Opinión
¿Qué hacer? ¿Seguir con la triquiñuela según la cual la Universidad privada no tiene fin de lucro, pero la Inmobiliaria si? ¿Estatizar toda la educación superior? ¿Se expropian? ¿Quién paga la expropiación? ¿Y la libertad de enseñanza? ¿Qué hacer con los 400 mil estudiantes de Universidades privadas, si hay problemas para colocar a 16 mil de la U. del Mar?
La polémica entablada entre el ex presidente Ricardo Lagos y el Ministro de Educación, Harald Beyer, sobre el lucro en la educación y el modelo de acreditación vigente, si bien tiene interés en tanto se expresan puntos de vista en torno a un tema de relevancia para los próximos 20 años, ha resultado, como otras, estéril, al tiempo que desvía inútilmente el foco de aquellos aspectos que realmente importan.
En efecto, discutir sobre las culpas de la existencia del lucro en educación superior, prohibido por ley desde 1980, pero que, como se decía en la Colonia, “se acata, pero no se cumple”; o sobre el origen de la débil o inexistente fiscalización de dichos centros de estudios, que era parte del modelo, luego de la masiva reacción estudiantil por su calidad y el develamiento de irregularidades en su gestión, termina casi por ofender al sentido común.
[cita]Hay pues, de una vez por todas, que legislar para permitir la ganancia legítima en las Universidades privadas, tal como en los IP y CFT, trasparentando sus objetivos y exigiendo estándares de reinversión que limiten el “lucro” hasta el punto de no hacer huir al capital de esa área. También hay que darle al Estado recursos y capacidad técnica para una mejor fiscalización y control de mallas curriculares, infraestructura, profesores y procesos, para conseguir, en unos 10 años, universidades con clara identidad y propósitos, que cumplan con requisitos básicos de solvencia, mejorando el sistema de acreditación que, respondiendo al ministro, no es “corrupto” por su diseño, sino porque los seres humanos se comportan ética o inmoralmente en cualquier orgánica, incluso en las religiosas, que deberían ser el centro de la defensa moral.[/cita]
Toda persona madura y sensata sabe que nadie —o muy pocos— hacen algo por nada. La gran mayoría persigue retribución, sea en aprecio o bienes materiales. Si eso es así, la prohibición legal del lucro vigente desde los 80 para emprender en educación universitaria resulta superflua, en un entorno en que la utilidad o margen entre ingresos y gastos de cualquier actividad es indispensable para sobrevivir, en la medida que así se generan los recursos para seguir creciendo y desarrollándose como organización.
Se discutirá que lo que quiso decir el legislador con “lucro” es sobre aquella parte de la utilidad o margen que saca el dueño del capital, restándola de las ganancias conseguidas para pagar los gastos y que deberían reinvertirse en la Universidad para mejor docencia. Pero, entonces el problema no está en la ganancia, sino en la renta del capital. La pregunta consiguiente es, entonces, qué privado estaría dispuesto a donar sus ahorros para este noble fin. Si la respuesta es nadie —como es de suponer—, entonces la consecuencia es que la educación debería estar en manos del Estado y constituirse como carga social permanente, con todo lo que significa en uniformidad de enseñanza e influencia de poderes políticos sobre las nuevas generaciones. He ahí el quid.
Entonces, aquella legislación educacional aparentemente o quiso limitar el surgimiento de universidades privadas, dejando el peso a corporaciones públicas, financiadas por todos los chilenos vía subsidios para educar al pequeño segmento de estudiantes que podía acceder a ellas por méritos, o se esperó ingenuamente que grupos políticos, religiosos o económicos invirtieran en educación superior sólo para influir en la juventud ilustrada. Ambas posibilidades auguraban mal resultado.
Pero como “hecha la ley, hecha la trampa”, las universidades privadas que surgieron no tienen fines de lucro en sus estatutos, es decir, cumplen la ley. Y si se analizan sus balances, en general muestran resultados neutros, con ingresos y egresos similares, aunque, por cierto, las inmobiliarias a las que arriendan sus edificios e infraestructura —habitualmente con dueños similares— y que no tienen la obligación de no lucrar, presentan utilidades. Otras, como se ha visto, tienen pérdidas como Universidad e Inmobiliaria. Es un “modelo de negocios”.
Y es lógico. Porque pretender que inversiones multimillonarias como la fundación de una Universidad estén guiadas sólo por ideales filantrópicos y que sus promotores eduquen y donen sus capitales por la belleza de la solidaridad y la educación o, aún, por la influencia en currículos para imponer su visión del mundo, resulta iluso. Esto, por lo demás, ha estado claro para todos, todo el tiempo. No por casualidad se han transado Universidades privadas —sin fines de lucro— en millones de dólares. Si los estudiantes expresaron su crítica a la evidente incongruencia entre lo legislado y la práctica, fue en un acto de dignidad, mediante el cual nos dijeron: “A otro pingüino con esos cubitos de hielo”.
