Opinión
El financiamiento de las campañas por empresas privadas es otra faceta de la hipocresía del sistema. Las empresas no votan, las empresas no son ciudadanas, las empresas no debieran ‘participar’ en política. Los empresarios sí, las empresas no. Y como todos sabemos, son un elemento constituyente fundamental del actual financiamiento de las campañas electorales.
El tiempo de campaña electoral debiera reflejar el peak de adhesión a la política. Están todas las condiciones dadas: cobertura mediática, consentimiento legal para hacer publicidad, espacios para el contraste de ideas y principios, promesas para que los ciudadanos confiemos en un proyecto que pueda mejorar nuestra calidad de vida. Pero sucede todo lo contrario.
Los ciudadanos desconfiamos, nos sentimos invadidos por la publicidad en las calles, tratados como niños con promesas que sabemos no se cumplirán. La política, en tiempos de campaña, nos violenta.
El límite de gasto electoral para las elecciones de este año, en total, alcanza los 60 mil millones de pesos. Lo que los candidatos gastarán en campaña es igual a 306.576 sueldos mínimos, 30 campañas publicitarias de Navidad de una empresa de retail, cerca de 8 presupuestos municipales anuales. ¿Violento, no?
[cita]El problema no es solamente el monto o el formato, hay algo mucho más profundo que nos va violentando a lo largo del tiempo, algo que nos hace daño a nosotros y sobre todo a la política: esto es la hipocresía. La hipocresía del modelo por medio del cual la política se financia.[/cita]
La política necesita difusión, pero le hace muy mal apostar todo al marketing, porque al igual que como ya estamos cansados de Mr. Músculos, el viejito pascuero y el ahora mes del niño, también nos cansa ver sonrisas de candidatos en fondos pasteles. Querríamos que trataran de seducirnos con ideas en lugar de colores, y con propuestas en lugar de rayados.
El problema no es solamente el monto o el formato, hay algo mucho más profundo que nos va violentando a lo largo del tiempo, algo que nos hace daño a nosotros y sobre todo a la política: esto es la hipocresía. La hipocresía del modelo por medio del cual la política se financia.
Hay un límite al gasto electoral establecido en la ley, altísimo, que equivale al sueldo de más de 300 mil familias, y sin embargo, sabemos que el gasto electoral es superior al límite que establece la ley, porque la ley es letra muerta si nadie fiscaliza ni sanciona.
La hipocresía también la vemos en un sistema que dice que cualquier chileno puede optar a un cargo de representación, pero que en la práctica debe ser sujeto de crédito, o tener estrechos vínculos con el poder económico, o saber vender su candidatura como una buena inversión para conseguir recursos.
El financiamiento de las campañas por empresas privadas es otra faceta de la hipocresía del sistema. Las empresas no votan, las empresas no son ciudadanas, las empresas no debieran ‘participar’ en política. Los empresarios sí, las empresas no. Y como todos sabemos, son un elemento constituyente fundamental del actual financiamiento de las campañas electorales.
“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad” (Brecht). ¿Y cómo decir la verdad? La verdad podría establecerse con un sistema que fije un límite de gasto electoral menor, pues sólo así las posibilidades de participar en una campaña (y tener opciones de ganar), serían equitativas para cualquier sector político, independiente de sus vínculos con el poder económico. En segundo lugar, el sistema de financiamiento electoral debería tener una proporción mayor de aportes públicos, estableciendo topes máximos para el aporte de privados, sólo autorizándolo cuando sean donaciones de personas naturales, e impidiendo la donación de empresas.
La hipocresía de mala calidad que afecta a la política puede terminar cuando la política se asuma como tal, es decir, como un debate de ideas para ponernos de acuerdo sobre cómo queremos vivir. Por esto, en tercer lugar, proponemos que en las campañas se prohíba el uso abusivo de la publicidad, pues la ciudadanía quiere escuchar propuestas, no ver fotos. Por último, si cualquiera de estas modificaciones llegara a efectuarse pero no se considerara en el diseño institucional el fortalecimiento (o la creación) de un órgano fiscalizador, la ley, como el actual límite al gasto electoral, será también letra muerta. La fiscalización de un órgano como el SERVEL debe estar mandatada y debe considerar las capacidades técnicas para poder realizarse.
Creemos que con este tipo de medidas, quizás aportemos a que en esta época electoral la política no violente, sino que convoque.
