos de apoyo a las familias en esta labor. Exigiendo su pronta discusión, estaríamos en vías de conseguir que la agenda gubernamental oriente de manera efectiva todos sus recursos y servicios al interés superior de  la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.

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