Por eso, ante la crítica del ex presidente, es obvio que el actual gobierno no avanzará en la dirección de una educación universitaria pública gratuita, porque ni comparte la dirección estratégica implícita, ni habría recursos fiscales para aquello —aún sin esa carga, el déficit fiscal de 2012 será de casi 5 % del PIB— y de lo que se ha tratado es esperar que los hechos, más porfiados que las palabras, terminen por asentar el sentido común para que, finalmente, el Congreso reforme la ingenua legislación de educación superior. No escapa al buen criterio que cuando una universidad persigue ganancia como objetivo central, es probable que el corazón de su misión educacional pase a segundo plano y entregue, como ha sucedido, enseñanza de mala calidad. Pero esta posible consecuencia no es un patrón, porque hay universidades privadas que persiguen fines de lucro, pero que cumplen bien su papel docente.
También es evidente que los gobiernos anteriores —por su origen ideológico— hubieran preferido tal educación pública y “gratuita”, financiada con los impuestos de todos. Pero recursos escasos alcanzaban sólo para los estudiantes que traspasaban las barreras de las pruebas de aptitud. Aquello aseguraba parte de la calidad, vía selección de los mejores puntajes, pero que, en su mayoría, provienen de buenos colegios pagados, discriminando así, a los más pobres. En la elección del mal menor parecen haber optado por la cantidad, elevando históricamente —CAE incluido— el número de jóvenes que pudieron llegar a la educación superior —muchos de ellos, los primeros de su familia—, aunque mediante el concurso de capitales privados que suplieron la falta de recursos fiscales y que, además, permiten el ingreso con puntajes PSU inferiores a los de las universidades públicas, tendiendo a igualar el acceso.
Es decir, la menor oferta de educación universitaria a que obliga la exigencia de gratuidad y estatalidad, fuerza a una selección más drástica de los estudiantes que acceden a ellas, mejorando la calidad de alumnado y disminuyendo los costos de los subsidios. Pero la consecuencia es menos profesionales y técnicos que los que hoy pueden aspirar a serlo, a través del sistema de universidades privadas.
El sentido común indica, pues, que la educación es un bien de la mayor relevancia en la sociedad de la información y el conocimiento y que, por tal motivo, las familias se desviven por educar a sus hijos, los que, sin título, parecen condenados a la pobreza. Luego, hay una demanda creciente que el Estado no puede cubrir, porque sus recursos son escasos y lo cargamos con otras múltiples prioridades, por lo que debe recurrir al capital privado. Pero aquel no trabaja por bolita de dulce. Entonces, ¿Qué hacer? ¿Seguir con la triquiñuela según la cual la Universidad privada no tiene fin de lucro, pero la Inmobiliaria si? ¿Estatizar toda la educación superior? ¿Se expropian? ¿Quién paga la expropiación? ¿Y la libertad de enseñanza? ¿Qué hacer con los 400 mil estudiantes de Universidades privadas, si hay problemas para colocar a 16 mil de la U. del Mar?
Hay pues, de una vez por todas, que legislar para permitir la ganancia legítima en las Universidades privadas, tal como en los IP y CFT, trasparentando sus objetivos y exigiendo estándares de reinversión que limiten el “lucro” hasta el punto de no hacer huir al capital de esa área. También hay que darle al Estado recursos y capacidad técnica para una mejor fiscalización y control de mallas curriculares, infraestructura, profesores y procesos, para conseguir, en unos 10 años, universidades con clara identidad y propósitos, que cumplan con requisitos básicos de solvencia, mejorando el sistema de acreditación que, respondiendo al ministro, no es “corrupto” por su diseño, sino porque los seres humanos se comportan ética o inmoralmente en cualquier orgánica, incluso en las religiosas, que deberían ser el centro de la defensa moral.
Transparentado el sistema y llevándolo desde la idea matriz de Estado Docente a uno de Sociedad Docente, el control ciudadano y la competencia hacen el resto, mientras el Estado, mediante planificación indicativa, fiscaliza y acredita calidad, premiando con subsidios crecientes a las universidades que realizan investigación y desarrollan conocimientos y con menos a las que solo hacen docencia sobre el corpus de ciencias instalado. De ese modo cortamos el nudo gordiano que tiene ya por varios años confundido al sentido común (sea por las exigencias sobredimensionadas al Estado o por el libertinaje que posibilitó) y que ha suscitado tanta polémica estéril.
