viernes, 27 de noviembre de 2020 Actualizado a las 01:05

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Las cifras de la reconstrucción o como la CASEN no es más que la punta del iceberg

¿Cuáles son las consecuencias para la gente que perdió su empleo por el terremoto? ¿Cuántas personas son? ¿Han recuperado una situación financiera estable tras la catástrofe? ¿Cuántas siguen afectada esta pérdida? ¿Características como el género, la edad, la educación han tenido una influencia en la rapidez para que estas personas puedan restablecerse en menos o más tiempo, si lo hacen? Más cifras ausentes en el debate nacional y que son imprescindibles para conocer el daño que hasta la fecha sigue ocurriendo en nuestro país y cuyas consecuencias, mientras más se demoren en ser tratadas, más perduraran en el tiempo, siendo un peso muerto para nuestro desarrollo.
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El desfile de números sobre el avance de la reconstrucción empezó justo después del 27/F, apenas asumido el mando por Sebastián Piñera. Al pasar de los meses de desfile se pasó a franca disputa entre un gobierno que intenta probar el cumplimiento de sus objetivos, y voces de la oposición y la sociedad civil que critican las estrategias de reconstrucción y sus  supuestas cifras de avance.

Esta problemática se agudiza en época de elecciones y los números pasan a ser un arma electoral, un argumento a favor o en contra del oficialismo. Todos tienen algo que opinar, que dudar, que demostrar, pero esto, sin embargo, oculta la cuestión esencial: ¿tenemos certeza de cuales son los números de avance de la reconstrucción?

Las cifras de la vivienda

Para determinar el avance, primero es necesario determinar  el daño ¿cómo el gobierno llegó a la cifra de 220 mil familias damnificadas que necesitaban subsidio? Pablo Ivelic en la tercera Sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del 24 de agosto 2010 dijo:

“No existía un catastro censal pormenorizado que nos dijera efectivamente cuál era el nivel de damnificación en las viviendas y, por lo mismo, resultaba extremadamente complejo establecer una estructura de costos para un plan de reconstrucción de estas características. (…)La cuantificación del daño en las viviendas la dimensionamos en virtud de información proveniente de imágenes satelitales, de información que nos proveía la Casen 2006, del censo de 2002, de las proyecciones de crecimiento que existían, del informe preliminar de la Onemi, de catastros del Ministerio y de las áreas de afectación del tsunami. Finalmente, lo que hicimos fueron moderaciones en base a los daños de sismos anteriores, antecedentes históricos e información levantada en terreno. (…)Las cifras que utilizábamos para el diseño del Plan de Reconstrucción Nacional son las que muestra la imagen expuesta. Hablábamos de un total de 370 mil viviendas, lo que coincidía con el catastro Onemi”.

Así las cosas, el cálculo del número de damnificados se hizo sobre la marcha, sin una metodología prestablecida ni acordada de antemano, sin pasar por el INE y sin un despliegue masivo en terreno que permitiera contabilizar todos los casos de personas afectadas.

En la misma sesión ante el Congreso, el Encargado Nacional de Reconstrucción explica como el gobierno determinó la cantidad de subsidios de reconstrucción que serían entregados: “En función de la Casen 2006 y de otros criterios de focalización, establecimos finalmente un programa de 195.950 subsidios, lo que correspondía, más o menos, al 53 por ciento del total del daño que se estimaba en ese entonces.”. Por lo tanto, se tomaron decisiones en la materia siguiendo una lógica estimativa y de proyecciones sin un trabajo directo en terreno que  reflejara una imagen real de la situación.

Finalmente, la cifra final de subsidios que el gobierno se comprometió a entregar superó en aproximadamente un 10% a las cifras estimativas iniciales. Una semana después, en la cuarta sesión de esta misma Comisión, el señor Ivelic prosigue:

“El registro se cerró con 286 mil inscritos. (…)Por esa razón, las 286 mil inscripciones no deben constatarse como 286 postulaciones hábiles. Los cruces que hemos hecho en este momento nos llevan a estimar esa demanda en 220 mil subsidios. No sólo obtuvimos un número acotado de posibles postulantes, sino que, además, a través de ese registro de damnificados, pudimos determinar qué cantidad de viviendas, efectivamente, tenían que ser reparadas y cuanta debían de ser demolidas.”

Vemos entonces que el calculo no se hizo a través de una acción proactiva del Estado,  (a la manera de un censo, por ejemplo), sino que fue necesario la acción activa de los damnificados, quienes debían ejecutar por si mismos una serie de acciones tendientes a ser reconocidos como tales por el aparataje estatal. Ante esta situación, no es exagerado   suponer que muchos afectados por la catástrofe, en especial los de poblaciones más vulnerables o aisladas, simplemente no fueron contabilizados en este registro, al igual que las personas que prefirieron arreglárselas por su cuenta.

De esto podemos inferir que la cifra de damnificados entregada por el gobierno subestima el numero total de éstos y adolece de más de una falla metodológica. En efecto, se pone en el mismo saco a distintos tipos de damnificados, desde los que sufrieron pequeños daños en sus viviendas, hasta los que deben ver como su casa original es demolida y deben esperar, en campamentos o aldeas, la entrega de una nueva.

Por ende, declaraciones como la del Presidente Piñera a finales del mes de agosto donde afirma que de los “30.000 millones de dólares que identificamos como la pérdida y destrucción del terremoto y maremoto del 27 de febrero, un 80% ya está reconstruido” son, por decir lo menos, debatibles pese a que se reconozca que “nos queda especialmente avanzar en las 220.000 viviendas que el terremoto y maremoto destruyeron”.

