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Chile al borde de la locura

por 24 octubre, 2012

Hoy somos el segundo país con mayor tasa de suicidios en la población entre 10 y 19. Las 891 camas existentes en el país (con un aumento sólo de 49 camas desde 1990), nos ubica entre los últimos lugares de la OCDE en este punto, lo que explica la situación crítica que se vive a la hora de intentar hospitalizar un paciente grave. Como testimonio, he intentado hasta por casi 13 días hospitalizar un paciente con riesgo de suicidio activo. Hay sólo 139 centros ambulatorios de salud mental, lo que no alcanza a ser ni siquiera uno por cada dos comunas del país, en el entendido que muchas comunas necesitan más de uno.
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Se deben reconocer los avances que se han consolidado desde el año 90 a la fecha en el sistema de protección social en salud. Durante este periodo, el presupuesto público del sector salud se ha cuadruplicado, retomando las inversiones públicas en el sector detenidas durante el periodo del régimen militar y se ha generado una mejora legislativa del sector por la Reforma a la Salud en los años 2002–2004. Con esto, Chile ha alcanzado cifras líderes en indicadores tradicionales de salud pública en América Latina, que son muy destacadas a nivel mundial como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS). La esperanza de vida ha aumentado más de 20 años desde 1960, superando actualmente los 78 años.

Este avance contrasta no sólo con la percepción sanitaria de los usuarios, sino también con el trabajo de la comisión presidencial de 2010 que detectó serias deficiencias de organización de los prestadores públicos, impidiéndole responder de forma dinámica a los requerimientos de sus beneficiarios. Además, encontró serios conflictos respecto al incremento en los precios de los planes en el sector privado.

Los chilenos no tenemos la salud que queremos, ni la que necesitamos. Esto guarda relación con las constantes denuncias de usuarios, gremios y medios de comunicación de casos de negligencia, de incumplimientos de las garantías, de listas de espera, colapsos en servicios de urgencias, hospitalización en pasillos, y falta de recursos.

Hoy somos el segundo país con mayor tasa de suicidios en la población entre 10 y 19. Las 891 camas existentes en el país (con un aumento sólo de 49 camas desde 1990), nos ubica entre los últimos lugares de la OCDE en este punto, lo que explica la situación crítica que se vive a la hora de intentar hospitalizar un paciente grave. Como testimonio, he intentado hasta por casi 13 días hospitalizar un paciente con riesgo de suicidio activo. Hay sólo 139 centros ambulatorios de salud mental, lo que no alcanza a ser ni siquiera uno por cada dos comunas del país, en el entendido que muchas comunas necesitan más de uno.

La salud mental logra aparecer en la agenda cada cierto tiempo sólo a través de alguna noticia que estremece a la opinión pública, como los casos recientes de la decapitación en Lolol o el del médico pediatra de Curicó que asesinó a sus tres hijos y luego se suicidó. Esta situación debiera cambiar, pues me atrevo a afirmar que Chile se encuentra al borde de la locura.

Quienes trabajamos en el sector debemos luchar a diario con el dilema ético de tener que optar entre ingresar un nuevo paciente, priorizando la cantidad en la atención, o generar listas de espera para cuidar la calidad del tratamiento para los pacientes ya existentes. Además, debemos enfrentar la frustración de no poder hospitalizar a nuestros pacientes por falta de camas. La alta demanda y la falta de actualización del sistema  hacen que no podamos proveer de terapias integradas y de probada eficacia, tales como intervenciones familiares complejas, seguimientos continuos o intervenciones comunitarias.

No contamos con  estrategias o recursos para promoción, tampoco para la vinculación a otros sectores tan vitales como educación, ni tampoco para otras funciones obligatorias, como la atención de los pacientes derivados por el poder judicial, que tienen, en general, una alta complejidad. Patologías de muy alta frecuencia como los trastornos de personalidad no se encuentran codificadas por FONASA, es decir no existen como diagnóstico para el sistema, obligándonos a buscar un segundo diagnóstico para poder dar tratamiento. Todo lo anterior hace que terminemos haciendo, en algunos casos, intervenciones abreviadas de poco impacto, psicoeducaciones o simplemente lo que se pueda.

El problema es serio, y está provocando repercusiones cada vez más graves. Para entender a lo que nos enfrentamos es considerar  uno de los indicadores más usados en salud: los años de vida Saludables Perdidos (AVISA), que miden el impacto en la población de una enfermedad en unidades de tiempo. Este nos permite saber cuántos años de vida se pierden por muerte prematura o discapacidad. El año 2004 se sabía que las enfermedades neuropsiquiátricas ocupan el primer lugar de AVISA en Chile en ambos sexos, representando hoy el 28 % de la carga de enfermedad debido principalmente a los cuadros de depresión, abuso de alcohol y sustancias, cuadros de ansiedad, la esquizofrenia y las demencias. En el mundo, es sólo un 13 %. Desde el año 2008 en Chile las enfermedades mentales ocupan la primera causal en licencias médicas.

La reciente incorporación a la OCDE nos permite entender mejor el panorama en salud mental. Hoy somos el segundo país con mayor tasa de  suicidios en la población entre 10 y 19. Las 891 camas existentes en el país (con un aumento sólo de 49 camas desde 1990), nos ubica entre los últimos lugares de la OCDE en este punto, lo que explica la situación crítica que se vive a la hora de intentar hospitalizar un paciente grave. Como testimonio, he intentado hasta por casi 13 días hospitalizar un paciente con riesgo de suicidio activo. Hay sólo 139 centros ambulatorios de salud mental, lo que no alcanza a ser ni siquiera uno por cada dos comunas del país, en el entendido que muchas comunas necesitan más de uno.



También estamos en los últimos lugares de la OCDE en cuanto a recurso humano, donde sólo para alcanzar las condiciones mínimas faltan alrededor de 86 psiquiatras adultos, 99 psiquiatras infantiles, más de 400 psicólogos y 378 asistentes sociales en país. En el caso del recurso médico, se puede entender la brecha por falta de formación del recurso humano, pero no así en caso de psicólogos y asistentes sociales.

Los recursos invertidos en salud mental estimados según el Ministerio de Salud son insuficientes, serían menos de $1.500 pesos por persona al año, menos de la mitad del mínimo establecido por la OMS, cerca de $3.500 pesos. Apenas un 2.9 % de lo invertido en salud es destinado a la salud mental de los chilenos, muy por debajo del mínimo pedido por la OMS de 5 %, habiendo países de la región como Uruguay que reconocen la importancia de este problema, invirtiendo en torno al 10 %. Debo dejar constancia que las cifras económicas entregadas son sólo un estimado por parte del Ministerio de Salud, porque en este aún no existe una cuenta específica en relación a salud mental, como las hay en el caso de VIH o de medicamentos, que nos permita saber de manera exacta cuánta es la inversión en salud mental en el país.

Chile ha establecido en las metas sanitarias de la década al 2021 disminuir un 10 % la discapacidad asociada a salud mental. Eso, con el crecimiento sostenido de las enfermedades, podría significar permanecer o incluso empeorar la situación que hoy tenemos. Chile debe llevar a cabo a la brevedad una política integrada de salud mental, que incorpore a otros sectores de la sociedad para hacerla más efectiva, como educación, vivienda, deportes y cultura, entre otros. Si no se hace, deberemos aceptar que Chile ya está loco, porque no ve el riesgo, y de ser así, puede que no tengamos ni camas, ni especialistas ni estrategias para atenderlo.

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