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Seguridad ciudadana, perforación del Estado y políticos ineptos

por 19 octubre, 2012

Seguridad ciudadana, perforación del Estado y políticos ineptos
En medio de la ausencia de profesionalismo y de pericia estratégica de los políticos, las cosas más simples de la seguridad se vuelven complejas. De la lucha contra la delincuencia y muchos policías en las calles se pasa al diseño mediático de instituciones y a debatir si se requiere un ministerio, más o menos cárceles, más o menos leyes represivas. Se contratan fiscales para rebatir a fiscales. Pero nada acerca de inteligencia estratégica y diseños modernos e integrados de política criminológica. Nada de reforma policial. Nada de gobierno efectivo de la seguridad.
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El escándalo por el pago de sobreprecios en la compra de equipos de seguridad hecha por el Ministerio del Interior y que investiga el Ministerio Público, genera inquietud sobre la calidad de la política pública que el gobierno prometió sería la estrella de su gestión: la seguridad ciudadana.

Nadie, responsablemente, puede sostener que la ineficiencia y confusión que se vive por estos días proviene exclusivamente de yerros del actual gobierno. Se precisa de un encadenamiento de causas y circunstancias con cierta permanencia en el tiempo, para que la ineficiencia o impericia gubernamental, transformen los ambientes de seguridad de un Estado en algo permeable a la delincuencia. Todavía más si se trata de las áreas de planificación sensibles, en las que se fijan las metas globales y los procedimientos y controles que luego debe implementar la policía, como es el Ministerio del Interior.

Por ello el senador Jovino Novoa tiene razón cuando dice que para generar un tratamiento serio y pertinente del problema, es imprescindible que el gobierno asuma que existen responsabilidades políticas por los hechos ocurridos. Y las exija de quienes encabezan el Ministerio del Interior. No parece serio que quienes tienen que responder ante la investigación de los fiscales sean los mismos que deben impulsar la defensa de los intereses del Estado, y permanezcan en sus cargos con capacidad de influir, aunque sea indirectamente, sobre los resultados de la misma. Lo que se investiga no es una falta administrativa, sino la eventual comisión de delitos que lesionan profundamente la seguridad del Estado por el tipo de ente y los niveles involucrados.

El país camina de tumbo en tumbo desde hace muchos años, sin señales de preocupación de sus autoridades por el tema, más allá de sus consignas mediáticas y la convicción ideológica, no práctica, de que Chile no es un país corrupto.

El ambiente se ha tornado más complejo, porque en medio de esta investigación ha surgido un escándalo relacionado con vínculos policiales a la delincuencia. Diez funcionarios de la Subcomisaría de Investigaciones de Pudahuel, entre ellos tres subcomisarios, fueron formalizados por 123 presuntos delitos relacionados con temas de narcotráfico. Así, mientras el escándalo de sobreprecios mina el principio de autoridad de los responsables del Ministerio del Interior, estos deben impulsar simultáneamente, de manera creíble y competente, el control de la corrupción en la PDI.

Pese a las reiteradas declaraciones de que tales hechos son situaciones puntuales, el problema se repite insistente. Hace pocas semanas hubo una denuncia sobre la pérdida de más de cien kilogramos de marihuana que estaban en depósito para su destrucción, y que fueron sustraídos y volvieron reciclados al mercado clandestino con ayuda de policías corruptos. Entre los años 2010 y 2011 ocurrieron al menos tres o cuatro casos connotados de carabineros vinculados a bandas dedicadas al robo de cajeros automáticos, y sería posible rastrear hacia atrás decenas de estos hechos.

Nadie sostiene que la delincuencia está fuera de control o el Estado infiltrado por las mafias o bandas criminales. Pero una mirada atenta indica que tanto la corrupción policial como la debilidad de los responsables políticos constituyen indicios poderosos de que el sistema se encuentra expuesto y puede perforarse. Quien recibe coimas de un proveedor inescrupuloso, también es susceptible de una tangente financiera proveniente de mafias de lavado de dinero, de tráfico de armas o narcotráfico. Y se sabe que si algo busca comprar con avidez el crimen organizado es información sobre el personal policial para corromperlo, el amparo de políticos corruptos, la impunidad territorial, armas generalmente provenientes de los arsenales de la propia policía y, por supuesto, eficientes servicios legales y financieros que les proveen de inteligencia estratégica para sus negocios. Y lo hace a cualquier escala, desde la banda de barrio hasta el Estado central.

Perforar la seguridad del Estado es perfectamente posible en cualquier parte, incluso en los sistemas más cerrados y eficientes. Quienes lo hacen actúan como una industria fraccionada de gran capacidad económica, que tienta y persiste en todas direcciones.

De ahí la importancia del Estado y de evitar que se dé la relación perversa entre delincuencia, corrupción y estupidez administrativa, pues entonces los resultados pueden ser fatales. Es verdad que se debe presumir la inocencia y buena voluntad de las autoridades, pero ello no es óbice para exigir la responsabilidad política en el ejercicio de sus cargos.

Desde años el país se ha acostumbrado a que las adquisiciones destinadas a seguridad terminen siendo investigadas en los tribunales por coimas o corrupción. Le parece natural una alta rotación de policías debido a bajas por ineptitud personal para el servicio. Y quedó sin explicación para la historia cómo el único preso del más grande decomiso de droga —los otros se habían fugado del país o fueron liberados por los tribunales— fue indultado por el Presidente de la República de entonces, Eduardo Frei. Nunca se investigó quién le puso la carpeta para la firma y con qué argumentos, todo el mundo se amparó en competencias legales.

El país camina de tumbo en tumbo desde hace muchos años, sin señales de preocupación de sus autoridades por el tema, más allá de sus consignas mediáticas y la convicción ideológica, no práctica, de que Chile no es un país corrupto.

En medio de la ausencia de profesionalismo y de pericia estratégica de los políticos, las cosas más simples de la seguridad se vuelven complejas. De la lucha contra la delincuencia y muchos policías en las calles se pasa al diseño mediático de instituciones y a debatir si se requiere un ministerio, más o menos cárceles, más o menos leyes represivas. Se contratan fiscales para rebatir a fiscales. Pero nada acerca de inteligencia estratégica y diseños modernos e integrados de política criminológica. Nada de reforma policial. Nada de gobierno efectivo de la seguridad.

Si el Ejecutivo, los tribunales, el Parlamento y el aparato persecutorio se disputan entre sí la culpa de la ineficiencia, ya se instala un enorme vacío institucional. Que deja que las policías se autoregulen mientras los voceros juran que todo es normal, y el país pasa —de manera casi imperceptible— a tener que preocuparse por la salud del Estado y la responsabilidad de las autoridades políticas, como ocurre en México, Guatemala o Colombia.

La seguridad es una función de Estado, es indelegable y requiere de profesionalismo y un amplio consenso político y la confianza de la población. No tenemos ni lo uno ni lo otro. Como todas las cosas que no se resuelven en el país, ahora tocó directamente a La Moneda, por los sobreprecios y la responsabilidad política. Y no se ve bien que los asuntos de Estado queden envueltos en el abrigo de la amistad y la discrecionalidad, aunque los avale el propio Presidente de la República.

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