Central Castilla: triunfo del Estado de Derecho

La sentencia de la Corte Suprema que paralizó definitivamente la construcción del proyecto termoeléctrico Central Castilla, constituye un hito histórico para la vigencia del Estado de Derecho en Chile y la plena igualdad ante la ley.

En vez de ser leída como una amenaza, tanto el gobierno como los empresarios y la dirigencia política en general, debieran celebrarla como una clarificación meridiana del funcionamiento de las reglas del juego económico y político del país, independientemente del poder económico o político de los actores.

Ello no es menor, particularmente en un escenario social crispado por demandas ciudadanas y desconfianza en las instituciones, donde la conservación del medio ambiente, además de la educación y la salud, se presenta como uno de los ámbitos de mayor desprotección.

[cita] En vez de ser leída como una amenaza, tanto el gobierno como los empresarios y la dirigencia política en general, debieran celebrarla como una clarificación meridiana del funcionamiento de las reglas del juego económico y político del país, independientemente del poder económico o político de los actores.[/cita]

Hasta ahora, y tal vez en demasiadas oportunidades, la ciudadanía ha visto cómo mediante procedimientos administrativos de dudosa legalidad, se fuerzan soluciones en las que o no se considera, o simplemente se pasa por encima de los intereses ciudadanos. Y cómo aquellos que deciden recurrir a los tribunales generalmente ven frustradas sus expectativas por diversos motivos.

Ello no ha ocurrido una, sino muchas veces desde que se recuperó la democracia en 1990, incluso luego de la plena vigencia de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente. A tal punto, que por momentos cundió la impresión que un maridaje ilegítimo entre política y negocios estaba produciendo una fractura insuperable en los derechos de la gente. Pasó con la Central Termoléctrica Campiche a fines del gobierno pasado, con las represas en Puangue o Ralco, en los desechos que fluyen al Río Cruces, en la contaminación de Puchuncaví, con Pascua Lama, y a veces incluso burlando decisiones judiciales dictadas por el máximo tribunal del país.

En HidroAysen más de 20 servicios públicos regionales, con razones fundadas, recomendaron de manera casi unánime el rechazo del EIA. Sin embargo, las presiones políticas provenientes del  Ministerio del Interior de la época, según consta en actas de la Cámara de Diputados, obligaron a la Intendencia a omitir someter a votación la aprobación del EIA en la COREMA.

Lo hecho por la tercera Sala de la Corte Suprema, tanto por su calidad jurídica como por su significado doctrinario, exuda una legalidad que favorece un clima institucional sano en el país, asentando no solo principios ambientales sino reglas del juego económico y principios de igualdad ante la ley.

Ello es de una claridad meridiana en un párrafo del considerando que nos permitimos reproducir:

Vigésimo séptimo: (…) Ciertamente, si los proyectos de Puerto y Central se hubiesen presentado en forma conjunta —dada su relación de dependencia de uno y otro— habrían incluido en forma clara la descripción detallada de conexión de la transferencia de carbón y petróleo que irá de una instalación a otra, ello permitiría primero, determinar en forma exacta el área de influencia total del proyecto, enseguida, conocer los antecedentes para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental, es decir, la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución; también posibilitaría a la ciudadanía hacer uso de los procedimientos de participación en la evaluación del proyecto, pues cada vez que se preguntó u observaron situaciones del conjunto de actividades, se respondió que cada proyecto era independiente del otro”(…). Ahorra comentarios.