Cada año sin acción climática efectiva reduce nuestras opciones

La política climática ya no puede tratarse como una agenda secundaria ni como una promesa decorativa. Cuando el Estado posterga decisiones y el mundo empresarial disfraza sus emisiones con discursos de carbono neutralidad sin transparencia, lo que se pone en riesgo no es solo el cumplimiento de una meta ambiental: es la vida cotidiana de comunidades expuestas a incendios, inundaciones, olas de calor y crisis hídricas cada vez más costosas.

Algo similar ocurre cuando llaman “desastre natural” a incendios, inundaciones u olas de calor, lo cual les permite ocultar malas decisiones, como lo son la expansión urbana en zonas de riesgo, la precariedad en las viviendas, la degradación de ecosistemas por mal manejo de sus recursos y servicios, los  cortafuegos insuficientes, sistemas de alertas débiles y presupuestos preventivos insuficientes.

Los desastres combinan amenaza climática con vulnerabilidad social e institucional. Por eso, revelan tanto una anomalía física, como una arquitectura de decisiones deficiente.

Lo que sabemos

En las últimas cinco décadas, la ciencia climática ha cumplido con su mandato: medir, comparar, atribuir causas y advertir sobre los riesgos asociados al cambio climático. La temperatura media de la superficie terrestre ya ha superado el umbral crítico de 1,5 °C en comparación con el periodo 1850-1900. La evidencia científica es contundente.

Sin embargo, las medidas para mitigar el cambio climático continúan siendo insuficientes. En ciertas regiones del mundo, la temperatura ya ha superado los 2 °C, lo que ha resultado en consecuencias devastadoras desde 2024.

Se ha cumplido la advertencia: cada fracción adicional de calentamiento global multiplica peligros simultáneos. Por eso, la pregunta ya no es si el cambio climático existe, sino ¿por qué seguimos organizando nuestra economía como si sus consecuencias fueran remotas, excepcionales o ajenas?

Y hay una segunda pregunta, todavía más incómoda: ¿por qué una parte de la política sigue presentando la acción climática como una amenaza a la inversión, al crecimiento o al empleo, cuando la verdadera amenaza es seguir ocultando los costos de la inacción?

Nuestro país cuenta con un recurso que muchos países aún buscan: un mandato legal. La Ley de Cambio Climático (N.º 21.455) que fija la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones, la neutralidad de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050 y el aumento de la resiliencia.

También obliga a ministerios, gobiernos regionales y municipalidades a implementar planes sectoriales y territoriales. El problema es que ese mandato basado en conocimiento científico no se ha difundido ni cumplido con la fuerza necesaria. Eldéficit chileno no está en la ausencia de una guía, sino en la distancia entre mandato y acción. Esta carencia se vuelve un peligro latente frente a cada evento climático extremo.

Los incendios forestales de 2024 en Valparaíso mostraron esta brecha entre realidad y percepción. La emergencia mostró una débil coordinación entre Senapred, Conaf, municipios, servicios sanitarios y organismos humanitarios. Pero eso no es todo, lo que quedó en evidencia fue el enorme costo acumulado cuando la institucionalidad  permite construir vulnerabilidad territorial.

Es verdad que no todo incendio es causado directamente por el cambio climático; aun así, el calentamiento aumenta calor, sequedad y propagación. Negar ese vínculo porque existe una causa humana directa equivale a confundir la chispa con el combustible. Muy pronto volverá el calor y los incendios a nuestro país. ¿Estamos suficientemente preparados? ¿Qué piensa usted?

Posibles cursos de acción climática

Nuestra respuesta a las emergencias climáticas no puede reducirse a hábitos individuales como declaran algunos obstruccionistas. Reciclar, desplazarse de forma sostenible, reducir emisiones domiciliarias o consumir menos, importa y mucho. Pero no reemplaza a redes eléctricas limpias, transporte público de cero emisiones, edificios eficientes, protección de humedales, ordenamiento territorial, restauración de bosques nativos, seguridad hídrica y regulación industrial. La responsabilidad es compartida, pero no igual: quienes legislan, invierten, producen o controlan infraestructura tienen más capacidad y, por tanto, mayor obligación.

