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Una Ley de Pesca sin peces

por 19 octubre, 2012

La Ley de Pesca, que debe comenzar a regir desde el 1 de enero de 2013, guiará los destinos de esta actividad por los próximos 20 años. Por lo mismo, la sustentabilidad debe ser un factor crucial en ella, si es que se pretende que las pesquerías perduren durante las próximas dos décadas y los botes y barcos dedicados a esta faena no terminen siendo naves fantasmas, con los peces convertidos en piezas de museo.
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El futuro pesquero de Chile se encuentra, en este momento, en manos de los parlamentarios, y la definición de cómo será este futuro está contra el tiempo.

El Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de Ley de Pesca y fijó el 29 de octubre como fecha tope para la incorporación de indicaciones.

La Ley de Pesca, que debe comenzar a regir desde el 1 de enero de 2013, guiará los destinos de esta actividad por los próximos 20 años. Por lo mismo, la sustentabilidad debe ser un factor crucial en ella, si es que se pretende que las pesquerías perduren durante las próximas dos décadas y los botes y barcos dedicados a esta faena no terminen siendo naves fantasmas, con los peces convertidos en piezas de museo.

La Ley de Pesca, que debe comenzar a regir desde el 1 de enero de 2013, guiará los destinos de esta actividad por los próximos 20 años. Por lo mismo, la sustentabilidad debe ser un factor crucial en ella, si es que se pretende que las pesquerías perduren durante las próximas dos décadas y los botes y barcos dedicados a esta faena no terminen siendo naves fantasmas, con los peces convertidos en piezas de museo.

Como organización de conservación creemos que los elementos que debe contener la Ley de Pesca para asegurar la conservación de los recursos y la sustentabilidad de las pesquerías, son los siguientes:

Enfoque ecosistémico. Debe asegurar la inclusión de este enfoque y la consideración del mismo en todo el ejercicio de administración pesquera.

Principio precautorio. Las decisiones deben basarse siempre en este principio, esto es, que el peso de la prueba debe recaer en quien pudiese causar un daño a la condición del recurso pesquero o su hábitat.

Decisiones basadas en ciencia. La toma de decisiones de administración pesquera debe sujetarse estrictamente al asesoramiento científico, para lo cual se deben crear comités científicos financiados e independientes, cuyas recomendaciones sean vinculantes e impermeables a los intereses sectoriales.

Objetivos de manejo y límites. Los objetivos de manejo de las pesquerías deben ser una composición de consideraciones ecológicas, sociales y económicas, teniendo como límite de captura el Rendimiento Máximo Sostenido.

Registrar la captura real. La administración pesquera debe obligarse a registrar o determinar la captura real en cada pesquería, y diferenciar estos registros del desembarque. La captura real debe ser el registro oficial a utilizar tanto en la imputación de cuotas como en la evaluación del estado de situación del recurso y la determinación de la captura total biológicamente aceptable.

Trazabilidad. Se deben implementar y mejorar sistemas de trazabilidad para eliminar la pesca ilegal, no reportada y no regulada, propiciando también la trazabilidad de toda la cadena hasta el consumidor final mediante certificaciones, como la del Marine Stewardship Council (MSC).

Minimizar descartes. Se debe promulgar y ejecutar a la brevedad la ley que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones.

Asignación de derechos. En pesquerías industriales se debe implementar un sistema de administración basado en la asignación de derechos que sea justo y equitativo. Los derechos deben ser exclusivos, claros, transparentes y bien definidos. Su transferibilidad debe ser cuidadosamente estructurada de manera que evite la concentración excesiva de derechos pesqueros, o que sea restringida a proteger a grupos de interés especiales y no permita la entrada de nuevos actores.

Planes de manejo. Deben ser obligatorios para todas las pesquerías con acceso cerrado, en régimen de recuperación y desarrollo incipiente. Deben ser vinculantes, evaluados periódicamente y financiados.

Participación. Se debe asegurar la participación de todos los legítimos interesados en la conservación y uso de los recursos pesqueros, especialmente en los Consejos de Pesca y en los Comités de Manejo de Pesquerías.

Transparencia. Se debe mejorar la transparencia de la administración pesquera mediante la obligatoriedad de cuentas públicas de Subpesca y Sernapesca, acceso rápido y expedito a la información y datos que sustentan las medidas de conservación y administración, revisión por pares de los informes de los Comités Científicos y concurso por Sistema de Alta Dirección Pública de algunos cargos.

Equidad social. La Ley de Pesca debe sustentar un concepto exhaustivo de equidad social, logrando la distribución equitativa de los recursos pesqueros entre los usuarios, coparticipación en la toma de decisiones y el reconocimiento cultural del sector artesanal y pueblos originarios involucrados.

Propiedad del Estado. Los recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales deben pertenecer a todos los chilenos, y por lo tanto al Estado, quien administrará su conservación y podrá conceder su explotación y asignar derechos de captura conforme a las disposiciones de la ley.

Financiamiento. El Estado debe hacerse con los recursos necesarios para facilitar la implementación de la ley. Se debe crear una institución financiera que permita recuperar los ecosistemas marinos deteriorados y las pesquerías sobreexplotadas, de tal manera de facilitar la transición hacia pesquerías sustentables.

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