Si se aprobase el IPC de la salud como lo esperan la Superintendencia y las Isapre, sin avanzar en las transformaciones de fondo que requiere nuestro sistema de salud (Fondo Solidario con las cotizaciones de todos los beneficiarios, plan garantizado con tarifa plana para todos, fin de la integración vertical de aseguradores y prestadores), se le estaría haciendo un muy flaco favor a los beneficiarios de ISAPRE. Los chilenos y chilenas de “a pie”, o al menos la gran mayoría que se moviliza en el auto pagado a plazos y con sumo esfuerzo, terminarían asistiendo pasivamente al alza de sus planes de ISAPRE sobre la base “objetiva” de este IPC.
El reciente fallo de la Corte Suprema, que en lo sustancial declara ilegales las alzas del precio base de los planes de Isapres, ha ratificado el juicio ya multiplicado por varios miles, que los tribunales de menor jerarquía han venido sosteniendo desde hace varios años ante los recursos interpuestos por los afiliados que han sido notificados unilateralmente de dichas alzas.
La Corte Suprema ha ido más allá de la ratificación al señalar que la variación de precios no puede ser justificada tampoco en el aumento de uso de las prestaciones por parte de los afiliados, ya que…. “la esencia de este tipo de contrataciones es la incertidumbre acerca de su utilización”.
El pánico ante este fallo parece haber cundido no solo entre los propietarios de Isapres sino también en la Superintendencia de Salud. En efecto, la Intendenta de Seguros de Salud ha clamado a los parlamentarios para que aprueben el “IPC de la salud”, remanente del proyecto de instauración de un Plan Garantizado de Salud con tarifa única para los beneficiarios de Isapres, que el ministro Mañalich desahuciara hace un par de semanas, señalando que, en ausencia de acuerdo, la discusión de dicha iniciativa debería trasladarse al próximo gobierno.
[cita]Si se aprobase el IPC de la salud como lo esperan la Superintendencia y las Isapres, sin avanzar en las transformaciones de fondo que requiere nuestro sistema de salud (Fondo Solidario con las cotizaciones de todos los beneficiarios, plan garantizado con tarifa plana para todos, fin de la integración vertical de aseguradores y prestadores), se le estaría haciendo un muy flaco favor a los beneficiarios de Isapres. Los chilenos y chilenas de “a pie”, o al menos la gran mayoría que se moviliza en el auto pagado a plazos y con sumo esfuerzo, terminarían asistiendo pasivamente al alza de su plan de Isapre sobre la base “objetiva” de este IPC.[/cita]
El mentado IPC de salud sería una construcción del Instituto Nacional de Estadísticas, organismo que, sobre la base de una canasta de prestaciones de salud representativa del conjunto de tales bienes, analizaría “ex post” (esto es después de producidas las transacciones correspondientes), los valores “reales” de las mismas, sobre la base de un estudio de precios en distintos prestadores (clínicas, hospitales, centros de salud a los que acuden los beneficiarios de Isapres). Dicha canasta consideraría además las frecuencias de uso de las mismas, sobre la base de que tal utilización aumenta en la medida en que los ingresos de los consumidores se incrementan.
Así las cosas y desahuciado el proyecto del plan garantizado, al menos habría que aprobar este IPC de la salud, para otorgar una base “real” a los incrementos de precios de los planes de Isapre. Las Isapres quedarían tranquilas, ya que podrían seguir incrementando los precios de los planes y los tribunales de justicia dejarían de verse “agobiados” por los miles de recursos interpuestos por los beneficiarios.
La duda que persiste es la de siempre: ¿Es esta una solución justa para los consumidores? Mi respuesta es un rotundo No.
Los precios de las prestaciones de salud son el resultado de diversos factores. En primer lugar, del aumento de precios de los insumos (medicamentos, equipos, prótesis, etc.) y de la mano de obra necesaria para producirlas (salarios de médicos y otros profesionales de salud). En segundo lugar, y esto es lo relevante, en un esquema de seguros de salud o de servicio de salud universal financiado con impuestos generales, los precios resultan de la negociación que el seguro (o el servicio) hace con los distintos prestadores en competencia. Así, un asegurador con una cartera suficiente de afiliados, puede negociar mejores precios gracias al volumen de prestaciones que es capaz de comprometer con un prestador determinado. Este factor es prácticamente inexistente en el mercado de la salud de Chile, ya que las Isapre son dueñas, además de su cartera de afiliados, de clínicas privadas en las que se resuelven la mayor parte de las necesidades de sus afiliados, por lo que los incentivos dirigidos a negociar precios “a la baja” son mínimos. Este fenómeno, conocido como “integración vertical”, incentiva más bien a las Isapre a maximizar las utilidades de los “holding” a los que pertenecen, trasladando los costos a los de siempre, los consumidores.
Por otra parte, un asegurador inteligente, es capaz de manejar las frecuencias de uso de las prestaciones a través de los copagos, aumentándolos para el caso de prestaciones caras y de uso facultativo (exámenes de laboratorio o de imágenes, consultas de especialista innecesarias, etc.) o disminuyéndolos en el caso de prestaciones en las que los usuarios no tienen dicha facultad de decisión.
Son estas las razones que explican que el gasto en salud sea tan diferente entre países en los que existen seguros de salud públicos o privados que funcionan con esta lógica y los que se aprecian en países como los Estados Unidos, en los que impera un mercado de salud con pocas regulaciones. El Reino Unido y varios países de Europa Occidental, por ejemplo, obtienen resultados de salud mejores que los de EE.UU. con un gasto en salud de 9 a 10 % del PIB, comparado con el 16 % o más de este último país.
En resumen, si se aprobase el IPC de la salud como lo esperan la Superintendencia y las Isapres, sin avanzar en las transformaciones de fondo que requiere nuestro sistema de salud (Fondo Solidario con las cotizaciones de todos los beneficiarios, plan garantizado con tarifa plana para todos, fin de la integración vertical de aseguradores y prestadores), se le estaría haciendo un muy flaco favor a los beneficiarios de Isapres. Los chilenos y chilenas de “a pie”, o al menos la gran mayoría que se moviliza en el auto pagado a plazos y con sumo esfuerzo, terminarían asistiendo pasivamente al alza de su plan de Isapre sobre la base “objetiva” de este IPC de la salud definido por la técnicamente “impecable” lógica estadística.
El foco de la preocupación ciudadana y, por ende, el de los tomadores de decisión en el Gobierno y en el Parlamento debería estar en la consideración del Plan Garantizado de Salud que está contenido en el proyecto que fue fruto de una larga discusión en la comisión convocada por el ejecutivo e integrada por técnicos de oposición y de gobierno, de la que formé parte. Esta iniciativa, a mi juicio, reinstala la solidaridad entre los cotizantes de Isapre e inicia el camino para que el sistema de salud chileno, después de 30 años, vuelva a la normalidad.
Si el Gobierno y el Parlamento consideran que el proyecto no tiene viabilidad hoy en su integralidad, no empeoremos aún más la situación actual. Al menos hoy, y sin IPC, los consumidores tienen el respaldo de la justicia. Sigamos así mientras no aparezca la decisión política de reformar la base de injusticia de nuestro sistema de salud.
