Cuando Sebastián está en apuros o quiere remontar en las encuestas, llama a los ex Presidentes a La Moneda. Ahora que está tomándose en terreno la encuesta CEP, la única que queda este año tras el descalabro (por stress) de la GFK-Adimark, Sebastián leyó en el diario que la Corte de La Haya se sentó en el derecho y le dio a Nicaragua un mar que no le correspondía. ¡Quiere decir que a Chile, que tiene toda la razón legal en el conflicto con el Perú, le puede suceder lo mismo! Sería la peor cosa para Sebastián desde que metió mano en la ANFP y el resultado fue la salida de Bielsa. Más grave aún, pues entonces estaba alto en las encuestas y se vino abajo, mientras ahora está ya bajo. ¿Hasta dónde puede caer?
En Palacio las campanas tocaron a rebato y su ocupante convocó a todos los ex Presidentes. Sólo «ella» no pudo venir. Es que tiene olfato y sabe que, si la llama La Moneda, no es para nada que le convenga. En efecto, la foto de los cuatro sólo sirve para hacerles compartir potenciales culpas futuras. Si los jueces de La Haya actúan como la mayoría de sus similares chilenos y desconocen las leyes y los tratados, dándole al Perú cualquier cosa, eso puede resultar peor que lo de Bielsa y entonces es preferible que los responsables sean cuatro, en lugar de sólo uno.
Lo malo es que, como país, tenemos tan poca autoridad moral. Pues somos uno en que los jueces sistemáticamente desconocen, precisamente, lo que pedimos se nos reconozca ahora: el tenor de las leyes expresas. ¿Con qué cara les pedimos a los de La Haya que hagan lo contrario de lo que se acostumbra acá?.
En marzo de 2005 el Decano de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Miguel Schweitzer, escribía en «El Mercurio» que el sustento del Estado de Derecho tenía cuatro bases: la certeza jurídica, representada por la cosa juzgada y la prescripción; la legalidad, es decir, que ningún delito puede ser castigado si no ha sido descrito y penado por una ley dictada antes de la perpetración del hecho; la irretroactividad de la ley penal, salvo que una ley nueva sea más favorable al reo; y, cuarto, la presunción de inocencia, el principio «in dubio pro reo». El Decano decía: «Pues bien, todos, y repito, todos estos principios básicos del derecho han sido abandonados en algunos casos que actualmente se tramitan en nuestros tribunales».
Y como conclusión, demandaba de la Corte Suprema que, en uso de su mandato constitucional, rescatara «la correcta interpretación y aplicación de los principios básicos en que se fundamenta el Estado de Derecho».
Nadie objetó los argumentos del Decano, pero la Corte Suprema no hizo nada de lo que éste le demandaba. Y nadie más dijo nada, ni el Colegio de Abogados, ni las Facultades de Derecho, ni el Instituto de Chile ni la Academia Chilena de Ciencias Políticas y Morales ni el Gobierno ni el Congreso Nacional. Nadie, salvo uno que otro columnista aislado.
Una voz autorizada y docta proclamaba ante el país que principios legales básicos habían sido abandonados, y al país no le importaba nada. Y no le importaba nada por una razón práctica evidente: el abuso se estaba cometiendo a costa de unos centenares de chilenos que forman parte de las instituciones más débiles de la república, a las cuales cualquiera puede atropellar. Sus miembros carecen del más elemental de los derechos: el de que las leyes rijan para ellos.
¿Y ustedes me quieren decir que una nación de ese nivel de inconsecuencia, cinismo y arbitrariedad, con esa tremenda falta de autoridad jurídica y moral, puede seriamente impetrar ahora de un tribunal internacional que sea riguroso y aplique estrictamente la legalidad?
Por favor, seamos más recatados, salvo que estemos buscando el máximo galardón de cinismo internacional.
