En estos días, se ha optado, sin embargo, por el lenguaje precipitado y encendido —como se dramatiza en los ministros Chadwick (Interior) y Mayol (Agricultura)—, optándose por la lógica policial del “ataque frontal”: un deseo de guerra y sangre del que largamente han profitado las elites de este país. Las “llamas” de una violencia histórica no se apagan con más fuego.
La historia de cuerpos humanos pulverizados por el fuego en el sur del país no comenzó el 4 de enero. Basta citar un testimonio de principios del siglo XX, en el cual el lonko Pascual Coña, en su “Testimonio de un cacique mapuche”, cuenta lo siguiente: “También oí decir que en Nehuentue, al otro lado del río Cautín, había un chileno de nombre Patricio Rojas. Ese monstruo tomó presos a los mapuches, los encerró en una ruca y la atrancó. Luego prendió fuego a la ruca y exterminó a los indígenas en las llamas”.
Basta esta imagen para develar la violenta historia del arribo de colonos criollos, alemanes y de otras raíces europeas en tierras Mapuche, bajo el amparo del Estado chileno y su ejército entre 1862 y 1885. Basta esta imagen para captar que la repudiable muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay constituye un eslabón en una violencia que históricamente ha marcado la región. Basta esta imagen para darnos cuenta que el “terrorismo” lo comenzó el Estado chileno en la segunda mitad del siglo XIX, cuando invadió militarmente territorios Mapuche, amparando militar y paramilitarmente el arribo de colonos extranjeros y criollos a establecer fundos desde el Bío-Bío hasta Osorno. Esta es la oscura historia que nos desgarra a mapuches y a chilenos, no producto de animosidades “intrínsecas” entre pueblos —lo que sería burdamente racializar el asunto— sino de las políticas de las elites en sus afanes de “lucrar” en el gran negocio de expandir el estado-nación.
El pasado 4 de enero aparecieron en los medios los representantes gubernamentales con una actitud que, una vez más, evocaba a los oligarcas del siglo XIX, anunciando su política de «ataque frontal». Asimismo, sus más altos personeros prontamente visitarían el sector de Vilcun. Me pregunto, ¿se hizo el mismo gesto a nivel estatal cuando fue asesinado el joven mapuche Alex Lemun y muerto Zenón Díaz Necul bajo el gobierno del ex Presidente Lagos? ¿Hizo lo mismo el gobierno de la ex Presidenta Bachelet cuando fue asesinado el joven Matías Catrileo en el mismo sector de Vilcún, por una bala del arma del cabo Walter Ramírez, quien resguardaba la propiedad de Jorge Luchsinger, miembro de la familia hoy en el epicentro de los hechos?
[cita]En estos días, se ha optado, sin embargo, por el lenguaje precipitado y encendido —como se dramatiza en los ministros Chadwick (Interior) y Mayol (Agricultura)—, optándose por la lógica policial del “ataque frontal”: un deseo de guerra y sangre del que largamente han profitado las elites de este país. Las “llamas” de una violencia histórica no se apagan con más fuego.[/cita]
¿Han hecho lo mismo los gobiernos de la Concertación y la actual administración del Presidente Piñera y la Alianza cuando se ha sabido de la inhumana represión sobre mujeres, niños y niñas, ancianas y ancianos y familias mapuches en zonas de «conflicto» donde muchos y muchas personas mapuches han terminado en hospitales, indiscriminadamente en manos policiales o sometidos a largos encarcelamientos? ¿Por qué personeros del Gobierno hoy hablan de “víctimas de la violencia” para referirse exclusivamente a los “agricultores” de la zona, ignorando la suma de violencias perpetradas contra el pueblo mapuche desde el Estado chileno?
La política de “ataque frontal” anunciada el 4 de enero por el Gobierno actual en Chile ha puesto el énfasis en una respuesta efectista para complacer al sector para el cual este gobierno parece exclusivamente “actuar”: los dueños de fundos y el empresariado chileno y transnacional de la industria forestal. Allí, al seno de los círculos locales ligados a estos sectores, de seguro que ya se sienten validados para incentivar grupos paramilitares y amenazar con acciones revanchistas al margen de la tan mentada “ley” del propio Estado. Cabe preguntarse, ¿cuál es la responsabilidad de un gobierno en estas circunstancias?
Es repudiable lo ocurrido al matrimonio Luchsinger-MacKay. Es urgente determinar las causales de sus decesos, pero asimismo es hora que se haga justicia con nuestros muertos mapuches, como asimismo con otras tantas muertes que, en un contexto de hostilidades chileno-mapuche, han quedado en una nebulosa desde el 2001 a la fecha. No me corresponde indicar soluciones aquí porque repetiría el error que se ha venido cometiendo en torno a la problemática, cual es lanzar soluciones “desde arriba”. La implementación de efectivos mecanismos de consulta y diálogo es ineludible, siguiendo lo que, en estas materias, importantes referentes de la juridicidad internacional establecen, como el Convenio 169 ya suscrito por el propio Estado chileno. En otras palabras, antes de decidir desde las altas esferas el qué hacer, importará mucho el cómo se establecen las condiciones para un debate en varios niveles, con las diferentes comunidades, en forma multilateral y abierta. El gran error de las administraciones de la Concertación y del actual gobierno ha sido el autoritarismo estatal, al imponer marcos institucionales demarcados a conveniencia, decidiendo verticalmente con quiénes hablar y con quiénes no, erigiendo “representantes mapuches” funcionales a sus predefinidas agendas, repitiendo así una larga tradición de clientelismos y relaciones coloniales en la cultura política chilena. De seguro que, con nuevos métodos pluralistas de debate, con respeto a las tradiciones nuestras del trawün, todo tomará más tiempo, a lo mejor más de un gobierno, dadas las dimensiones históricas de la realidad en juego. Pienso que este sería definitivamete un camino más efectivo y duradero.
En los acontecimientos recientes nos hemos visto enfrentados no solamente a un aislado hecho de violencia sino que a una serie mayor, a una tragedia aún más grande: la realidad de una violencia histórica y un pueblo mapuche siempre postergado, ante gobiernos chilenos que eluden una y otra vez la desgarrada historia que subyace tras estos hechos y que requiere enfoques de mediano y largo plazo. En estos días, se ha optado, sin embargo, por el lenguaje precipitado y encendido —como se dramatiza en los ministros Chadwick (Interior) y Mayol (Agricultura)—, optándose por la lógica policial del “ataque frontal”: un deseo de guerra y sangre del que largamente han profitado las elites de este país. Las “’llamas” de una violencia histórica no se apagan con más fuego.