Como lo indica David Morales, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades:

“Si nos vamos a los temas que realmente importan, que es a la construcción de viviendas nuevas -tanto en sitio propio como en nuevos terrenos o la compra de viviendas para familias que quedaron sin un techo- de los 222 mil subsidios asignados hay 113 mil de soluciones definitivas, y de esos, se han entregado 20.510 soluciones, es decir, sólo el 20 por ciento”.

Por lo tanto y solo trabajando con las cuestionables cifras entregadas por el gobierno no nos queda más que concluir que la realidad es menos optimista que la enunciada en los discursos presidenciales. Sin embargo, y esto es lo esencial, ¿existen otras instituciones u organismos que nos esclarezcan el panorama sobre las cifras de la reconstrucción?

En lo concerniente al mundo acádemico, es necesario hacer una autocrítica puesto que son muy pocos los trabajos e investigaciones dedicadas al tema de desastres naturales y menos aún las que analizan en profundidad la extensión del daño por el 27/F y el nivel de avance en la recuperación. Del lado de la sociedad civil y de los movimientos sociales nos encontramos frente a un problema similar. En efecto,  muchas de las criticas a la acción del gobierno se basan en situaciones anecdóticas y en problemas localizados, sin que se entreguen datos, estudios o trabajos que permitan hacer un juicio global y alternativo -con cifras reales- a la política llevada por el gobierno, por lo que muchas de sus criticas pierden efectividad.

Así las cosas, en lo que a cifras de reconstrucción de viviendas se refiere,  estamos ante una falta de información precisa que nos permita evaluar de manera clara e independiente el avance del proceso de reconstrucción o indentificar con asertividad lo que todavía está pendiente.

Las otras cifras

Si las cifras en vivienda son por lo menos cuestionables, en otras áreas el problema es otro y mucho más grave. Por ejemplo, ¿Cuál es el daño sufrido en salud mental en la población? El daño sicológico del terremoto ha sido cuantioso, sin embargo se ignora las cifras globales de éste y los costes que tendrá para el desarrollo del país. Siguiendo la misma linea, hoy es imperativo saber para el diseño de una política publica de salud y de seguridad si el consumo de drogas y de alcohol ha aumentado en las poblaciones afectadas por el 27/F a causa de la experiencia traumática.

Por otro lado, todo parece indicar que los delitos sexuales en las aldeas y campamentos son numerosos, pero hasta la fecha no existe un registro nacional de éstos ni tampoco una política pública por parte del Ministerio de Interior para hacer frente a esta violencia.

En educación la infraestructura ha sido recuperada rápidamente y de manera efectiva, pero la preocupación por lo “duro” le ha quitado importancia a lo “blando”, como lo son los cuadros de stress de muchos profesores y alumnos y los efectos en sus respectivos rendimientos. Es urgente que se diseñe e implemente una política publica entre los Ministerios de Educación y de Salud para mitigar estos daños, pero sin un catastro de las personas afectadas, el grado de daño y un real estudio en terreno que revele la extensión de éste, ¿cómo esta política puede ser diseñada e implementada?

A nivel económico, ¿cuáles son las consecuencias para la gente que perdió su empleo por el terremoto? ¿Cuántas personas son? ¿Han recuperado una situación financiera estable tras la catástrofe? ¿Cuántas siguen afectada esta pérdida? ¿Características como el género, la edad, la educación han tenido una influencia en la rapidez para que estas personas puedan restablecerse en menos o más tiempo, si lo hacen? Más cifras ausentes en el debate nacional y que son imprescindibles para conocer el daño que hasta la fecha sigue ocurriendo en nuestro país y cuyas consecuencias, mientras más se demoren en ser tratadas, más perduraran en el tiempo, siendo un peso muerto para nuestro desarrollo.

La reconstrucción y la CASEN

No queda más que concluir que a 2 años y medio del 27F los daños totales no han sido cuantificados, por lo que resulta muy difícil saber cual es el avance de la reconstrucción y casi imposible juzgarla de manera objetiva. Sin instrumentos evaluadores precisos ¿cómo podremos evaluar? ¿cuál debe ser nuestra base de análisis?.

En un país como Chile, que sufre todos los años desastres naturales de mayor o menor magnitud, es una obligación, no del gobierno de turno sino que de el Estado en su conjunto, disponer de uno o más instrumentos estadísticos de medición de daño por catástrofes naturales en áreas tanto “duras” como “blandas”. Éstos instrumentos deben ser conocidos con antelación, con planes claros de aplicación, con protocolos ensayados tanto a nivel virtual como en terreno y rápidamente ejecutables para que las autoridades correspondientes tengan informaciones correctas y actualizadas de lo que ha ocurrido y así poder diseñar políticas publicas acordes a las necesidades de la población.

Como lo reafirma la polémica de la encuesta CASEN, no es posible que las estadísticas sobre el avance de la Reconstrucción sean una pieza más del ajedrez electoral. En lo concerniente a desastres naturales es necesario definir instrumentos para la caracterización y medición de los diferentes daños que éstos producen; en lo concerniente al organo que realice dicho trabajo de caracterización y medición, es necesario que éste sea autonomo al gobierno de turno, riguroso y transparente en su actuar. Sólo asi tendremos un Estado democrático sano dónde se pueda evaluar con claridad la efectividad del actuar estatal.

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