¿Por qué el ministro Beyer debe ser acusado constitucionalmente?

El ministro de Educación, don Harald Beyer, ha hecho méritos más que suficientes para ser acusado constitucionalmente. Repasemos su largo prontuario. Para evitar malos entendidos, de acuerdo a la RAE, prontuario significa “resumen o breve anotación de varias cosas a fin de tenerlas presentes cuando se necesiten” y es claro que ahora los diputados necesitan tenerlas presentes, y el país también.

El 31 de enero de 2012 Ciper publicó una entrevista a Eugenio Díaz en la que reconoce haber firmado un contrato con la Universidad del Mar (UDM). El 23 de marzo de 2012 don Harald asistió a una sesión de la CNA, al término de la cual declaró que Eugenio Díaz debía renunciar. Es decir, sabía que se estaba en presencia de un delito o, como él prefiere decir, existían “presunciones fundadas” de ello. ¿Qué hizo entonces el señor ministro? ¿Denunció los hechos a la justicia para que investigara? No hizo nada.

El 14 de junio de 2012 envié, en cuanto secretario ejecutivo de la CNA, antecedentes respecto de la existencia de lucro en las Universidades Santo Tomás (UST) y Uniacc. Por esos días se discutía en la Cámara de Diputados el informe sobre el lucro. ¿Qué hizo el ministro Beyer? Tres veces negó contar con alguna denuncia seria, con lo cual ayudó a que el informe no fuese aprobado. En palabras simples: faltó a la verdad.

[cita] ¿Por qué habría de tener ahora éxito la acusación si la Cámara de Diputados rechazó el informe del lucro? Muy simple: este año hay elecciones parlamentarias y los estaremos vigilando. Pero, por si ello no fuese suficiente, los estudiantes saldrán pronto a la calle a recordárselo y espero que, esta vez, acompañados por quienes creemos en la movilización pacífica de la civilidad cuando las instituciones no funcionan.[/cita]

El 14 de noviembre de 2012 —después de 154 días de investigación— el ministro envió un oficio a la CNA señalando, respecto de la UST, que había “determinado sobreseer la investigación iniciada, por no existir cargo alguno que formular, ni responsabilidad que perseguir”. El 25 de enero de 2013, en entrevista a Ciper, el consultor externo contratado por el Mineduc señaló que “los préstamos sin intereses provocaron daño patrimonial a las utilidades de la UST” y que ésta “no debería haber traspasado ni un peso sin intereses”. Al parecer, estas afirmaciones no llegaron a constituir “presunciones fundadas” para don Harald.

Transcurridos 253 días desde que denuncié lucro en la Uniacc, aprovecho esta columna para preguntar al señor ministro, ¿Qué habrá sido de la investigación de lucro en la Uniacc? ¿O acaso también la sobreseyó sin que nadie se enterara?

Hace sólo tres días el señor ministro de Educación refiriéndose a la existencia de lucro en la Universidad del Mar (UDM), reconoció que “hay antecedentes fundados o presunciones fundadas de que puede haber habido lucro en esa institución”.

El Artículo 61, letra k) de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, establece que serán obligaciones de cada funcionario público “Denunciar ante el Ministerio Público… con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos… de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo”.

Siendo evidente que el ministro don Harald Beyer ha dejado de cumplir la ley en cuanto debió haber denunciado “con la debida prontitud” la posible existencia de cohecho en el caso de Eugenio Díaz y de lucro en tres universidades —por no mencionar el hecho que faltó tres veces a la verdad porque sería muy feo— creo que están dadas las condiciones para que 10 honorables diputados presenten una acusación constitucional en su contra.

 ¿Por qué habría de tener ahora éxito la acusación si la Cámara de Diputados rechazó el informe del lucro? Muy simple: este año hay elecciones parlamentarias y los estaremos vigilando. Pero, por si ello no fuese suficiente, los estudiantes saldrán pronto a la calle a recordárselo y espero que, esta vez, acompañados por quienes creemos en la movilización pacífica de la civilidad cuando las instituciones no funcionan.