Mapuches: el temor al autogobierno

Los actores políticos en Chile le temen al autogobierno. Hasta la fecha, ninguno(a) de los presidenciables se ha atrevido a plantear la cuestión de la autonomía como una opción posible de ser materializada en el mediano o largo plazo. Desde Santiago, las visiones más arriesgadas se inclinan por el reconocimiento constitucional pero bajo la premisa que todos formamos parte de una misma nación; el establecimiento de un mecanismo de representación más amplia (Consejo Nacional Mapuche); asignación de escaños especiales en el Congreso; y la regulación del Convenio 169 sobre consulta a las comunidades indígenas.

Pero los participantes de la Cumbre de Ñielol no se conforman con este reconocimiento que les permitiría acceder a los márgenes del poder. Su agenda considera indemnizaciones por el daño histórico causado, la revisión de los tratados (en particular lo atingente a las tierras y recursos naturales) y la exigencia de autogobierno.

Nos encontramos, entonces, frente a un complejo dilema. Por una parte, las históricas soluciones utilizadas por los actores políticos de represión, asimilación, e integración parecen no estar funcionando. Por otra parte, se cristaliza con mayor fuerza la noción de construir una identidad propia entre las comunidades indígenas. Bastaría con leer a José Marimán (“Autodeterminación”, LOM 2012) para darse cuenta que el pensamiento político mapuche tiene ya varios años de elaboración y sofisticación. El peligro, entonces, será buscar nuevamente soluciones “integracionistas” y “cosistas” en un escenario social totalmente diferente.

[cita]¿Podemos los chilenos estructurar un modelo donde convivamos en paz y justicia distintos pueblos? ¿Podemos avanzar hacia una democracia que acepta orígenes diversos en sus integrantes? ¿Podemos aceptar vivir con ciudadanos que reconocen una doble identidad? El resultado de aceptar un “otro” (Mapuche, Rapanui, Lafquenche, Huilliche, Aymara, Diaguita, etc.) no implica una inexorable fragmentación y desmembramiento del país. En muchas otras sociedades se aceptan niveles diversos de autodeterminación sin producir una crisis mayúscula.[/cita]

En este conflicto se mezclan entonces intereses muy concretos que algunos actores seguirán defendiendo (propiedad de la tierra, derechos de agua, protección de los recursos del mar, etc.), con visiones ideológicas que se resisten a convivir en la diferencia. En efecto, para un importante segmento de la élite y la sociedad no sería posible aceptar un “otro” dentro del territorio nacional. En el año 2000, y cuando se discutía el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el senador Edgardo Boeninger sugería que la Constitución podría establecer “el reconocimiento de los pueblos indígenas que pertenecen a la nación Chilena”. “La forma verbal ‘pertenecer’ —planteaba Boeninger— resuelve bien el problema pues no deja duda que ellos son parte de Chile” (Historia de la Ley 20.050).

Es este el debate sustantivo que debe plantearse en el país, ¿podemos los chilenos estructurar un modelo donde convivamos en paz y justicia distintos pueblos? ¿Podemos avanzar hacia una democracia que acepta orígenes diversos en sus integrantes? ¿Podemos aceptar vivir con ciudadanos que reconocen una doble identidad? El resultado de aceptar un “otro” (Mapuche, Rapanui, Lafquenche, Huilliche, Aymara, Diaguita, etc.) no implica una inexorable fragmentación y desmembramiento del país. En muchas otras sociedades se aceptan niveles diversos de autodeterminación sin producir una crisis mayúscula.

Tal como consta en la historia de la ley ya citada, los legisladores se informaron de diversos modelos de autonomía fuera y dentro de América Latina. En Brasil, la Constitución reconoce los derechos originarios de los indígenas, la posesión exclusiva de sus territorios, y la protección sobre la explotación del subsuelo de sus tierras. En Canadá, además del reconocimiento sobre sus tierras, se reconoce la jurisdicción interna de las tribus en sus propios territorios mientras no contradigan la legislación federal.

En Colombia, la Constitución reconoce que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y costumbres, siempre que no afecten la misma Constitución. En Estados Unidos, los indígenas tienen derechos exclusivos sobre sus tierras y recursos naturales y la extinción de estos derechos sólo es posible a partir de un tratado entre la tribu y los gobiernos federales. Los gobiernos tribales ejercen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial dentro de sus territorios.

La idea de convivir varias naciones dentro de una nación no es nueva. Tampoco la búsqueda de mayores niveles de autonomía está condenada a la fragmentación y desmembramiento del territorio nacional. Podemos convivir en la diversidad. Sin embargo, para ello lo primero que debemos hacer es aceptarnos como un país diverso; y luego imaginar fórmulas para materializarlo en instituciones y espacios de autogobierno.