Necesitamos con urgencia un sistema nacional de cumplimiento, mediante el cual la ciudadanía conozca el avance de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) para alcanzar la carbono neutralidad en 2050, y así pueda obtener información  sobre los presupuestos sectoriales de emisiones y sus planes de adaptación. Al respecto será fundamental incluir en este sistema las acciones de mitigación y adaptación de las  ciudades y territorios intensivos en uso de combustibles fósiles.

También se requiere llevar a cabo evaluaciones climáticas de las decisiones públicas, analizando la promulgación de nuevas leyes, la asignación de subsidios, el desarrollo de infraestructura y la aprobación de grandes proyectos de inversión. Todos ellos  deberían demostrar su compatibilidad con las NDCs, con las estrategias de adaptación y con una estimación del riesgo en el territorio que se implementen.

El principio de la prevención antes que reconstrucción debe pasar a ser parte de la gestión pública. Para ejecutarlo correctamente se debe financiar la actualización de mapas de riesgo de desastres, contar con alertas tempranas multiamenaza, manejo preventivo de combustibles, cortafuegos, infraestructura resiliente y relocalización participativa donde el riesgo de desastres climáticos (incendios, inundaciones, aluviones, etc) sea alto.

Otro elemento crucial es la transparencia de intereses con objeto de no estigmatizar al sector privado ni permitir que intereses particulares se disfracen de ciencia. Con ese propósito todo proyecto de grandes inversiones debería divulgar públicamente las evidencias técnicas y científicas ambientales y climáticas en que se basa, más allá de consideraciones económicas y financieras.

La participación ciudadana y de la juventud son dos elementos cruciales. Para conseguirlo hay que promover activamente en todo el territorio nacional la creación de Consejos Climáticos Regionales, con presupuestos asegurados, con el objeto de establecer observatorios escolares y universitarios, fomentar una ciencia accesible para el ciudadano y desarrollar mecanismos de seguimiento que otorguen a las nuevas generaciones una capacidad real de incidencia.

Cuanto antes los jóvenes cuenten con herramientas para incidir, fiscalizar y construir alternativas mejor será. La participación es crucial para impulsar programas comunales, consultas, cuestionar publicidad engañosa y construir soluciones en barrios, liceos, universidades y lugares de trabajo.

La experiencia internacional ofrece una vía democrática para superar el embuste. La Unión Europea ha reforzado la protección al consumidor frente a afirmaciones ambientales ambiguas o infundadas, exigiendo que sean demostrables, comparables y verificables. Podríamos avanzar en esa dirección con fiscalización del lavado verde, metodologías comunes, verificación independiente y sanciones proporcionales. La libertad de expresión no ampara presentar como sustentable lo que no puede acreditarse.

Concluyendo, no se trata de eliminar el negacionismo por decreto. En democracia, las opiniones se respetan, pero las falsedades verificables se refutan con evidencia; los conflictos de interés se transparentan, el engaño comercial se fiscaliza y el incumplimiento se sanciona. Lo que tiene que desaparecer no es el derecho a disentir sino el privilegio de obstruir decisiones colectivas mediante mentiras, opacidad, impunidad o desinformación organizada.

En nuestro país tenemos información suficiente para actuar. Cada año que pasa sin acción climática reduce nuestras opciones, encarece la adaptación y nos provoca daños que ninguna reconstrucción futura podrá reparar del todo. La acción climática no es una moda generacional ni un lujo de países ricos: es política de seguridad nacional, salud, productividad y justicia. La pregunta no es cuánto cuesta cambiar, sino quién pagará el costo de no haber cambiado a tiempo.