Esto no estaba en el programa de gobierno de Sebastián Piñera. Ello explica las señales ambiguas: copiar el modelo de directorio de TVN, luego transformarlo en un periódico “ciudadano” y, en fin, dejarlo morir como diario digital.
Hay mucha satisfacción. Una de las aspiraciones más sentidas de los grupos económicos y de su brazo político, se cristaliza hoy. La decisión política de la administración Piñera de terminar definitivamente con el diario La Nación, es traducida públicamente como el fin de la “competencia estatal al periodismo libre”, según expresó el senador designado Carlos Larraín.
Si algo caracterizó a este proceso fue la total falta de debate público. Éste no tuvo lugar ahora, ni en el momento en que el diario La Nación fue reducido a un sitio web. Los grandes medios descartaron el tema de su agenda, facilitando la ejecución de medidas rápidas, gerenciales, sobre el futuro de este medio estatal.
En cambio, los conflictos de otros gobiernos de la región con poderosos medios de comunicación, motivaron gran escándalo y numerosas declaraciones altisonantes en favor de la “libertad de expresión”.
Pero esto parece ser distinto. En un escenario de alta concentración, de hegemonía ideológica en las plataformas de mayor masividad, y de una fuerte arremetida de la banca en la industria de la información, el funeral del único diario estatal pasará sin pena ni gloria.
El atentado que este hecho representa a la libertad de expresión y el derecho a la información, no inquieta mayormente. No esperemos tampoco el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, ni de la OEA.
De otro lado, asistimos en estos dos años a la ejecución de toda suerte de maniobras destinadas a disfrazar la intención gubernamental de despejar el camino a los Grupos Copesa y Edwards. Esto no estaba en el programa de gobierno de Sebastián Piñera. Ello explica las señales ambiguas: copiar el modelo de directorio de TVN, luego transformarlo en un periódico “ciudadano” y, en fin, dejarlo morir como diario digital.
Tal falta de transparencia, las jugadas de apuro, evidencian que el cierre es, además, un despojo injustificado al patrimonio estatal. Y un paso difícil de revertir. El próximo gobierno, si tiene la voluntad de relanzar un medio escrito, tendrá que enfrentar el candado constitucional que significa contar con una ley de quórum calificado.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
